Desde Izquierda Unida Mérida exigimos al Ayuntamiento de Mérida que intervenga ante este modelo de gestión que resulta lesivo para los intereses de los trabajadores y trabajadoras y para el conjunto histórico que gestiona esta entidad. Asimismo, exigimos a la Agrupación Local del PSOE en Mérida que se posicione sobre esta cuestión, ya que la Gerente del Consorcio ejerce además las responsabilidades de secretaria de organización en esta agrupación.
Debemos señalar que en ningún caso la privatización puede motivarse por la situación económica del Consorcio, que en las últimas cuentas publicadas arrojó un superávit de 197.430,71 euros.
Por el contrario, en este caso, -como en los restantes- la privatización de estos servicios supondrá una lesión en los derechos de los trabajadores y la situación económica de esta entidad, puesto que el coste de los servicios se verá encarecido debido a la necesidad de sumar a sus costes el beneficio que obtenga la empresa en la prestación de los servicios contratados.
Asimismo, exigimos que se aclaren las circunstancias que motivan la denuncia que realizan los sindicatos sobre la contratación como técnico para las tareas mencionadas de un familiar directo de la gerente del consorcio, Carmen Trejo Mostazo, que –por otra parte– concurrió en las listas del PSOE en las últimas elecciones municipales de Mérida. Mas aun cuando hablamos de una contratación directa sin publicidad.
La adopción de estas medidas pone de manifiesto, una vez más, que el compromiso del PSOE con la defensa de lo público y la participación de las administraciones en la economía local es simplemente una farsa.
Para IU-Mérida, el único beneficiario de esta privatización serán las empresas a la que se le han adjudicado los servicios.
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