IU-Mérida aprecia graves irregularidades en la adjudicación de la asistencia técnica del Museo Abierto y del Centro de Interpretación del Agua.

IU-Mérida considera que existen elementos de juicio para dudar de la legalidad del proceso de adjudicación de la asistencia técnica de las obras para la construcción del Museo Abierto y del Centro de Interpretación del Agua. 

Según las declaraciones recogidas por la prensa, la empresa adjudicataria de los contratos para la realización de la asistencia técnica de las obras correspondientes al Museo Abierto y del Centro de Interpretación del Agua no existía legalmente en el momento en el que le fue adjudicado el contrato.  

Estos hechos suponen un grave incumplimiento de la legislación vigente, tanto por parte de los miembros de la mesa de contratación, como por parte de la empresa, que podrían constituir un episodio de corrupción del que se debería deducir, en su caso,  responsabilidades penales por prevaricación, así como otras de tipo disciplinario contra los funcionarios y responsables municipales que participaron en el proceso de adjudicación.  

La ley de Contratos del Sector Público establece una serie de requisitos para poder contratar con las administraciones públicas, entre los que se encuentra –entre otros- disponer de capacidad jurídica, cumplir los criterios solvencia, clasificación  y habilitación profesional..., que obviamente no puede cumplir ninguna persona o empresa que no dispone de existencia legal, salvo para las uniones temporales de empresas, pero nunca en el caso que nos ocupa.  

Así, según establece la propia normativa, este tipo de incumplimientos imposibilita la adjudicación de un contrato público y supone la declaración de nulidad del mismo, así como la prohibición para dicha empresa de contratar con la administración pública durante un periodo de tiempo, actuaciones que deberían haber sido inicidas  por el propio Ayuntamiento, algo que en ningún caso tuvo lugar. 

Por todo ello, exigimos al equipo de gobierno a que inicien las diligencias necesarias para aclarar las posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias y judiciales que se pudieran deducir de estos hechos. 

Del mismo modo, instamos a los miembros del anterior equipo de gobierno del Partido Popular a que aporten los elementos de juicio necesarios que clarifique dichas responsabilidades.