Pedro Escobar ha comenzado
criticando al gobierno, como un “gestor que no ha sabido pasar una ley del
papel, a la realidad, contribuyendo a la frustración no solo de los afectados
por la renta básica, sino de las personas que esperan que la política sea la
palanca para resolver los problemas”. Escobar ha arremetido también contra la
fecha y el método, que ha definido como “decretazo”, elegidos por el gobierno
para reformar la ley de renta básica, así como su contenido “porque en ese
decreto ley había algunas mejoras, algunos retrocesos sobre lo que ya existía y
zonas oscuras que requerían concreción y clarificación”, por estos motivos IU
se mostró en contra de la aprobación del decreto-ley.
Ante el cambio de tramitación
del decreto-ley en proyecto de ley, Pedro Escobar ha explicado que IU estaba en
la “disyuntiva” de decir también que no, “lo que nos llevaba a la situación
actual de atasco” de la renta básica “con más de 10.000 solicitudes sin
resolver”, IU “ha apostado por desatascar la situación en la que estamos, e
hicimos el esfuerzo de aceptar la discusión como proyecto de ley para darle un
empujón y que el coche arranque de una vez, y aprovechar la ocasión para
introducir mejoras”, no solo en la nueva propuesta del gobierno, sino también
sobre la ley de renta básica de 2013.
El coordinador de IU Extremadura
ha resaltado el trabajo “meticuloso” de IU en la preparación de las 27
enmiendas presentadas, que ha dividido en cuatro bloques según su contenido. En
primer lugar, las referentes a las cuantías económicas, que por un lado
aumentan las cantidades a percibir por sus beneficiarios y, por otro, suben el
umbral de ingresos de la unidad familiar para que más personas puedan optar a
solicitar la renta básica. Es decir, como ha explicado Pedro Escobar, si hasta
ahora la ley y el nuevo proyecto de ley contemplaban que las rentas anuales de
hasta 4.792 euros tenían derecho a solicitar la renta básica, IU propone
aumentar ese umbral hasta 5.591 euros al año, lo que supone que más personas
tengan derecho a solicitar la renta básica.
Además, Escobar ha explicado que
se quiere “aumentar el máximo y el mínimo” de las cuantías a percibir, ya que
tanto la ley de 2013 como el proyecto de ley establecen el 75% del IPREM, 399
euros al mes, y la enmienda de IU lo eleva al 80%, es decir, 426 euros. Esta
sería la cuantía mínima a percibir, en cuanto a la máxima, la ley lo establecía
en el 125% del IPREM “con carácter general y, con algunas excepciones, el 135%”
y el proyecto de ley lo rebajaba al 125% sin excepcionalidades. El coordinador
de IU Extremadura ha explicado que una enmienda de IU lo vuelve a elevar al
135% del IPREM, 719 euros, pero “ahora la excepción es la regla”, ya que se
establece un aumento progresivo de la cuantía más realista, para que las
familias puedan cobrar más fácilmente el máximo de la renta básica.
Otro grupo de enmiendas se
refieren, según Pedro Escobar, a la “flexibilización de los criterios para que
la gente pueda recibirla”, en concreto, “en cuanto a la unidad familiar y la
imputación del patrimonio”. En este sentido IU propone que, ha explicado
Escobar, “se podrán conceder más de una renta básica en el mismo domicilio,
porque hay que reconocer que puede haber diferentes unidades familiares” en la
misma casa y admite situaciones como “que la madre con su hija haya vuelto a
casa de sus padres, la pareja joven casada que tuvo problemas con la hipoteca
vuelve a casa de los abuelos”, y no computen todos como si fueran la misma
unidad familiar, sino diferentes, con derecho a una o dos rentas básicas, según
el número de familias que compartan el domicilio.
El coordinador de IU Extremadura
ha destacado también los criterios de “imputación del patrimonio, que ha sido
la causa de que muchas rentas básicas se rechazaran, porque se imputaba el 100%
del valor catastral de determinados bienes y eso era un error garrafal que
tenía la ley”. Con la enmienda de IU “se imputarán lo que establece el IRPF,
que es el 2 o el 3 por ciento del valor catastral”.
El tercer grupo de enmiendas se
refiere al periodo de resolución de solicitudes. Según Pedro Escobar “hemos
aceptado la petición técnica de que haya varias convocatorias”, pero IU propone
que sean cuatro al año, una por cada trimestre, con un periodo de dos meses de
presentación de solicitudes y el tercer mes para la resolución de los
expedientes. Además, se pagarán las rentas básicas con efecto retroactivo. Otra
enmienda se refiere a la renovación que, según Escobar, será anual, “en el
último trimestre en el que uno disfruta de la renta básica, puede pedir la
renovación”, para que no haya “meses en blanco” en los que no se cobre la renta
básica.
El cuarto grupo de enmiendas se
refiere a las agencias privadas de colocación que deben establecer los
proyectos individualizados de reinserción de los beneficiarios de la renta
básica. Ante “la preocupación de que los beneficiaros acabaran siendo mano de
obra barata”, Pedro Escobar ha explicado que las enmiendas de IU hacen que
“desaparezcan todas las alusiones a las agencias de colocación y todo el poder
para elaborar el proyecto individualizado de inserción y las correspondientes
medidas de reinserción familiar y sociolaboral corresponden a los trabajadores
sociales y al SEXPE”.
Una enmienda de IU, aparte de
los grupos mencionados, establece “mecanismos de control parlamentario por
ley”, según Escobar, ya que la consejera de Políticas sociales tendrá que
comparecer ante la Asamblea cada semestre para dar explicaciones sobre la renta
básica y deberá presentar una memoria anual.
Finalmente, Pedro Escobar ha
explicado las mejoras que contempla el proyecto de ley con respecto a la ley de
2013, y que contarían con la aprobación de IU, como “la compatibilidad de la
renta básica con otros trabajos”, cuyo cómputo de ingresos se hará “trimestral”
y pueden suponer unos ingresos añadidos a la renta básica de hasta el 35%, “es
decir, que es perfectamente compatible con la vendimia, la aceituna, la cereza,
el espárrago, etc”. Esta novedad permite a los beneficiarios cobrar la renta
básica, así como efectuar trabajos temporales, sin que eso les suponga una
merma en los ingresos, facilitando la reinserción laboral y evitando el empleo
sumergido.
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