
Desde inicios del mes de julio, el grupo municipal de IU-Mérida ha pedido información a la delegación de hacienda sobre este extremo, sin que hasta ahora hayamos obtenido respuesta por parte del equipo de gobierno, pese a que la documentación ya está preparada desde hace semanas.
La naturaleza e importe de los distintos contratos menores adjudicados a esta empresa nos lleva a pensar que se ha producido una fragmentación de los contratos para eludir la convocatoria de un concurso público (o de cualquier otro procedimiento) que hubiera permitido presentarse a otras empresas para optar a los servicios que demandaba el Ayuntamiento.
Fragmentar los contratos permite la adjudicación “a dedo” de servicios, debido a que no se supera la cifra límite de 18.000€ marcada por la legislación. Esta práctica está prohibida por la ley, ya que los suministros, obras o servicios de naturaleza similar deben contratarse mediante concurso público de un modo conjunto para evitar favoritismos en la adjudicación de los contratos.
El artículo 86.2 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala: “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.”.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, desde IU-Mérida exigimos al equipo de gobierno que haga efectivo el derecho a la información que nos concede la legislación y nos facilite la relación de pagos efectuados a favor de esta empresa, con la finalidad de aclarar las dudas existentes sobre las irregularidades que pudieran haberse cometido.
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