IU-Mérida critica el desarrollo del proceso de selección para la temporada de baños.

El colapso producido por el avalancha de solicitantes de empleo que han acudido a las dependencias municipales para participar en el proceso de selección vinculado a la campaña de baños ha puesto en evidencia la falta de organización y eficacia del actual modelo administrativo del Ayuntamiento de Mérida.

La existencia de colas en plena calle, más allá de las dependencias municipales exige la puesta en marcha de un plan de modernización de una administración municipal obsoleta, a través de la implantación de mecanismos vinculados al modelo de administración electrónica que ya debería estar en funcionamiento tal y como establece la legislación vigente.

Para IU-Mérida, la admisión, selección y resolución de un total de más de 3.000 solicitudes no puede solventarse en un periodo como el señalado por el ayuntamiento, ya que en todo caso, junto al trámite de admisión de solicitudes debería incorporarse la publicación de una lista de admitidos y excluidos, un trámite de subsanación de errores, la realización de las pruebas y/o entrevistas correspondientes, la publicación de la resolución provisional en la que se incluyan los seleccionados, un plazo de alegaciones y reclamaciones, y la publicación de la relación definitiva de aprobados.



Todo lo anterior, muestra la imposibilidad de desarrollar un proceso de selección con garantías en el cumplimiento de los requisitos igualdad, mérito y capacidad establecidos en la legislación vigente, si se quieren abrir las instalaciones de las piscinas municipales desde el 1 de julio. Un plazo en el que resulta imposible recibir, baremar y resolver con tal cantidad de solicitudes.

Para IU-Mérida escenas como las producidas en los últimos días en la dependencias de nuestro Ayuntamiento ponen de relieve la escasa capacidad de la administración municipal, sus deficiencias organizativas, técnicas y materiales.

En este sentido, resulta sorprendente que un proceso de selección de carácter periódico, anual y recurrente, como el convocado soporte tales fallos de organización, que perjudican tanto a los solicitantes como a las condiciones en las que los funcionarios públicos han de efectuar la tramitación del proceso.