Unidas por Mérida pide al Consorcio que justifique la utilización gratuita del Teatro Romano por los promotores del Stone & Music Festival.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq4AZu7KQ02gR5-VXZZ09kxQo7Nj81jlg4Z0KHleEqn2cWZfOkN2I4cARlZ8tmpdTblMppHTyVJ1iuJOv1i6U8NeEQJrbjs9O90xBQMgNpmoly4kU2x1QuaRNYNaEHYbAdVzYmuRHmhF_n/s1104/Suspensi%25C3%25B3n+d%25C3%25ADa+Maximiliano+Macias.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1104" data-original-width="1093" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhq4AZu7KQ02gR5-VXZZ09kxQo7Nj81jlg4Z0KHleEqn2cWZfOkN2I4cARlZ8tmpdTblMppHTyVJ1iuJOv1i6U8NeEQJrbjs9O90xBQMgNpmoly4kU2x1QuaRNYNaEHYbAdVzYmuRHmhF_n/s320/Suspensi%25C3%25B3n+d%25C3%25ADa+Maximiliano+Macias.png" width="317" /></a></div>Unidas por Mérida exige al Consorcio de la Ciudad Monumental que justifique la utilización gratuita por parte de la empresa promotora de Stone & Music Festival del recinto del Teatro Romano.<p></p><p>La utilización del recinto del Teatro Romano para la organización de eventos y actividades por parte de entidades u organizaciones públicas o privadas está sujeta a autorización y la justificación del pago de una tasa ante los órganos directivos del Consorcio de la Ciudad Monumental, por lo que el aprovechamiento gratuito de este espacio de nuestro patrimonio monumental no está permitido.</p><p>Según la información facilitada por el propio Consorcio, la empresa promotora de Stone & Music Festival reservó y abonó el pago de la tasa únicamente para los días correspondientes al calendario de celebración de los conciertos que forman parte de la programación del festival, a pesar de que la empresa utilizó el espacio del Teatro Romano en fechas no incluidas entre las autorizadas.</p><p>Esta circunstancia se puso de relieve debido al anuncio realizado a través de las redes sociales del Instituto de Arqueología-Mérida (CSIC-Junta de Extremadura), que se vio obligado a suspender un acto en el Teatro Romano en conmemoración del V día de Maximiliano Macías, programado para su celebración el pasado 16 de septiembre.</p><p>Pese a contar con la autorización del propio Consorcio, el Instituto de Arqueología se vio obligado a suspender el acto en la fecha programada y posponerlo por indicaciones del Consorcio, debido a que en esa misma fecha el Teatro Romano se iba a utilizar para la realización de ensayos, en una fecha en la que, según el mismo Consorcio, no había ninguna reserva a favor de la empresa organizadora de Stone & Music Festival.</p><p>Así, nos encontramos con una situación en la que el Consorcio de la Ciudad Monumental suspende un acto de una entidad pública que reservó el espacio para la celebración de un acto incluido en su actividad, en favor de una empresa privada que ni había reservado el espacio ni había abonado la tasa correspondiente para esa fecha, según la información facilitada por el propio organismo competente en la gestión de los monumentos.</p><p>Esta situación pone de manifiesto la arbitrariedad del Consorcio en la gestión y administración del recinto del Teatro Romano, así como el incumplimiento de sus propias normas. Desde aquí nos vemos obligados a recordar a los responsables del Consorcio que dirigen una entidad pública que en ningún caso pueden gestionar como si fuera de su propiedad, ni a su capricho.</p><p>Según lo anterior, exigimos al Director del Consorcio que explique los hechos y los motivos que han provocado esta situación y le pedimos que tenga más respeto por sí mismo y por la entidad que dirige, al tiempo que denunciamos el favoritismo y la arbitrariedad de la que ha hecho gala en el ejercicio de sus funciones.</p>

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IU destaca la “trascendencia política” de la condena al PP y a su ex tesorero Bárcenas por reformar su sede nacional con dinero negro a través de una ‘caja b’

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNryYOAz31Ojo-OckDZRWnGsxFgckn16DAsOf-xzEm1RSxC6IoJye8fK3OmJmjsQZqRE0ssvN8KvHHl7HESGvevcp0s1eWhG9unsuJY2LH9vUF17wZykRBd0AkFnlqAQhJQWe-oLsV3qKu/s780/pp-corrupto-caja-b-barcenas-pablo-casado-rajoy-aznar-izquierda-unida-780x470.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNryYOAz31Ojo-OckDZRWnGsxFgckn16DAsOf-xzEm1RSxC6IoJye8fK3OmJmjsQZqRE0ssvN8KvHHl7HESGvevcp0s1eWhG9unsuJY2LH9vUF17wZykRBd0AkFnlqAQhJQWe-oLsV3qKu/s320/pp-corrupto-caja-b-barcenas-pablo-casado-rajoy-aznar-izquierda-unida-780x470.jpg" width="320" /></a></div>Izquierda Unida destaca la “trascendencia política” de la sentencia hecha pública hoy por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en la que condena al Partido Popular y al que fuera su tesorero y senador, Luis Bárcenas, por reformar con dinero negro su sede nacional en la madrileña calle Génova, al tiempo que acredita de nuevo la existencia de una ‘caja B’ con fondos opacos usada para estos fines.<p></p><p>Para IU, que ha ejercitado la acusación popular en esta causa junto a la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) y Ecologistas en Acción, “este nuevo fallo judicial considera probadas una vez más las prácticas ilegales de las que se ha valido el partido que ahora lidera Pablo Casado para aprovecharse de dinero ilícito y ocultar su uso a cualquier órgano de control”.</p><p>En concreto, la Audiencia Nacional condena a Bárcenas a dos años de cárcel por los pagos en B de más de un millón de euros por las obras de la sede central del Partido Popular y a esta formación como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades de la constructora Unifica de 2007.</p><p>Izquierda Unida incide en la “especial importancia” de que “tras la contundente sentencia anterior por la corrupción destapada en la ‘trama Gürtel’ ahora se deje ya zanjada la total acreditación de la existencia de una ‘caja B’ en el Partido Popular, fondos que se nutrían de donaciones ilícitas registradas en una contabilidad paralela de cuyos ingresos y gastos no se dejó constancia en la contabilidad oficial y, por tanto, nunca pudieron ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”.</p><p>De ahí que IU se congratule de que “la sentencia recoja explícitamente que el Partido Popular ocultó al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas la totalidad de los pagos no facturados que realizó por las cuantiosas obras de remodelación de su sede”.</p><p>“Esto se ejecutó -añade- al margen de la facturación y contabilidad oficial, con fondos en metálico que fueron satisfechos a Unifica, lo que a su vez permitió a esta empresa ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en B, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias”.</p><p>El fallo condena también a dos años y nueve meses al arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y a la socia de la empresa Belén García.</p><p>Para Izquierda Unida, “trascurridos más de ocho años desde que impulsamos la apertura de esta causa judicial, resulta satisfactorio comprobar que la justicia condena con toda claridad al PP por usar dinero negro para financiar sus actividades”.</p>

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IU muestra el “máximo respeto” por las decisiones de Alberto Rodríguez y se pone a su disposición “para todo lo que necesite” tras las maniobras sufridas para dejarle sin escaño

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZm7tv8Z8BhP96Tomxu0RIQ3vy1VFGx42R6eRycZtkqIwiR7hpgPB3mo16lw82NIdDl7CkINeBsdkS5QcN3ZLZkhcOxDw5fe0EegEFnO7xCCgL_7Dk7-y9MNWoInFRbZxv3HqaLzxQZei4/s780/Alberto-Rodriguez-780x470.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZm7tv8Z8BhP96Tomxu0RIQ3vy1VFGx42R6eRycZtkqIwiR7hpgPB3mo16lw82NIdDl7CkINeBsdkS5QcN3ZLZkhcOxDw5fe0EegEFnO7xCCgL_7Dk7-y9MNWoInFRbZxv3HqaLzxQZei4/w400-h241/Alberto-Rodriguez-780x470.jpg" width="400" /></a></div>La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha reiterado esta mañana la “preocupación” de esta formación por la situación creada tanto por las presiones por parte del Tribunal Supremo, como por la decisión tomada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para retirar el escaño al ya ex parlamentario canario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.<p></p><p>En una rueda de prensa telemática, Rego ha señalado que “consideramos que Batet se ha equivocado en la decisión que ha tomado, pero ahora lo que toca es dar mucho apoyo. Desde Izquierda Unida señalamos esto con mucha firmeza: dar mucho apoyo, mucho cariño, solidaridad y soporte al compañero Alberto. En este momento él es quien tiene que establecer la mejor estrategia jurídica y desde IU vamos a apoyarle y darle todo el soporte que sea necesario”.</p><p>Para la dirigente federal “lo oportuno es ser muy respetuosos en este momento complicado y difícil, tanto en términos políticos como humanos”, de ahí que reiterara que “tenemos que estar ahí para dar apoyo a lo que él considere más oportuno para su propia defensa y estrategia jurídica, él es quien tiene la mayor legitimidad para hacerlo”, en referencia a Rodríguez.</p><p>Sira Rego ha recordado también cómo un importante número de juristas de reconocido prestigio han valorado públicamente “que estamos ante un hecho bastante grave, sobre todo en términos democráticos y que ha habido una clara injerencia en el Poder Legislativo” por parte del Tribunal Supremo, con su presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, a la cabeza.</p><p>“Que no haya un principio de separación de poderes efectivo, lo que es muy grave, nos tiene que preocupar a todas las personas demócratas de este país”, ha indicado.</p><p>La portavoz federal ha insistido en que “desde Izquierda Unida tenemos el máximo respeto a las decisiones que ha tomado Alberto y que él ya ha expresado. Nos ponemos a su disposición para todo lo que necesite”.</p>

Noticias IU muestra el “máximo respeto” por las decisiones de Alberto Rodríguez y se pone a su disposición “para todo lo que necesite” tras las maniobras sufridas para dejarle sin escaño

La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha reiterado esta mañana la “preocupación” de esta formación por la situación creada tant...

