Según consta en la documentación facilitada por la
delegación de hacienda correspondientes del pasado mes de agosto, el Ayuntamiento
ha gastado más de 62.000€ por los servicios jurídicos prestados por un despacho
de abogados que ha ejercicio de la defensa legal del Ayuntamiento en los
diferentes juicios que provocados por los recursos interpuestos por los
trabajadores despedidos por el Partido
Popular durante el mes de abril del
pasado año.
El desembolso de los 300.000
euros que tuvo que abonar el Ayuntamiento de Mérida en concepto de
indemnizaciones por despido a los 28
trabajadores afectados, se han visto
incrementados en cerca de un 20%, debido al coste que han supuesto la
representación legal del Ayuntamiento en los distintos procedimientos ante la
jurisdicción de los social.
Más allá del rechazo que ya
mostramos en su momento frente a estos
despidos, una vez más, el Partido Popular ha vuelto a recurrir a la fórmula de
contratación de empresas privadas para el desempeño de funciones que podrían
llevar a cabo los funcionarios municipales que tengan encomendado el
asesoramiento legal y representación en sede judicial de los intereses
municipales.
En estos términos, cabe
preguntarse cuales son las funciones que reserva el Partido Popular a los
empleados municipales que deben llevar a cabo este tipo de tareas. A este
respecto, debemos recordar, que tanto la tramitación del ere que finalmente no
se llevó a efecto, como los despidos posteriores, o el ere fallido del personal
adscrito a la desaparecida Empresa Mixta de Turismo, fueron gestionados por
empresas privadas, y que se resolvieron con un competencia técnica cuando menos
dudosa.
Por otra parte, cabe destacar la
elevada remuneración que han percibido estas empresas, valga por ejemplo el
desembolso por parte del Ayuntamiento de facturas de más de 8.000€ por un solo
juicio, cuando los trabajadores apenas han tenido que abonar cantidades
cercanas a los 2.000€ por la asistencia jurídica que les han prestado sus
abogados.
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