IU-Mérida considera que cualquier tipo de modificación sobre el precio del contrato sobre el servicio de limpieza y recogida de basura se lleva a cabo disminuyendo los beneficios de la empresa concesionaria.
Las ganancias que percibe la empresa Fomento de Construcciones y Contratas por la gestión del servicio de limpieza y recogida de basura son absolutamente abusivos, por los que desde IU-Mérida entendemos que cualquier modificación sobre las condiciones que rigen el servicio ha realizarse sobre la base de la disminución de los beneficios de la empresa concesionaria.
El texto refundido de la ley de contratos del sector público establece la potestad a favor del Ayuntamiento para que éste modifique el contrato de forma unilateral, previo trámite de audiencia por parte del concesionario, en virtud de algunos principios como pueden ser el interés general y las condiciones generales del mercado, circunstancias que dada la situación actual se han modificado sustancialmente desde el momento en el que este contrato se adjudico en el año 2003.
Las reducciones que se han llevado a cabo hasta la fecha han supuesto una reducción de las prestaciones vinculadas al servicio, por lo que si bien es cierto que en los últimos meses se ha llevado a cabo un reducción del precio ha sido a costa de un empeoramiento del servicio, lo que no implica que haya disminuido la rentabilidad del servicio de cara a la empresa que lo gestiona.
En este sentido, debemos señalar que además de un empeoramiento de las prestaciones, la disminución del importe que percibe FCC desde las arcas municipales se ha traducido en el despido de trabajadores, la congelación salarial sobre la nómina de sus trabajadores durante tres años, la eliminación algunos complementos salariales y el aumento de la carga de trabajo que soportan los empleados.
El precio que paga el Ayuntamiento de Mérida a FCC, es muy superior al que exige esta misma empresa por la prestación de los mismos servicios, por lo que exigimos que se lleva a cabo una modificación del contrato, sin menoscabo de las prestaciones a las que debe atender la empresa concesionario, y sin que el peso de la disminución del precio del contrato recaiga sobre la plantilla de la empresa.
Por todo ello, y dadas las potestades que atribuye la legislación vigente exigimos al equipo de gobierno que proteja los intereses municipales y defienda los intereses de los trabajadores que desempeñan sus funciones en este servicio.
Fdo: Izquierda Unida-Mérida.
En Mérida, a 20 de septiembre de 2012
Publicar un comentario