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IU y PCE recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la inacción de la justicia española frente a Juan Carlos de Borbón y la vulneración de derechos fundamentales

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjearXiWD2MMu8TmlgsMPrYN1180qa5f0JDCnOn7Eh57b7nzjO-2lhYkTjnC8nZ4SaW95yopmQiqfz4epRc0FD6RUVsp3u54ZjihDUJ-sP4kMYjv38_uLxE7XnUqW4IYkMgUkoBowP28LXb/s750/juancarlosdeborbon-750x470.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="750" height="251" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjearXiWD2MMu8TmlgsMPrYN1180qa5f0JDCnOn7Eh57b7nzjO-2lhYkTjnC8nZ4SaW95yopmQiqfz4epRc0FD6RUVsp3u54ZjihDUJ-sP4kMYjv38_uLxE7XnUqW4IYkMgUkoBowP28LXb/w400-h251/juancarlosdeborbon-750x470.jpg" width="400" /></a></div>Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, formaciones que junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas han impulsado desde 2018 ante la justicia española una querella para que se abra una investigación formal al actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y a otras personas de su entorno por presuntos delitos de corrupción, van a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la inacción de las instituciones judiciales de nuestro país sobre este asunto y la vulneración de sus derechos fundamentales.<p></p><p>Ambas formaciones toman esta decisión después de que el Tribunal Constitucional haya notificado la inadmisión a trámite del recurso de amparo que interpusieron el pasado mes de julio</p><p>contra el reiterado rechazo del Tribunal Supremo a todas las actuaciones emprendidas durante casi tres años ante su Sala Penal, recogidas en la que se etiquetó como Causa Especial Nº 21092/2018.</p><p>El Tribunal Constitucional dedica ahora un párrafo de tres líneas para despachar el argumentado recurso de amparo de cerca de 100 páginas que IU y PCE plantearon hace cerca de cuatro meses. ‘La Sección (en referencia a la Sección Primera) ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b) LOTC (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)’, se limita a indicar.</p><p>Izquierda Unida y el Partido Comunista de España ponen en marcha la preparación del recurso que llevarán ante el tribunal de Estrasburgo, una vez agotadas todas las vías que permite el sistema judicial español. En ningún momento han obtenido una respuesta satisfactoria en un asunto que consideran de “gran importancia no solo a nivel político y social, sino por la sensación de impunidad que deja en buena parte de la sociedad por la discriminación en el trato que la justicia muestra a determinadas personas y a su entorno de amistad y de negocios debido a su nombre y al cargo que ocupan”.</p><p>Entre los argumentos jurídicos que el equipo legal de ambas formaciones baraja para ahormar el recurso está explicar al TEDH cómo determinados autos dictados por la Sala Penal del Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, “han lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva, en su vertiente a formular con todas las garantías la acción popular”.</p><p>Consideran que la interpretación que los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto constitucional de inviolabilidad “no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna”.</p><p>Para IU y PCE la vulneración de este derecho fundamental se ha producido también “en su doble vertiente de obtener una resolución judicial motivada, razonada y razonable, así como el de seguirse una investigación y procedimiento efectivos ante el órgano judicial competente, derechos igualmente protegidos por el Art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.</p><p>Ambas formaciones políticas estudian también referirse en el texto al empleo por parte del Tribunal Supremo en sus diligencias de archivo de descalificaciones del tipo ‘La acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular…’</p><p>Consideran que “en ningún caso no de recibo descalificaciones gratuitas y desconsideradas, impropias de una Sala del Supremo a cuyos integrantes siempre hemos mostrado el máximo respeto y que responden de esa manera al trabajo serio y riguroso de esta acusación popular”.</p><p>“Lo que pone esto de manifiesto -lamentan- no es más que la animadversión a la hora de referirse a una de las partes del proceso, la nuestra, cuando no se nos ha permitido ejercer con garantías la acción popular, haciendo de éste un proceso viciado y falto de imparcialidad”.</p><p>Durante los casi tres años de baldías acciones judiciales a través de su querella inicial y la ampliación elaboradas por IU y PCE, el Tribunal Supremo rechazó siempre abrir una investigación concreta. El alto tribunal se limitó dejar pasar el tiempo y a acumular autos y providencias donde rechazaba todas las actuaciones solicitadas sobre Juan Carlos de Borbón, su amiga y empresaria comisionista Corinna Larsen, el comisario de policía jubilado, excarcelado y con varios juicios pendientes por otros casos José Manuel Villarejo, además de otras cinco personas del entorno del emérito.</p><p>Ambas formaciones detallaron durante meses los indicios sobre actuaciones irregulares que iban apareciendo, algunas de ellas confirmadas luego incluso por la Fiscalía, y donde el ex jefe del Estado tenía un claro protagonismo. Las actividades presuntamente corruptas abarcan desde los pagos de la fundación Zagatka al uso de tarjetas con fondos opacos, pasando por el cobro de comisiones por la adjudicación de la AVE a La Meca, las cuentas en Suiza y en paraísos fiscales vinculadas a otras fundaciones o el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro.</p><p>Así se llegó hasta las, hasta el momento, dos regularizaciones fiscales ideadas por Juan Carlos de Borbón para no ser acusado por el fisco español, formalizadas en diciembre de 2020 y en febrero de 2021.</p><p>Por todo ello, los querellados se repartían la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete referidos directamente al rey emérito-, entre ellos el de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.</p>

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Unidas por Mérida pide la puesta en marcha de una nueva oficina de correos.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk4nXuTRqLKb9uaQE7u6YshHhpXKycmmCyMyQL668u-AtBMumXwVh8dX-J53dKsVq6V-F8cG5l8pEjrtTCR2SX1kaOP6-xkKIuKFcWvg3QN2tKfBM_5_x17q5VmhxEaE8aUGewinKnnS45/s575/110526509.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="381" data-original-width="575" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk4nXuTRqLKb9uaQE7u6YshHhpXKycmmCyMyQL668u-AtBMumXwVh8dX-J53dKsVq6V-F8cG5l8pEjrtTCR2SX1kaOP6-xkKIuKFcWvg3QN2tKfBM_5_x17q5VmhxEaE8aUGewinKnnS45/w400-h265/110526509.jpg" width="400" /></a></div>Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) llevará al pleno una moción para impulsar una nueva oficina de correos en Mérida ante las carencias del servicio postal en Mérida. En la actualidad, el servicio de correos en Mérida presenta carencias derivadas del funcionamiento de una única oficina de correos para una ciudad como Mérida con más de 60.000 habitantes.<p></p><p>La existencia de una única oficina de correos en nuestra ciudad se pone de manifiesto en las largas colas que sufren sus usuarios en plena calle y por los tiempos que espera necesarios para ser atendidos.</p><p>Por otra parte, la actual ubicación de la única oficina existente en la calle Marquesa de Pinares no parece la mejor de las soluciones, debido al nivel de saturación que sufre esa calle, tal y como muestran la estampa que habitualmente presenta, con coches aparcados en doble fila, saturación de tráfico y una falta acuciante de plazas de aparcamiento.</p><p>En estos términos, la situación que genera la existencia de una única oficina de correos obliga a todos los vecinos y vecinas que no residen en el centro de la ciudad a desplazarse hacia el mismo para un trámite tan habitual como la utilización del servicio postal, multiplicando la necesidad de desplazamientos en una zona tan saturada como la mencionada.</p><p>Así, si bien se han modificado los hábitos de los usuarios, el descenso del volumen de envío de cartas entre particulares se ve compensado por el incremento del comercio electrónico, que lleva en el 90% de los casos conlleva la recepción de paquetes por parte de los compradores. En este sentido, el grupo Correos  repartió casi la mitad de los últimos envíos recibidos por particulares vinculados con la compra on-line.</p><p>El aumento del correo comercial y su presumible incremento en los próximos años, hacen inevitable plantearse el modo en el que la organización del servicio de correos deberá afrontar el mantenimiento de la calidad de un servicio que a día de hoy se nos antoja insuficiente, y que requiere la apertura de una oficina adicional que adecúe la disponibilidad del servicio  al  escenario de aumento de la demanda que experimentará en los próximos años.</p><p>Por ello ante las insuficiencias que sufre el servicio actual, la necesidad de limitar los desplazamientos y el aumento del comercio electrónico hacen necesaria en nuestra opinión, la apertura de una nueva oficina que se sume a la actual, y cuya ubicación actual se planteó desde un principio como una solución provisional, ante la situación de deterioro que presentaba la antigua sede de correos ubicada en la Plaza de la Constitución.</p>

Notas de Prensa Unidas por Mérida pide la puesta en marcha de una nueva oficina de correos.

Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) llevará al pleno una moción para impulsar una nueva oficina de correos en Mérida ante las care...

