Izquierda Unida-Mérida acusa al PP de complicidad ante la
presunta trama urdida en torno al cobro por FCC del importe correspondiente a
nóminas de trabajadores que no están incluidos en plantilla.
La denuncia realizada por parte
del Comité de Empresa de FCC por la que la empresa concesionaria del servicio
de recogida de basura cobra mensualmente el importe de 24 nóminas de
trabajadores que ya no figuran en la plantilla no ha obtenido ningún tipo de
respuesta por parte de la administración municipal.
Durante el desarrollo de la
Comisión extraordinaria de Hacienda y Contratación que tuvo lugar en el día de
ayer, los representantes del PP, y los funcionarios municipales presentes no
aportaron ningún elemento de juicio que
mostrara que el Ayuntamiento haya iniciado ningún tipo de procedimiento con la
intención de comprobar la realidad de los hechos denunciados por CC.OO y UGT,
Según se afirmó en dicha comisión la empresa concesionaria sigue
percibiendo los pagos correspondientes a la prestación del servicio en
condiciones que incluyen la presencia de 119 trabajadores destinados a la
recogida de basura y limpieza viaria, a pesar de que presumiblemente la
plantilla se limita a 94 trabajadores.
Esta situación nos lleva a preguntarnos cuales son los
motivos que empujan al gobierno del PP y no iniciar los trámites
administrativos necesarios para comprobar la veracidad de las afirmaciones
realizadas por la totalidad de los representantes de los trabajadores, y que ya
en su momento fueron comunicadas al alcalde durante el desarrollo de una
reunión solicitada por loa trabajadores a tal efecto.
Esta situación resulta todavía
más llamativa, ya que la normativa legal, y los pliegos de condiciones que
regulan el contrato dotan de competencias más que suficientes a la
administración municipal para inspeccionar y fiscalizar este tipo de
circunstancias.
Así, las declaraciones del
alcalde defendiendo la actuación de la empresa y el funcionamiento de los
mecanismos de fiscalización se contradicen directamente con el testimonio de
los funcionarios que durante el día de ayer señalaron que en las últimas fechas
no había realizado ninguna actuación dirigida a la comprobación de la denuncia
realizada por los trabajadores.
Esta circunstancia sitúa al PP, y
más concretamente a Pedro Acedo, en una
posición de complicidad con respecto a la empresa concesionaria, ya que en
lugar de adoptar las medidas necesarias para aclarar la cuestión, se han
limitado a negar la realidad de los hechos, lo que adquiere especial gravedad
ya que de constarse la veracidad de los hechos señalados por los trabajadores,
los posible implicados serían responsables de la comisión de varios delitos
tipificados en el código penal, tales como prevaricación, cohecho, malversación
de fondos, blanqueo de capitales, y diversos delitos de naturaleza fiscal.
Todo lo anterior viene a perfilar
cada vez con mayor nitidez la posible
existencia de una trama de corrupción en la que pueden estar implicados tanto
personas vinculadas al gobierno del Partido Popular, como los responsables de
FCC.
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