Las funciones de gestión propias de la dirección del consorcio de la ciudad monumental debe tener como único objetivo la conservación y protección del patrimonio arqueológico y compatibilizar estos fines con su uso y promoción en beneficio del conjunto de la sociedad.
La necesidad de aunar estos aspectos de conservación, difusión y disfrute, requiere en nuestra opinión de una dirección independiente que anteponga ante cualquier otro criterio los requisitos técnicos de conservación sobre cualquier otra consideración de índole política o económica.
El nombramiento y cese de distintos responsables en el ejercicio de este cargo se ha determinado en base a criterios de adscripción política, lo que supone la supeditación de las labores de gestión de nuestro patrimonio a las prioridades políticas del gobierno de turno, lo que puede traducirse en la imposición de criterios de oportunismo político sobre cualquier consideración técnica.
Así, el nombramiento y la continuidad de los distintos responsables del consorcio se ha visto determinado por la disposición de los mismos a plegarse a las presiones que determina la agenda política del gobierno del momento, en perjuicio de una gestión planteada desde el punto de vista científico.
Por todo ello, instamos a los representantes de las distintas administraciones que forman parte del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida a que eviten el nombramiento de la futura dirección de esta entidad sobre la base de criterios partidistas, y garanticen y respeten la independencia que requiere el desempeño de este puesto de tanta relevancia para nuestra ciudad, y para la conservación de un patrimonio que, en ningún caso, podemos considerar de nuestra propiedad.
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