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Sira Rego afirma que IU no pone plazos a la hora de construir la plataforma de izquierdas que impulsa Yolanda Díaz porque “lo importante es que los pasos se den con certeza”

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTF443scS-W_n2bfrMNpx2IeTe1rMUlYIiN484RjiTqcYiL_Lcgi_yUY049T7g_mI_MQV60XvXbxlqyThdGtmpLKBlLY1ub3V8XUirduW0_1H0cr8D13zhBO54mFdC1mQT9zivf7JY2ekZ/s780/43A5E2FD-B7D5-4F94-8BC5-3D220F0595AE-780x470.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTF443scS-W_n2bfrMNpx2IeTe1rMUlYIiN484RjiTqcYiL_Lcgi_yUY049T7g_mI_MQV60XvXbxlqyThdGtmpLKBlLY1ub3V8XUirduW0_1H0cr8D13zhBO54mFdC1mQT9zivf7JY2ekZ/w400-h241/43A5E2FD-B7D5-4F94-8BC5-3D220F0595AE-780x470.jpeg" width="400" /></a></div>La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha dejado claro esta mañana en una rueda de prensa telemática que esta formación no es partidaria de poner plazos para la formalización de la plataforma de izquierdas que prepara la diputada de Unidas Podemos y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. A preguntas de los periodistas en relación a si IU tiene algún tipo de ‘prisas o plazos’ sobre esta cuestión, Rego zanjó el tema al indicar que “no es una cuestión ahora mismo de establecer plazos”, sino que “lo que nos importa es que los pasos se estén dando con certezas, ampliando el diálogo”.</div><div><br /></div><div>Detalló esta idea y destacó que “más allá de los límites razonables que impone el propio calendario electoral que tenemos a medio plazo, precipitarse tampoco es bueno”, entre otras razones porque “nos jugamos mucho” en todo este proceso “y, desde luego, creo que no es oportuno ponerse plazos demasiado exigentes más allá de los que nos señala la realidad electoral del país”, apostilló.</div><div><br /></div><div>La portavoz de la dirección federal de IU se mostró satisfecha y dio la “bienvenida” en todo el trabajo que se está realizando “al diálogo, bienvenido sea el mestizaje, el hablar todas las organizaciones y los espacios sociales, el poder interlocutar todo el mundo y tener mucho tiempo de escucha y de poder ir fraguando, sin prisa pero sin pausa, el proceso”.</div><div><br /></div><div>Consideró que “esto es lo más garantista e importante, porque se trata de tener mucha altura política y mucha responsabilidad con respecto a lo que necesita el país”.</div><div><br /></div><div>Sira Rego aprovechó también el contacto con los medios para trasladar algunos comentarios sobre el congreso que el PSOE tuvo el pasado fin de semana “desde el máximo respeto que desde Izquierda Unida tenemos siempre a los procesos de otros partidos”.</div><div><br /></div><div>Deseó a su secretario general, Pedro Sánchez “el mayor de los aciertos” y celebró algunas de las conclusiones alcanzadas en el cónclave socialista, sobre todo “las que son medidas que pasan por la agenda central de Unidas Podemos”, entre ellas “la importancia de poner en marcha la reforma laboral, la derogación de la ‘ley mordaza’ que para nosotras es fundamental, la abolición de la prostitución o el apoyo a la ley trans”.</div><div><br /></div><div>Rego opinó que esta línea en el seno del PSOE “ayuda y facilita” la cohesión y el trabajo dentro del Gobierno de coalición. No obstante, lamentó que “se ha perdido una buena oportunidad” para que el partido de Sánchez contribuya a “ensanchar el debate sobre la monarquía”, mucho más a la hora de “plantear una profundización democrática y, sobre todo, una modernización del país”.</div><div><br /></div><div>Preguntada también sobre unas declaraciones de Pedro Sánchez apoyando una mayor unión en el espacio político a la izquierda del PSOE, destacó que desde IU “estamos absolutamente implicadas en el trabajo y la línea política de lo que está planteando Yolanda Díaz”.</div><div><br /></div><div>Valoró como “ilusionante” el proceso y el escenario de diálogo “que se abre entre todas las fuerzas de la izquierda transformadora. Es fundamental trabajar en este sentido para todos los retos que tiene el país por delante, para las próximas citas electorales y, sobre todo, porque es una garantía de avance de derechos, algo fundamental para nuestro país”.</div>

Notas de Prensa Sira Rego afirma que IU no pone plazos a la hora de construir la plataforma de izquierdas que impulsa Yolanda Díaz porque “lo importante es que los pasos se den con certeza”

La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha dejado claro esta mañana en una rueda de prensa telemática que esta formación no es pa...

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Sira Rego señala que con la norma que impulsa Unidas Podemos “por fin el derecho a la vivienda será ley tras muchos años de lucha contra los desahucios y la especulación del alquiler”.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj68Egtd3yfmmzYaYf0UGGHK9jJkr_u02O4IGwP3T5a628fl_HmyVsK9vdWiXZo8J6VK5c5_Gs83eYkp-timCzLFHyjtjHJjD-0Smhva9jlXX2lSRxF7hGgFRBbv7Ww2VG92KTptYRr9aPR/s780/4ACAD6C7-02A2-4EC7-8682-564343C15F36-780x470.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj68Egtd3yfmmzYaYf0UGGHK9jJkr_u02O4IGwP3T5a628fl_HmyVsK9vdWiXZo8J6VK5c5_Gs83eYkp-timCzLFHyjtjHJjD-0Smhva9jlXX2lSRxF7hGgFRBbv7Ww2VG92KTptYRr9aPR/w400-h241/4ACAD6C7-02A2-4EC7-8682-564343C15F36-780x470.jpeg" width="400" /></a></div>La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, considera que la futura Ley de Vivienda que ultima el Gobierno de coalición y que ocupa un lugar principal en la agenda de Unidas Podemos en esta legislatura permitirá cuando esté en marcha que “por fin podamos decir que el derecho a la vivienda será ley tras muchos años de lucha contra los desahucios y la especulación del alquiler”.<p></p><p>Al hilo de las jornadas sobre esta nueva norma que ha organizado hoy y mañana en el Congreso el grupo de Unidas Podemos, Rego consideró durante su tradicional rueda de prensa telemática de los lunes que la ley posibilitará “girar el modelo inmobiliario de la especulación y las burbujas hacia un modelo más sostenible y más social.</p><p>Valoró como “fundamental” el avance que supone una ley que “va a ayudar a que tengamos un régimen de tenencia de vivienda equilibrado, más cercano a los países centroeuropeos”. Es lo que se denomina un equilibrio ‘de tres tercios’: “un tercio de vivienda en propiedad, otro de vivienda pública en régimen de alquiler social y un tercio de alquiler libre en un mercado regulado”, expuso Rego.</p><p>La portavoz federal de Izquierda Unida dejó meridianamente claro que esta formación, una de las grandes impulsoras de la ley en el seno del Gobierno de coalición, “respeta las competencias de las distintas administraciones. Creemos que no es tiempo de centralismo desde el BOE, sino de una construcción plural y colectiva del país entre los distintos territorios”.</p><p>Del mismo modo, indicó que “no quepa ninguna duda de que vamos a seguir estando en la calle con los movimientos por el derecho a la vivienda allí donde los especuladores se atrincheren cobijados bajo los gobiernos del Partido Popular”.</p><p>Indicó también que “Berlín (ciudad donde hace unas semanas triunfó el referéndum que respalda la expropiación de viviendas propiedad de grandes fondos de inversión que no están en el mercado) nos ha enseñado el camino de la gente organizada y cómo pueden cambiar las cosas hacia lo posible teniendo el eje central de la gente y de los derechos”.</p><p>Recordó también que mucho más cerca, en ciudades como Barcelona, ya ha quedado demostrado “que se puede gobernar en favor de la gente de nuestros barrios, acabando con la especulación y codicia de los ‘fondos buitre’. Es evidente que donde se aplica la ley, como la ley catalana, han bajado los precios, mientras que donde no se aplica han seguido aumentando”.</p>

Noticias Sira Rego señala que con la norma que impulsa Unidas Podemos “por fin el derecho a la vivienda será ley tras muchos años de lucha contra los desahucios y la especulación del alquiler”.

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Unidas por Mérida pide que se garantice la continuidad del Centro de Educación Infantil “Las Abadías”.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoMm2wM8pOXZJTp7DvgHLnGIzEngHD6gmK8Yeoand1h7svbpWR2iX2FmrYWgVP3ErjcWscyyzS74YLU4NrxQvDw7_ZaKBb5rYIxq2qxruf70nQO4G8PZ2nyXVT-k5g54WhOcA8JJ5G2_Be/s770/2012082407290686053.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="770" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoMm2wM8pOXZJTp7DvgHLnGIzEngHD6gmK8Yeoand1h7svbpWR2iX2FmrYWgVP3ErjcWscyyzS74YLU4NrxQvDw7_ZaKBb5rYIxq2qxruf70nQO4G8PZ2nyXVT-k5g54WhOcA8JJ5G2_Be/w400-h266/2012082407290686053.jpg" width="400" /></a></div>Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) atribuye  el cierre del Centro de Educación Infantil de “Las Abadías” a la falta de previsión del gobierno municipal. El anuncio por el que se ha dado a conocer el cierre del Centro de Educación Infantil “Las Abadías” debido a la finalización de la concesión que regía la gestión de este centro público, a favor de Mensajeros de la Paz, ha puesto de manifiesto la falta de previsión del gobierno  municipal, a la hora de atender la continuidad de la actividad del centro.<p></p><p>Desde hace más de cuatro meses, el gobierno municipal tenía constancia de la imposibilidad de dar continuidad a la actividad  de este centro, al menos  en las mismas  condiciones en las que se estaba gestionando.</p><p>En fecha del 7 de julio de este año, la delegada de contratación, Carmen Yañez, firmó una resolución por la que se declara la imposibilidad de adjudicar la gestión de este centro, una vez que concluyese la concesión autorizada hasta la fecha.</p><p>Aun así, siendo conocedores de esta situación, el gobierno municipal ha permitido que continúe el proceso de matriculación de los niños que hasta la fecha han sido atendidos en este centro, sin avisar a los padres del inminente cierre del centro, debido a que ninguna entidad se ha mostrado dispuesta a continuar con la gestión del mismo.</p><p>La falta de información por parte de la entidad concesionaria y del propio gobierno municipal sobre las circunstancias del centro, han llevado a los padres a no disponer de tiempo de reacción a la hora de procurar la matriculación de sus hijos en otros centros que pudieran tener plazas disponibles. El cierre afecta tanto  al servicio de guardería como al servicio de aula matinal y comedor escolar que se prestaba para otros centros.</p><p>El anuncio de repentino del cierre de este centro sitúa en una difícil posición a los padres de los niños atendidos, debido a los problemas de conciliación que implica el hecho de tener que reubicar a los niños, sin previo aviso, debido a la dejadez y falta de información de la que ha hecho gala el gobierno municipal, y en concreto las delegaciones de contratación y educación.</p><p>Esta situación pone de manifiesto la falta de previsión del gobierno de Osuna, y las consecuencias de un modelo de gestión en el que la continuidad y condiciones de desarrollo de los servicios y prestaciones de las que disfrutan las familias de nuestra ciudad depende de los intereses de las entidades privadas que las gestionan.</p><p>En estos términos, queremos señalar que el régimen de concesión bajo el que se gestionaba este centro, no es más que una privatización encubierta de prestaciones que bien podría prestar el Ayuntamiento.</p><p>Por todo ello, exigimos al gobierno municipal que gestione, a través del SEXPE, la contratación urgente del personal necesario para dar continuidad a la actividad del centro de educación infantil de las Abadías, al tiempo que exigimos que el gobierno municipal haga acopio del coraje y la responsabilidad necesaria, aunque sea, para hacer frente a la tarea que le han encomendado los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.</p>

Notas de Prensa Unidas por Mérida pide que se garantice la continuidad del Centro de Educación Infantil “Las Abadías”.

