La llegada del nuevo director del Consorcio se ha traducido en una serie de nuevos nombramientos en la entidad que ha aumentado el número de cargos de nueva designación, que han visto modificados sus funciones como sus sueldos.
Los aumentos retribuidos no adquieren cuantías que se antojen extravagantes, alrededor de 2.000/3.000 euros al año, entendemos que el incremento del personal de libre designación, y de la inclusión entre éstos de la esposa del propio director merecen una explicación pública, en aras al principio básico de transparencia, y todo ello, a pesar de que las decisiones adoptada por el nuevo director se encuentran incluidas en el ejercicio ordinario de sus facultades.
La importancia de aclara estos extremos adquieren mayor relevancia desde el momento en el que el anterior Director asumió decisiones idénticas, por lo que no es la primera vez que familiares directos del máximo responsable del Consorcio mejoran su situación profesional a partir del nombramiento de un nuevo director.
Desde IU-Mérida consideramos que el ejercicio de un cargo público de esta naturaleza implica la obligación de cumplir con los principios de transparencia en el desarrollo de las facultades que les son inherentes, con la finalidad de evitar una utilización de las administraciones como instrumento para la consecución de fines particulares, así como para garantizar una gestión adecuada de los recursos públicos.
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