Izquierda Unida-Mérida exige a Pedro Acedo que cese a
Manuel Balastegui de todas las responsabilidades municipales que desempeñe en este
momento tras el anuncio por el que la fiscalía ha decido imputar a Balastegui
con un cargo de prevaricación administrativa.
Ell señor Balastegui cumple sus
funciones en virtud de un nombramiento como personal de confianza que en su
momento efectuó el propio alcalde, por lo que el mantenimiento de éste en su
puesto, traslada la responsabilidad de las actuaciones del señor Balastegui
hacia el propio Pedro Acedo, salvo que finalmente decida su cese como personal
de su confianza.
La circunstancias descritas por
la fiscalía adquieren visos de realidad, desde el momento en el que el señor
Balastegui tan sólo debía aportar la documentación que acreditase la
realización del cumplimiento de las obligaciones que, presuntamente incumplió.
Según el ministerio fiscal, el
entonces delegado de policía, realizó gestiones para devolver un vehículo que
había sido retirado por la grúa sin que se abonara la multa correspondiente ni
la tasa de retirada del depósito, lo que supone exención de la obligación de un
pago que no está permitida por la ley.
Así, la fiscalía ha decidido
imputar al responsable de la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento
de Mérida, debido a que no ha podido demostrar que existen elementos de derecho
y documentación que los hechos que se le imputan son falsos, algo para lo que
tan sólo debería aportar el justificante de la notificación de la sanción que
debería haber impuesto.
Desde IU-Mérida, el hecho de que
el señor Balastegui no haya podido aportar documentos que deberían encontrarse
en poder de la administración municipal en caso de que hubiera actuado
correctamente, nos empuja a pensar que existen suficientes elementos de juicio
para exigir el cese de todas sus responsabilidades, ya que existen dudas
razonables sobre el respeto del Balastegui a la legislación vigente.
El comportamiento que
presuntamente ha protagonizado el exconsejero municipal es impropio de un
responsable municipal, y pone en entredicho su capacidad para cumplir los
requisitos mínimos exigibles a cualquier personas que desempeñe un cargo
público.
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