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Izquierda Unida muestra su “total respaldo” a la movilización estatal del sábado 16 en Madrid para defender y mejorar el sistema público de pensiones.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEbMfdXEzeg8JDHiZQ2SBdmFyCNz53rLGubXNimqjqyeBDrQ1ttwpOxlEldHa0mMXScWkA5bWVMAI-YC8fCH5TrfVCeDsEekI1qw8KbMxNGjhZmopZNTbG_55o3GODoO2Boe5nSqbX7Tv1/s1280/FBaJ4WGWEAABfmJ.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="991" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEbMfdXEzeg8JDHiZQ2SBdmFyCNz53rLGubXNimqjqyeBDrQ1ttwpOxlEldHa0mMXScWkA5bWVMAI-YC8fCH5TrfVCeDsEekI1qw8KbMxNGjhZmopZNTbG_55o3GODoO2Boe5nSqbX7Tv1/w496-h640/FBaJ4WGWEAABfmJ.jpg" width="496" /></a></div>Izquierda Unida, a través de su Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, muestra su “total respaldo” a la movilización convocada a nivel estatal en Madrid para el próximo sábado, día 16, por el conjunto de coordinadoras, plataformas y mareas del Estado, en la que esta formación participará ampliamente con un cortejo propio.<p></p><p>IU, como ha hecho siempre, se opone a cualquier medida que pueda contribuir “a la privatización de las pensiones públicas en cualquiera de sus modalidades”, a la vez que apuesta por “una reforma del mercado laboral hacia condiciones de trabajo estables y dignas que puedan garantizar el pleno empleo como pilar fundamental de nuestro Sistema Público de Pensiones”.</p><p>Esta formación entiende que apoyar las reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora de hoy “que serán pensionistas en el futuro, repercutirá directamente también de forma positiva en las pensiones del presente”.</p><p>La Red de Activistas de Izquierda Unida por la Defensa del Sistema Público de Pensiones valora de forma “muy positiva” el acuerdo sobre pensiones alcanzado hasta el momento, ya que “posibilita la derogación de los principales recortes que el sistema ha soportado en los últimos años y busca reforzar la sostenibilidad futura de las pensiones con el incremento de los ingresos de la Seguridad Social”.</p><p>En este sentido, destacan la eliminación de los aspectos más lesivos de la reforma de pensiones impuesta desde el Gobierno por el Partido Popular, “entre ellos el índice de revaloración del 0,25%, recuperándose ahora el IPC como referencia, la derogación del denominado ‘factor de sostenibilidad’, la equiparación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con matrimonios o el blindaje de la ‘cláusula de salvaguarda’”.</p><p>Izquierda Unida considera que todos estos avances “son fruto de la presión ejercida en la calle por los movimientos sociales en defensa del Sistema Público de Pensiones, además del trabajo realizado por Unidas Podemos en el Congreso junto a la labor de los sindicatos de clase en la mesa negociadora”.</p><p>No obstante, señala que hay que mantener las reivindicaciones frente a aspectos negativos como “el endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada con la aplicación de coeficientes reductores para desincentivarlas, el mantenimiento de la jubilación a los 67 años o la posible ampliación del periodo para el cálculo de la pensión”.</p><p>“Todas estas medidas -valora IU- imposibilitan el disfrute de una vejez digna y, al mismo tiempo, abocan a nuestra juventud al desempleo y a la precariedad”.</p><p>De la misma forma, la Red de Activistas de Izquierda Unida por la Defensa del Sistema Público de Pensiones apunta que es necesario que la lucha continúe “en relación a otros puntos que se han aplazado o se pretenden introducir en la reforma, y ante la desconfianza que provocan ciertas declaraciones realizadas por el ministro José Luis Escrivá”.</p><p>En esta línea van la sustitución del ‘factor de sostenibilidad’ por un ‘mecanismo de solidaridad intergeneracional’, “denominación muy llamativa e incluso ilusionante, pero de cuyo alcance exacto poco se conoce, aunque podría utilizarse como un instrumento que limite las pensiones públicas dependiendo de parámetros que no incluyan elementos sociales y de justicia con los mayores”, detalla.</p><p>También pueden encajar ahí el impulso a los planes de pensiones privados de empresa, gestionados por aseguradoras y entidades bancarias, que implican la transferencia de dinero público a manos privadas, o el destope de la base máxima de cotización.</p><p>Frente a estos aspectos negativos, la Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones exige “el cumplimiento de los acuerdos de gobierno en materia de pensiones”. Reitera su apoyo al grupo parlamentario de Unidas Podemos y a sus ministros y ministras para que “permanezcan vigilantes e intransigentes en el Gobierno con esas ‘líneas rojas’ que no se han de traspasar en la tramitación legislativa de estos aspectos más complicados”.</p><p>Respalda también “una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social para, en aras de la transparencia democrática, determinar el importe de la deuda del Estado con la Seguridad Social y acabar así con el discurso interesado sobre la insostenibilidad del sistema. Es necesario que se determine de una vez qué importe de nuestras cotizaciones se ha destinado a financiar inversiones y políticas ajenas a la Seguridad Social”.</p>

Izquierda Unida muestra su “total respaldo” a la movilización estatal del sábado 16 en Madrid para defender y mejorar el sistema público de pensiones.

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Solidaridad con la CGIL. Derrotemos al fascismo.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ-RTjMcXhhgUq2dqxYnBS6hHA5P1BgEhVqbtwWlY-hZhI1uc7CobOT79gGJOXdFceOW0aqXzUwzqSXpq7dFC9dIPYnwc_1Zzkz-phkQ3R73nX4Mi0Sh0GIrM_ax1kCOjG80msmTPzG3/s780/CGIL-780x470.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ-RTjMcXhhgUq2dqxYnBS6hHA5P1BgEhVqbtwWlY-hZhI1uc7CobOT79gGJOXdFceOW0aqXzUwzqSXpq7dFC9dIPYnwc_1Zzkz-phkQ3R73nX4Mi0Sh0GIrM_ax1kCOjG80msmTPzG3/w400-h241/CGIL-780x470.png" width="400" /></a></div>Los fascistas tienen claro quién es su principal enemigo: Las trabajadoras/es y sus organizaciones sindicales de clase.<p></p><p>El ataque a la sede central del mayor sindicato de trabajadores de Italia, por parte del partido neofascista italiano Fuerza Nueva, tiene las dos características típicas del fascismo, la cobardía y el nulo respeto a la convivencia democrática.</p><p>La CGIL como parte del movimiento internacional de las organizaciones sindicales de clase, son un pilar fundamental de la democracia y su lucha por la democracia y por los derechos de los trabajadores/as le han hecho ganarse el respeto de los demócratas de todo el mundo.</p><p>El ataque premeditado y orquestado por el líder del neofascista “Fuerza Nueva”, Giulano Castellino (detenido por la policía italiana junto a doce cabecillas de las escuadras fascistas) ha sido la conclusión de las manifestaciones ilegales que los fascistas italianos llevaban a cabo los últimos días de la semana pasada.</p><p>Es un ataque a los cimientos de la democracia y que debe ser condenado y combatido desde todas las personas e instituciones decentes de Europa.</p><p>Desde IU hacemos nuestras las palabras del compañero Maurizio Landini, Secretario General de CGIL “Es un ataque a la democracia y a todo el mundo del trabajo que rechazamos. Nadie quiere devolver a nuestro país a los veinte años de fascismo”.</p><p>Asimismo, compartimos la petición de solicitar la disolución de Fuerza Nueva y los demás movimientos abiertamente fascistas.</p><p>Desde IU queremos enviar toda nuestra solidaridad y fuerza al conjunto de la clase obrera italiana y especialmente a la dirección del sindicato hermano CGIL. Hoy más que nunca todas nos sentimos afiliados a la CGIL.</p><p>¡NO PASARÁN!</p>

Comunicados Solidaridad con la CGIL. Derrotemos al fascismo.

Los fascistas tienen claro quién es su principal enemigo: Las trabajadoras/es y sus organizaciones sindicales de clase. El ataque a la sede ...

