Izquierda Unida-Mérida afirma que el Ayuntamiento ha
contratado servicios de asistencia jurídica
a la empresa Atrium Abogados por valor de 134.698,71€ durante el periodo
comprendido entre junio de 2011 hasta 11 de diciembre de 2014.Una cifra que alcanza los 384.000€, sin contemplamos los gastos abonados por este concepto por el Ayuntamietno duranten el gobierno del PSOE en el periodo 2007/2011.
La contratación de este tipo de
servicios por parte de una administración pública carece de justificación
debido a que los servicios jurídicos municipales cuentan al menos con seis
letrados dedicados exclusivamente a la delegación de Gabinete Jurídico, al
margen de las funciones que de asistencia jurídica que realizan los técnicos
adscritos a la diferentes delegaciones municipales en cada uno de sus ámbitos
de actividad.
La cifra y las explicaciones facilitadas desde la
delegación de Gabinete Jurídico adquieren su verdadera naturaleza si tenemos en
consideración que buena parte del gasto señalado se debe a procedimientos
provocados por decisiones del propio equipo de gobierno, como el despido
de 28 trabajadores, que ha supuesto un desembolso de al menos unos 62.000 para
las arcas municipales en concepto de la repersentación legal ejercicida por
Atrium Abogados.
Así, el equipo de gobierno
justifica la utilización de este tipo de servicios debido al “elevado volumen
de trabajo que tenía el Gabinete Jurídico”, un razón que al menos provoca
nuestra extrañeza dado el notable descenso que ha sufrido la actividad
administrativa, en paralelo a la situación de paralización económica que sufre nuestra ciudad en los últimos
años.
Esta cantidad no comprende otros
gastos como son los asociados a la representación legal en los recursos que ha
interpuesto el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del
TSJ que declaró la improcedencia de los despidos de empleados municipales que
tuvieron lugar en abril de 2013.
En este orden de cosas, el
importe gastado por el Ayuntamiento por este concepto durante el gobierno del
PSOE alcanzó la cifra de 249.491,84€, es decir, un 47% más que la cifra gastada
por el PP durante esta legislatura.
En ambos casos, entendemos que la
contratación de empresas privada para la realización de tareas que pueden ser
asumidas con normalidad por los empleados municipales supone un despilfarro de
recursos públicos difícilmente justificable en un escenario de restricciones
presupuestarias y crisis económica, así como
un insulto hacia la profesionalidad
de las personas que desempeñan sus funciones en la administración municipal.
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