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Izquierda Unida lleva a los ayuntamientos para su aprobación una detallada iniciativa para “impulsar la reforma urgente de la financiación local”

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj399E3i1LrImbaX9OfEVDa7Uz81qwMaubYV_CTAT1jYci6y50rVTa6jJ9jCIRFLRC_RGvbleR8kukO8-Vc6G6H2G3AfUgdFP8SMk2k3J7VrwoO_Cghk43Cr62dqZlKq9hS-OrbJgyOwQFJ/s1350/IU-ModeloFinanciacionLocal-1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1350" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj399E3i1LrImbaX9OfEVDa7Uz81qwMaubYV_CTAT1jYci6y50rVTa6jJ9jCIRFLRC_RGvbleR8kukO8-Vc6G6H2G3AfUgdFP8SMk2k3J7VrwoO_Cghk43Cr62dqZlKq9hS-OrbJgyOwQFJ/w320-h400/IU-ModeloFinanciacionLocal-1.png" width="320" /></a></div>Izquierda Unida, a través de su responsabilidad de Política Municipal, ha elaborado una completa moción que va a llevar a debate para su aprobación a todos los ayuntamientos en los que tiene representación al objeto de “impulsar la reforma urgente de la financiación local”.<p></p><p>Entre los puntos concretos que incluye el texto está instar al Gobierno a que inicie “de manera urgente la derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del PP y apruebe una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales”, así como a “cumplir el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español”.</p><p>Rubén Pérez, responsable federal de Política Municipal, considera que el actual Gobierno de coalición y los acuerdos previos firmados para su formación “constituyen una oportunidad histórica para abordar plenamente las reformas reclamadas por las entidades locales”.</p><p>De hecho, en el acuerdo de gobierno se incluye textualmente que el Ejecutivo ‘ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado’.</p><p>Pérez entiende que una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que ahora iniciará su trámite parlamentario, la reforma de la financiación local pasa a ser un asunto “prioritario” para lo que resta de legislatura.</p><p>El dirigente federal de IU refuerza esta idea por el “trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19”, donde han realizado un “gran esfuerzo inversor, al haber asumido competencias impropias y haber contribuido a ampliar el escudo social para proteger a familias, bonificar a la hostelería y al comercio local, o para garantizar servicios sociales básicos”.</p><p>Rubén Pérez destaca la idea que Izquierda Unida ha defendido desde un primer momento en el sentido de que “es necesario garantizar un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos”.</p><p>El texto de la moción insta también al Gobierno a iniciar la derogación urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 “por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local”.</p><p>La completa iniciativa política que pone en marcha Izquierda Unida considera que el Ejecutivo debe llevar a cabo las reformas legislativas necesarias “para introducir de manera amplia elementos de progresividad en el conjunto de tributos en atención a la capacidad económica del contribuyente”.</p><p>La moción incluye también propuestas muy concretas para solicitar a los gobiernos autonómicos que “en cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales y dado que estas asumen hoy sin compensación alguna competencias claramente autonómicas, a poner en marcha de manera urgente iniciativas para abrir la participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma, ingresos que deberán ser necesariamente incondicionales”.</p><p><b>Las propuestas incluidas se completan con estas:</b></p><p>Instar al Gobierno del Estado a abordar las reformas necesarias en lo tocante a la propiedad inmobiliaria, en tanto en cuanto la base imponible fijada al territorio es la base nuclear de la fiscalidad local, cambiando el método de valoración de los inmuebles para calcular la base imponible de una forma más real y poder aplicar criterios de progresividad (la aplicación del ‘valor catastral’ se ha demostrado insuficiente y desigual). Aumentar la horquilla de los tipos de gravamen aplicables para garantizar mayor autonomía a los ayuntamientos. Regular el recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente (viviendas vacías) para que se pueda aplicar con seguridad jurídica.</p><p>Instar al Gobierno del Estado y a las CC.AA a realizar las reformas legislativas necesarias para dar un tratamiento más favorable a la vivienda habitual frente a segundas viviendas, abriendo así la posibilidad de gravar a los pisos turísticos como una actividad económica y no residencial.</p><p>Instar al Gobierno del Estado a revisar los beneficios fiscales de la Iglesia católica en lo tocante a tributos como el IBI.</p><p>Instar al Gobierno del Estado a reforzar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado garantizando que las transferencias del Estado a los ayuntamientos cumplen unos compromisos sobre su evolución y revisión permanente, evitando las importantes desviaciones (la volatilidad de los resultados definitivos) que han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los municipios y han deteriorado fuertemente sus capacidades presupuestarias en momentos de crisis aguda.</p><p>Instar al Gobierno del Estado al mantenimiento del sistema de coparticipación en las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), al menos para las ciudades, y a estudiar la posibilidad de ceder a esos gobiernos locales alguna forma de competencia normativa. Del mismo modo, permitir que los ayuntamientos puedan incrementar sus recursos estableciendo recargos sobre la cuota estatal del IRPF.</p>

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Izquierda Unida, a través de su responsabilidad de Política Municipal, ha elaborado una completa moción que va a llevar a debate para su apr...

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Enrique Santiago asegura que Unidas Podemos seguirá trabajando desde el Gobierno para “dejar sin efecto la norma que permite la apropiación de bienes por parte de la Iglesia católica”

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmdasmMh8PTnIi0RaKD6wiVWh6I6IzsM3KKXTPgYRI4ggZTdVE79PzhCU-dqLKz1daCixc9uMVQIq9OOP_47lug0EWY6R42VtE-pRZub16NOSOvPBXOOmVyTlG0x3qwvUCPul40Ki2CtQ/s1600/WhatsApp+Image+2021-10-06+at+17.31.54.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1198" data-original-width="1600" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmdasmMh8PTnIi0RaKD6wiVWh6I6IzsM3KKXTPgYRI4ggZTdVE79PzhCU-dqLKz1daCixc9uMVQIq9OOP_47lug0EWY6R42VtE-pRZub16NOSOvPBXOOmVyTlG0x3qwvUCPul40Ki2CtQ/w400-h300/WhatsApp+Image+2021-10-06+at+17.31.54.jpeg" width="400" /></a></div>El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado hoy “todo nuestro apoyo” a las asociaciones y plataformas que siguen denunciando las decenas de miles de inmatriculación llevadas a cabo por la Iglesia católica durante años y trabajan para la devolución de estos bienes.<p></p><p>Santiago asistió esta mañana en representación de Unidas Podemos y de IU a una concentración en el exterior del Congreso convocada por la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia. El diputado indicó tajante tanto a representantes de dicha coordinadora como a los medios de comunicación que le preguntaron que “seguiremos trabajando para dejar sin efecto la norma legal que permite esa apropiación de bienes por parte de la Iglesia católica”.</p><p>“El Estado -explicó- debe tomar medidas activas de recuperación de ese patrimonio que ha sido usurpado. Nosotros trabajamos para que se haga. Está en el acuerdo de gobierno, exigimos que se haga y constantemente recordamos que está en el acuerdo”.</p><p>Para el también secretario de Estado de la Agenda 2030 es necesario “defender el patrimonio público” y para ello “el Estado debe mostrarse activo a la hora de actuar para la recuperación de los bienes que pertenecen a toda la sociedad española y que han sido indebidamente apropiados”.</p><p>Santiago recordó uno de los ejemplos que más utilizan las asociaciones que integran la coordinadora estatal, como es el caso de la Mezquita de Córdoba, y recordó que junto a otras muchas propiedades inmatriculadas lo que realmente pasa es que “son bienes que forman parte del patrimonio cultural y que pertenecen a todos los españoles, y no tienen por qué estar sometidos a comercio ni explotación económica” de la forma en que lo están ahora por parte de la Iglesia.</p><p>El pasado mes de febrero el Gobierno remitió al Congreso un informe que incluía un amplio listado donde se constataba los efectos de la ley que aprobó el PP durante la etapa de José María Aznar al frente del Ejecutivo que abrió la puerta a la Iglesia para registrar bienes en propiedad a través de una simple certificación eclesiástica. El resultado fue que entre 1998 y 2015 se realizaron 34.961 inmatriculaciones para que estos bienes engrosaran el patrimonio de la Iglesia católica.</p><p>De esa cifra, cerca de 20.000 fincas -20.014- son templos o dependencias complementarias, mientras que casi 15.000 -14.947- resulta que son terrenos, solares o simples viviendas y locales. El Gobierno especificaba también en su informe de este año que “30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto”.</p><p>Preguntado por los medios por este informe, Enrique Santiago indicó que su publicación “es una medida”, aunque insistió en que lo importante sigue siendo “dejar sin efecto la norma legal que permite esa apropiación de bienes”.</p>

Noticias Enrique Santiago asegura que Unidas Podemos seguirá trabajando desde el Gobierno para “dejar sin efecto la norma que permite la apropiación de bienes por parte de la Iglesia católica”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado hoy “todo nu...

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Unidas por Mérida considera vergonzoso que el gobierno privatice la planificación de personal del ayuntamiento.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc9Lg_vojdFOfl7_0htGSFDsz80mStnZzI4tKNhAQZC3_crD0icGQ5PwBqm6qCn3zJAVk95pQymRdZkK_eKtK2ek63w71EoFjx6wqfVtAw5yIDcVdLBhhMGlu-RPc4h5WzmnJ8NVy_vJ1I/s1000/ayuntamiento-e1578469481795.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="667" data-original-width="1000" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc9Lg_vojdFOfl7_0htGSFDsz80mStnZzI4tKNhAQZC3_crD0icGQ5PwBqm6qCn3zJAVk95pQymRdZkK_eKtK2ek63w71EoFjx6wqfVtAw5yIDcVdLBhhMGlu-RPc4h5WzmnJ8NVy_vJ1I/s320/ayuntamiento-e1578469481795.jpg" width="320" /></a></div>Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) considera vergonzoso que el gobierno adjudique a una empresa la planificación de la ordenación del personal que trabaja en el propio ayuntamiento y pide una rectificación. Unidas por Mérida considera fuera de toda justificación que el ayuntamiento adjudique la elaboración de la estrategia de planificación de su propio personal a una empresa privada.<p></p><p>La contratación a una empresa privada para la elaboración de una propuesta que determine la estrategia de personal del ayuntamiento de Mérida, es una evidencia de la falta de diligencia del delegado de personal y un insulto a la profesionalidad de los funcionarios de la delegación de personal del ayuntamiento.</p><p>La contratación de estos servicios a una empresa por parte del gobierno de Osuna, pone de manifiesto la falta de confianza del equipo de gobierno en la profesionalidad de los empleados municipales, pues el objeto del contrato forma parte de las tareas que son propias de los funcionarios de la delegación de personal.</p><p>El hecho de que el ayuntamiento gaste más de 72.000 euros en la contratación de servicios que forman parte de las tareas esenciales de la delegación de personal supone poco menos que un despropósito y un ejemplo de la línea de actuación de un gobierno para el que el respeto a lo público es sencillamente anecdótico.</p><p>La contratación de una empresa para realizar las funciones de la delegación de personal, nos lleva a preguntar, cuál debe ser la utilidad de una delegación que contrata a empresas privadas a la realización de sus propias funciones.</p><p>En nuestra opinión, carece de sentido que una empresa privada se disponga a determinar cuál deba ser la estructura y organización del ayuntamiento, pues los conocedores de la situación y necesidades del ayuntamiento son los propios funcionarios de la propia delegación, a quienes el equipo de gobierno ha dejado a un lado, en favor de una empresa que va realizar y cobrar un trabajo que corresponde a las personas que forman parte de la delegación de personal.</p><p>Esta situación tiene mayor relevancia en tanto que el objeto de contratación es precisamente el diseño de algunas de las cuestiones estratégicas propias de la ordenación de personal del ayuntamiento, que es precisamente una de las competencias reservadas específicamente al delegado de personal, y que según parece no está dispuesto a ejercer por sí mismo, lo que nos lleva a preguntarnos cuál es exactamente la utilidad que el gobierno atribuye tanto a la delegación, como al propio delegado, que según lo anterior renuncia al ejercicio de las competencias más relevantes de su nombramiento.</p><p>Desde aquí, queremos recordarle al delegado de personal que forma parte de su trabajo y de los funcionarios de su delegación tanto la planificación y como la gestión del personal del ayuntamiento de Mérida, y que, por tanto, no es un trabajo que se deba encomendar a un tercero con dinero público, y bajo condiciones difícilmente justificables.</p><p>Por todo ello,  exigimos al delegado de personal que rectifique, y tenga un poco más de respeto sobre la capacidad y profesionalidad de los funcionarios que tiene a su cargo.</p>

Notas de Prensa Unidas por Mérida considera vergonzoso que el gobierno privatice la planificación de personal del ayuntamiento.

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Sira Rego denuncia que el oligopolio eléctrico “se está poniendo muy agresivo” porque cree que se tocan sus beneficios y tacha de “obsceno” el nombramiento del socialista Carmona

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoMi3mRONmjql7Ocm9ZbSDzpVsZ1G0TAZiLJHxarbBnXLCskmjRDvfVwVVCLI64h3jhXuRN-uZD8rFRpilS458-AuCI6PPbM1qgLNC7Rmf6vsqG8bJQh3nunJ_7kF-UgKIIzXoXLGdDUpl/s390/Sira-Rego-rdp-Izquierda-Unida-390x220.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="220" data-original-width="390" height="181" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoMi3mRONmjql7Ocm9ZbSDzpVsZ1G0TAZiLJHxarbBnXLCskmjRDvfVwVVCLI64h3jhXuRN-uZD8rFRpilS458-AuCI6PPbM1qgLNC7Rmf6vsqG8bJQh3nunJ_7kF-UgKIIzXoXLGdDUpl/s320/Sira-Rego-rdp-Izquierda-Unida-390x220.jpeg" width="320" /></a></div>La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha denunciado esta mañana que las grandes compañías que conforman el oligopolio eléctrico en nuestro país “se están poniendo muy agresivas una vez que empiezan a sentir que se tocan sus beneficios”. Preguntada por los periodistas en rueda de prensa sobre el anunciado nombramiento del dirigente socialista madrileño Antonio Miguel Carmona como nuevo vicepresidente de Iberdrola, Rego se mostró de acuerdo en que es “un ejemplo más de ‘puertas giratorias’” y destacó lo “obsceno” que resulta que se den este tipo de casos, ya que “vemos una relación directa entre la garantía que se ha dado históricamente en nuestro país a los intereses del oligopolio con gentes que antes han estado en la política”.<p></p><p>La dirigente federal de IU criticó con firmeza cómo mientras se mantienen máximos históricos en el precio de la luz “lejos de arrimar el hombro y de apoyar a las familias trabajadoras, el oligopolio sigue con su pulso no solo al Gobierno, sino también a las familias en su conjunto”.</p><p>En este mismo contexto situó el polémico ‘fichaje’ de Carmona por Iberdrola, que “parece un pasito más en esa ofensiva contra el Gobierno de coalición y, en general, contra los intereses de las familias. No deja de sorprender que se haya producido en estos momentos”.</p><p>La también eurodiputada de IU indicó que “estamos muy pendientes de lo que suceda con ese informe que presentará la Comisión Europea el próximo martes”, así como el posterior debate que habrá en el Parlamento Europeo sobre este importante asunto. Adelantó que “desde Izquierda Unida propondremos que haya una modificación del marco general de la regulación del mercado eléctrico en Europa, porque sabemos que es el elemento que permite que haya esta desproporción de precios de la luz”.</p><p>Mientras, indicó que en nuestro país el Gobierno seguirá actuando para que las grandes compañías dejen de seguir “especulando con los precios de la luz”. Contrastó la “agresividad” que evidencian ahora mientras “no tuvieron ningún problema cuando se ha tratado de tocar impuestos. Se han puesto muy a la ofensiva cuando han visto comprometidos sus beneficios”.</p><p>Sira Rego expuso que esto ocurre mientras quienes integran este oligopolio “no dejan de ganar con respecto a sus previsiones de inversiones iniciales, cuando lo único que se hace es acotar de alguna manera la posibilidad de que sigan especulando con algo que tendría que ser un derecho garantizado para el conjunto de las familias trabajadoras.</p>

Notas de Prensa Sira Rego denuncia que el oligopolio eléctrico “se está poniendo muy agresivo” porque cree que se tocan sus beneficios y tacha de “obsceno” el nombramiento del socialista Carmona

La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha denunciado esta mañana que las grandes compañías que conforman el oligopolio eléctrico...

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Enrique Santiago exhorta al PP a “perder el miedo a la democracia” y respetar derechos como el de libertad de expresión “salvo que consideren que las libertades públicas amenazan sus privilegios”

<p><span style="background-color: white; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpppQvy4BlYgD3fZceCWYt2A98NxTE1shH6ZdBFjjIFq9qHs4PCsyKZQ7FCiQXJfNUp8xB0tTxfopueYE9yBUXRBmQWtGLRyFbEINVxi0Wd7QmGZvNzbclXTKHmD0hViButElGURh9u7uo/s390/EnriqueSantiago-LibertadExpresion-1-390x220.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="220" data-original-width="390" height="181" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpppQvy4BlYgD3fZceCWYt2A98NxTE1shH6ZdBFjjIFq9qHs4PCsyKZQ7FCiQXJfNUp8xB0tTxfopueYE9yBUXRBmQWtGLRyFbEINVxi0Wd7QmGZvNzbclXTKHmD0hViButElGURh9u7uo/s320/EnriqueSantiago-LibertadExpresion-1-390x220.png" width="320" /></a></div>Enrique Santiago ha exhortado hoy al Partido Popular de Pablo Casado en el Pleno del Congreso a que respete el ejercicio de derechos y libertades en nuestro país como el de libertad de expresión “salvo que consideren que las libertades públicas amenazan sus privilegios”. El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida les pidió expresamente: “señorías del PP es hora de dejar atrás el miedo y la persecución de la crítica y la libertad de expresión. Democracias admiradas por ustedes como el Reino Unido o Estados Unidos se sonrojarían de mantener en sus legislaciones tipos de delito como los que mantienen en su enmienda a la totalidad. Pierdan el miedo a la libertad de expresión y a la democracia”.<p></p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Santiago incluyó estas palabras en una intervención en la que rechazó tajante con una catarata de argumentos legales la enmienda de totalidad de los ‘populares’ con la que la derecha, apoyada una vez más por la ultraderecha de Vox, pretendía tumbar la proposición de ley orgánica de Unidas Podemos que se tramita en el Congreso para reformar el Código Penal y proteger la libertad de expresión.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">“La libertad de expresión -recordó a PP y Vox- es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano en democracia”, como recogen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Constitución.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Denuncio que en España “nos hemos acostumbrado a que se sucedan represalias y condenas a ciudadanos por el ejercicio de la libertad de expresión, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión”. Ello se deriva de la “anomalía democrática” que supuso la reforma del Código Penal que el PP impuso en 2015, que tachó de “liberticida”, algo que “nuestra proposición de ley pretende derogar, y eliminar otras normas que limitan la libertad de expresión para recuperar el respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica que fueron aniquilados”, dijo.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Santiago insistió en que el PP “no debería desconfiar del ejercicio por los ciudadanos de derechos y libertades, salvo que consideren que las libertades públicas amenazan sus privilegios” e indicó que su enmienda de totalidad es “sencilla de explicar: propone eliminar la propuesta que realiza Unidas Podemos, mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas del delito de enaltecimiento. Más prisión y más multas, y más represión de la libertad de expresión”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Reprochó al partido de Casado, por ejemplo, que en democracia “no pueden ser delitos comportamientos que no tienen más finalidad que cómica o que se traten de críticas”. Reconoció que “pueden llegar a ser desagradables, groseras o incluso hirientes, pero no se puede anular la obligación de la democracia de aplicar el principio de ‘mínima intervención del Derecho Penal’”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">El también responsable federal de Justicia e Interior de IU indicó que “existen otras vías legales para resolver conflictos al margen del Derecho Penal”, como las vías civiles de defensa del derecho al honor, a la intimidad o el derecho de rectificación, por ejemplo.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Recordó cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “condena a España reiteradamente por mantener delitos como el ultraje a España” o cómo el Consejo de Europa “nos recuerda el difícil encaje democrático, por ejemplo, de las injurias al rey”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Enrique Santiago resumió el rechazo de Unidas Podemos a la enmienda del PP indicando que “no se puede condenar a ciudadanos por ejercer la libertad de expresión. Necesitamos acabar con normas penales obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución ni a un Estado de derecho; y también hay que acabar con tipos penales imprecisos, como es el caso del delito de enaltecimiento del terrorismo, cuya ambigüedad ha permitido una aplicación errática, generando alta inseguridad jurídica, que cuestiona incluso el principio de legalidad en materia penal que exige precisión para describir la conducta penalizada”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">En su detalladísima exposición, ilustró con ejemplos prácticos y jurisprudencia precisa cada uno de los artículos del Código Penal a los que la proposición de ley de Unidas Podemos busca poner coto. Respecto al delito contra los sentimientos religiosos (artículo 525), apuntó que desde que entró en vigor en 1995 “nadie se había sentado en el banquillo hasta 2012” cuando lo tuvo que hacer el fallecido cantautor Javier Krahe por un vídeo casero de 1977. “Le llevó un calvario judicial que duró nueve años y acabó con su absolución”, explicó el diputado. La sentencia de la Audiencia Provincial en este caso aseguraba que ‘las imágenes emitidas y las manifestaciones que las acompañan tienen un indudable sentido satírico, crítico y provocador (…) Ello no es suficiente para dotarlas de relevancia criminal’.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">En 25 años de vigencia “ha habido cerca de una veintena de casos de aplicación del artículo 525 y solo una condena”. Entre ellos están los de la ‘procesión del coño insumiso’, el actor Willy Toledo, el humorista Dani Mateo “o incluso una querella contra Netflix por emitir una película comercial, todos absueltos o sobreseídos”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Santiago advirtió de que esta norma “se ha convertido en un arma propagandística y mediática del integrismo católico, que utilizan en fraude de ley para acaparar atención mediática y coaccionar a artistas o cómicos con largos procedimientos y gastos para ellos, pero también para la Administración de Justicia”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Destacó que los procedimientos “nunca se inician por denuncias de la Iglesia católica o de sus órganos”, sino que quienes los ponen en marcha “son asociaciones ultracatólicas ‘más papistas que el Papa’, valga la expresión”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">“Una democracia debe proteger desde luego el ejercicio de la libertad religiosa, pero eso no es equivalente a sancionar la crítica o incluso la ofensa a otra religión. Entender que esa crítica u ofensa amerita castigo suele ser la autojustificación de los integristas religiosos para cometer crímenes”, valoró.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">La derogación no deja sin protección la libertad de culto, que se encuentra garantizada en otros artículos, por ejemplo, el delito discriminatorio contemplado en el artículo 510 del Código Penal, que expresamente contempla la provocación del odio contra cualquier religión.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Respecto a los delitos de injurias contra la Corona (artículos 490.3 y 491 del Código Penal), Enrique Santiago recordó que la justicia española condenó a dos jóvenes de Girona que en 2007 quemaron fotos del rey. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó luego a España “por haber condenado a estos dos jóvenes por ‘injerencia en la libertad de expresión’. Consideraba que la pena aplicada por España ‘no fue proporcionada con el fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática’.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">El portavoz adjunto de Unidas Podemos sacó también a colación las condenas a la revista satírica ‘El Jueves’ por una caricatura, al alcalde de Puerto Real José Antonio Barroso por calificar de ‘deleznable’ a Juan Carlos de Borbón o, en 2013, al coronel en situación de retiro Amadeo Martínez Inglés, por calificar de ‘corrupto’ al entonces jefe del Estado. “Hombre, parece mucho más grave que un general en retiro amenace con fusilar a 26 millones de españoles y su conducta quede impune a fecha de hoy”, señaló con ironía sobre lo ocurrido hace tan solo unos meses y sobre lo que PP y Vox se aplicaron a echar tierra encima.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Santiago incidió también en cómo la jefatura del Estado en España “no se ha elegido directamente desde la II República. No hay mecanismo constitucional alguno para ratificarla, reprobarla, censurarla o deponerla, pero sí que hay normas penales para castigar las críticas a la institución ‘aún en ejercicio de sus funciones’.”</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Tiró de nuevo de ironía al señalar que en Roma “agraviar al rey era delito de lesa majestad castigado con la máxima pena. Dirán los señores del PP que ahora la sanción es más leve, solo faltaba”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Como ocurre con el resto de artículos que se plantea derogar, los posibles damnificados no se quedan sin protección, en este caso quienes desempeñan la jefatura del Estado o sus familiares “tienen a su disposición las mismas normas de protección vía civil o penal frente a la calumnia o injuria que cualquier ciudadano”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Respecto al delito de ultraje contra la patria (artículo 543 del Código Penal), Enrique Santiago argumentó que en mayo de 2018 la Audiencia Nacional absolvió al acusado de una pitada al rey y “concluyó que se trataba de hechos que se enmarcan en la libertad de crítica”. A su juicio, este delito se sigue aplicando “para reprimir la libertad de expresión y la crítica contra los símbolos”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Uno de los argumentos de la intervención de Santiago más celebrados fue cuando indicó que el propio PP hacía referencia en su iniciativa a una sentencia del 2020 del Tribunal Constitucional sobre el ultraje a la bandera, en la que confirmó la condena a un trabajador gallego. “Omiten que esa sentencia se dio con cinco votos particulares” y que uno de los magistrado que lo emitieron cuestionaba la constitucionalidad del artículo 543. Enrique Santiago leyó lo que el magistrado disidente argumentó: ‘No hice más que tener en cuenta el bien conocido artículo 10.2 de nuestra Constitución: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Me creí pues obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma del Consejo de Europa y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las que ya coleccionábamos sobre cuestiones similares. Podría sin duda, henchido de ardor patrio, tomármelo a beneficio de inventario, pero no me pareció serio’.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">“Este voto particular es del profesor Andrés Ollero, 17 años diputado del PP en esta Cámara. Suscribo al profesor Ollero, la protesta ciudadana crítica con el sistema establecido y su simbología ha de quedar amparada por la libertad de expresión. Por todo ello, proponemos la derogación del artículo 543”, indicó Santiago entre aplausos.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Al delito de injurias a instituciones del Estado (artículo 504 del Código Penal) apenas le dedicó tiempo, porque “salvo alguna excepción, nunca se ha aplicado, porque las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestos a la crítica de la ciudadanía. Es ineficaz por inaplicable y hay que conjurar el riesgo de que a alguna mente se le ocurra aplicarlo”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Por último, respecto al polémico delito de enaltecimiento (artículo 578 del Código Penal), Enrique Santiago señaló que “solo sirve para condenar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto terrorista, y esto es verificable. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Recordó los casos del grupo La Insurgencia, cuyos integrantes fueron condenados a seis meses de cárcel, y del rapero Pablo Hasél, “que a mí no me gusta nada”, reconoció, y que ingresó en prisión hace apenas unos meses. Argumentó también que incluso el Tribunal Supremo “admite que el delito de exaltación del terrorismo puede ‘entrar en conflicto’ con derechos constitucionales como el de libertad de expresión”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Este delito nació en 2004 en un momento de extrema violencia terrorista. El portavoz adjunto de Unidas Podemos recordó cómo en 2015 “el PP lo endurece, a pesar de que ETA había anunciado en 2011 el fin de su actividad criminal” y cómo ese mismo 2015 “se producen numerosas detenciones por operaciones policiales en la red Twitter de claro contenido prospectivo, es decir, sin haberse cometido ningún delito previo”. Entonces el Ministerio del Interior lo dirigía Jorge Fernández Díaz, “que parece que utilizaba este delito para tapar sus desmanes al frente de Interior en la ‘época Kitchen’”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">El enaltecimiento del terrorismo, según nuestros tribunales, es un delito de opinión que consiste en incitar indirectamente a la comisión de delitos terroristas y “en un contexto no violento en el que no existen grupos terroristas organizados este delito no tiene sentido”, explicó.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">El ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras, como la apología del delito (artículo 18 del Código Penal) que castiga la provocación para la comisión de delitos terroristas y donde pueden encauzarse los excepcionales casos de un terrorismo que sí está activo como es el yihadista.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px 0px 25px; outline: none; padding: 0px;">Santiago señaló por enésima vez lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a todos los tipos delictivos que el PP se aplica a mantener o, incluso, endurecer sus penas “Dice que en materia de opinión el castigo nunca puede ser pena de prisión. El Código Penal establece ahora hasta tres años de cárcel y ustedes -reprochó de nuevo irónico a los populares- atendiendo a estas recomendaciones de Europa vienen a plantearnos incrementar la pena hasta cuatro años”.</p><p style="background-color: white; border: 0px; box-sizing: border-box; color: #2c2f34; font-family: "IBM Plex Sans", "IBM Plex Sans Condensed", sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; list-style: none; margin: 0px; outline: none; padding: 0px;">Enrique Santiago mencionó también otra cuestión que el PP ha ocultado en todo momento y es que en la iniciativa de Unidas Podemos “la derogación no dejará sin protección a las víctimas del terrorismo. Para evitarlo, se propone modificar del artículo 22 del Código Penal, introduciendo a las víctimas del terrorismo entre los colectivos que merecen una especial protección”.</p>

Noticias Enrique Santiago exhorta al PP a “perder el miedo a la democracia” y respetar derechos como el de libertad de expresión “salvo que consideren que las libertades públicas amenazan sus privilegios”

Enrique Santiago ha exhortado hoy al Partido Popular de Pablo Casado en el Pleno del Congreso a que respete el ejercicio de derechos y liber...

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Unidas por Mérida pide la ampliación del horario de apertura de la estación de autobuses.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS-OK04I3g9bMQdsYCx9szOd7qpNqTreyh8gk3scV-Eqd9Z47Z89EzkR5cwcfFNgm3kg5azmJHIModZvWJB6fSikk0hKWD0Pml0Tj1Q41qireX_19JXy3vtVrTwdSoSK4jXXxpp2-MF42u/s624/estaci%25C3%25B3n+buses+merida.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="624" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS-OK04I3g9bMQdsYCx9szOd7qpNqTreyh8gk3scV-Eqd9Z47Z89EzkR5cwcfFNgm3kg5azmJHIModZvWJB6fSikk0hKWD0Pml0Tj1Q41qireX_19JXy3vtVrTwdSoSK4jXXxpp2-MF42u/s320/estaci%25C3%25B3n+buses+merida.jpg" width="320" /></a></div>Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) solicita al Ayuntamiento que actúe frente a la Junta de Extremadura para ampliar el horario de apertura de las instalaciones de la estación de autobuses, y la mejora y limpieza de su entorno. La estación de autobuses de Mérida dispone de un horario de apertura que se limita hasta las 20:00 horas, por lo que los viajeros que se disponen a tomar un autobús en un horario más tardío, no pueden disfrutar de los servicios que ofrece la estación de autobuses, ya fueren los baños públicos, o la comodidad de poder esperar en el interior de las instalaciones.<p></p><p>El horario de salida de muchas de las líneas que incluyen en su ruta a la estación de autobuses de Mérida, realizan sus paradas en una hora posterior al cierre de las instalaciones, por lo que las personas que se disponen a utilizarlas se ven obligadas a permanecer en los andenes hasta la llegada o salida de su autobús de ruta.</p><p>Las incomodidades fruto de las inclemencias del tiempo o la imposibilidad de acceder a los baños públicos podrían evitarse mediante la ampliación del horario de apertura, sobre todo si se tiene en cuenta que, por lo general, las estaciones de autobuses disfrutan de unos horarios más amplios de los establecidos para la estación de nuestra ciudad.</p><p>Por otra parte, debemos señalar que las condiciones de limpieza en las que se encuentran las inmediaciones de la estación de autobuses resultan un tanto lamentables, tal y como ponen de manifiesto la presencia de ratas,  arbustos sin podar, señalítica privada en mal estado sobre el propio acerado, acumulación de restos de basura, latas y demás.</p><p>Por todo ello, pedimos al equipo de gobierno que adopte las medidas oportunas ante la administración responsable de dicho edificio para poder ampliar el horario de apertura de la estación de autobuses, así como para mejorar las condiciones de orden y limpieza que deben ser propias de unas instalaciones públicas.</p>

Notas de Prensa Unidas por Mérida pide la ampliación del horario de apertura de la estación de autobuses.

Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) solicita al Ayuntamiento que actúe frente a la Junta de Extremadura para ampliar el horario de...

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IU considera “muy buena noticia para el pueblo saharaui y su lucha por la descolonización” la sentencia de la justicia europea que invalida los acuerdos comerciales de Marruecos con la UE.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4AD5jcMdc65rwS78M1ZFyzFFUtgV1ye2rCFoQ895D9B4YpIJmfLHbSluPMA1wsyfRZDCzdLjZcplIKz96pIh0Yu2NRVbVQKAC2dgyvXGHmkFIIQmDXWJP-NjB5TWyCOOy9ooQsDkvn9Z/s780/Corazon_Sahara_Libre-780x470.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW4AD5jcMdc65rwS78M1ZFyzFFUtgV1ye2rCFoQ895D9B4YpIJmfLHbSluPMA1wsyfRZDCzdLjZcplIKz96pIh0Yu2NRVbVQKAC2dgyvXGHmkFIIQmDXWJP-NjB5TWyCOOy9ooQsDkvn9Z/s320/Corazon_Sahara_Libre-780x470.png" width="320" /></a></div>Izquierda Unida valora como “muy buena noticia para el pueblo saharaui y su lucha por la descolonización” la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) conocida esta mañana sobre los acuerdos comerciales y pesqueros de Marruecos con la Unión Europea (UE)<p></p><p>Jon Rodríguez Forrest, responsable federal de Internacional de IU, apunta que el fallo de la instancia judicial europea “es muy claro al diferenciar entre el territorio marroquí y el territorio del Sáhara Occidental”, además de que “reconoce que para cualquier acuerdo relativo a este último debe negociarse directamente con el Frente Polisario, el único representante legítimo del pueblo saharaui”.</p><p>El dirigente federal destaca especialmente que, de esta forma, “se anulan los acuerdos europeos que reconocían de facto una autoridad marroquí sobre el Sáhara Occidental contraria al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas”.</p><p>“Desde Izquierda Unida -explica- consideramos muy positiva la sentencia y esperamos que se aplique de forma inmediata. De la misma forma, exigimos que la Unión Europea haga efectiva esta diferenciación entre los territorios de Marruecos y el Sáhara Occidental y la aplique en todos los ámbitos”.</p><p>Esta formación entiende que la decisión del Tribunal General de la Unión Europea respalda la postura que lleva décadas defendiendo en relación a que “el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui es una de las principales formas con las que Marruecos trata de perpetuar su ocupación del Sáhara Occidental”, algo de “debe terminar de forma inmediata”, señala su responsable de Internacional.</p><p>Rodríguez Forrest advierte, no obstante, de que “acuerdos similares al declarado ahora ilegal ya fueron anulados por la justicia europea y la UE ha tratado de volver a aprobar e implementar legislación que sigue ignorando la realidad del Sáhara Occidental. Esta sentencia debe acabar con esto para conseguir impulsar una política comercial y pesquera acorde al derecho internacional”.</p><p>El TGUE estima ahora que el papel y la representatividad del Frente Polisario le otorgan capacidad procesal ante el juez de la Unión. De ahí que el fallo haga constar de forma explícita que el Frente Polisario ‘goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental’, lo que le atribuye ‘autonomía’ y ‘responsabilidad’ en todo el proceso.</p><p>Pese a la importancia de esta decisión y el revés que supone para las ambiciones políticas y económicas de Marruecos, Jon Rodríguez Forrest recuerda que la situación en el Sáhara Occidental es “crítica”, ya que en los territorios ocupados existe “un aumento sin precedentes de la represión contra activistas, como el ejemplo de Sultana Khaya, tras el cambio en el status quo que impuso la anterior Administración de Donald Trump”.</p><p>De ahí también que para Izquierda Unida sea “más urgente que nunca” que España y la Unión Europea “asuman sus respectivas responsabilidades, reconozcan a la República Árabe Saharaui Democrática y trabajen realmente por una descolonización del Sáhara Occidental en línea con las resoluciones de Naciones Unidas”.</p>

Comunicados IU considera “muy buena noticia para el pueblo saharaui y su lucha por la descolonización” la sentencia de la justicia europea que invalida los acuerdos comerciales de Marruecos con la UE.

Izquierda Unida valora como “muy buena noticia para el pueblo saharaui y su lucha por la descolonización” la sentencia del Tribunal General ...

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El Tribunal Constitucional da la razón a Unidas Podemos y admite parte de su recurso al Real Decreto-ley de medidas urgentes de cláusulas suelo.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLxBePok1qjptq5nC-d8nnFbSA_pBtG6rjqZECyBi4p3TnXTzeR2wu4RR6ermdmrHVKUBxJzdDgi_XRERampbp80uu4NdQtYaBMes6SwWDDvPIqlxwDcIhiu2wxHcoNYYk3_xlVc2liFcv/s780/Captura-de-pantalla-2021-09-30-a-las-13.55.36-780x470.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLxBePok1qjptq5nC-d8nnFbSA_pBtG6rjqZECyBi4p3TnXTzeR2wu4RR6ermdmrHVKUBxJzdDgi_XRERampbp80uu4NdQtYaBMes6SwWDDvPIqlxwDcIhiu2wxHcoNYYk3_xlVc2liFcv/s320/Captura-de-pantalla-2021-09-30-a-las-13.55.36-780x470.png" width="320" /></a></div>El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Unidas Podemos y ha admitido parte del recurso de inconstitucionalidad en contra del Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo que la formación morada presentó en 2017 tras avalar el Gobierno de Mariano Rajoy un mecanismo insuficiente y extrajudicial para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 21 de diciembre de 2016.<p></p><p>El Tribunal Constitucional considera que no cabe la exención de pago de las costas judiciales a los bancos en determinados supuestos por ser contrarias al principio de igualdad y protección de los derechos de los consumidores que establece la Constitución.</p><p>También considera que no sólo son consumidores las personas físicas sino también las personas jurídicas sin ánimo de lucro que pudieran beneficiarse al reclamar extrajudicialmente las cláusulas suelo.</p><p>Además de la estimación parcial del recurso de Unidas Podemos, el voto particular de una de las magistradas comparte todos los criterios sobre la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley, algo que denota que el recurso es coherente con la doctrina constitucional y con la normativa y jurisprudencia de la Unión Europea en materia de derechos de los consumidores.</p><p>En 2013 el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo por abusivas y contrarias al derecho de los consumidores, tanto por normativa europea como española, si bien fijaba que las cantidades a devolver a los deudores hipotecarios (los consumidores) sólo se tenían que reintegrar desde la fecha de dicha sentencia y no antes. En 2016, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que esta medida tendría efecto retroactivo. Frente a esto, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el Real Decreto-ley 1/2017, que fue objeto del recurso de Unidas Podemos.</p><p>Esta norma tenía como objetivo una serie de medidas extrajudiciales para facilitar la devolución de cantidades indebidamente pagadas. En un periodo de tres meses los propios bancos tenían que notificarle al deudor la situación, un cálculo de las cantidades y una propuesta de solución. En el supuesto de que el consumidor fuese directamente a un procedimiento judicial y el banco se allanase a su demanda, el Real Decreto establecía que los bancos quedasen eximidos de pagar costas judiciales, algo que ha sido declarado inconstitucional (apartado 2 del artículo 4).</p><p>Asimismo, el Tribunal ha declarado inconstitucional y nula la definición de persona física (artículo 2.2) a los efectos de definir quiénes son consumidores, ampliando dicha categoría a las personas jurídicas sin ánimo de lucro.</p>

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El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Unidas Podemos y ha admitido parte del recurso de inconstitucionalidad en contra del Real Decr...

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