Izquierda Unida pide en Bruselas a la Comisión Europea que dé explicaciones por escrito sobre los retrasos en las vacunas y reclama más transparencia en los contratos

<div>La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Sira Rego, considera “insuficiente” el malestar mostrado ayer por la comisaria de Salud de la Unión Europea (UE), Stella Kyriakides, por el retraso en el suministro de las vacunas de AstraZeneca y considera que la Comisión Europea debe “exigir y garantizar que las farmacéuticas cumplan los plazos pactados” con el Ejecutivo comunitario y los Estados miembros, “en lugar de estar especulando con las dosis fabricadas en la UE, vendiéndolas al mejor postor”.</div><div><br /></div><div>“Seguimos esperando a que la Comisión Europea tome las riendas de este asunto. Desde nuestro punto de vista no era muy difícil prever que las farmacéuticas pudieran actuar como otras muchas multinacionales al principio de la pandemia y, una vez asegurados los contratos millonarios, actuaran en su máximo beneficio con el reparto de las dosis”, advierte Rego.</div><div><br /></div><div>Para la eurodiputada, “la opacidad en la firma de los contratos y la poca transparencia de la propia Comisión Europea han facilitado que ahora las empresas que están fabricando las vacunas, con financiación pública de la UE, piensen que pueden hacer lo que quieran”. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, ha vuelto hoy a hacer hincapié en que AstraZeneca y el resto de multinacionales deben responder a lo pactado con los Estados miembros, sin embargo, “siguen sin explicar cuáles van a ser las medidas que van a tomar si no los respetan”.</div><div><br /></div><div>Ante este panorama, Rego y el también eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda han registrado una pregunta parlamentaria en la que piden explicaciones escritas a la Comisión Europea y que detalle las razones del retraso en las vacunas: el de AstraZeneca, que comunicó una reducción del 60% en el suministro de dosis, sumado al incumplimiento de los plazos en que ya habían incurrido Pfizer y Moderna.</div><div><br /></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBk-qh-jn0G-b-wZCNKrHKyN11WvhGRhuLYEpkYTcZf8wmnZGNEpnwXSi8CWQtc-HbR01inqzadNL_3EUEJDyFrEN1wlw9OXM-7hOuiL2dEnH181cbRUEDHioTewId9o5E83xYZRfgqR7b/s780/vaccine-5895477_1280-780x470.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="241" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBk-qh-jn0G-b-wZCNKrHKyN11WvhGRhuLYEpkYTcZf8wmnZGNEpnwXSi8CWQtc-HbR01inqzadNL_3EUEJDyFrEN1wlw9OXM-7hOuiL2dEnH181cbRUEDHioTewId9o5E83xYZRfgqR7b/w400-h241/vaccine-5895477_1280-780x470.jpg" width="400" /></a></div>Los eurodiputados preguntan, en este sentido, cuáles son los motivos que están esgrimiendo las compañías para tener estos retrasos, aunque en el caso de AstraZeneca ya es conocido que ha enviado dosis fabricadas en la UE a otras partes del mundo.</div><div><br /></div><div>Estamos ante un incumplimiento claro de los contratos, que ha reconocido la propia Comisión en diferentes manifestaciones públicas. Pero se trata de una cuestión difícil de analizar puesto que todos los contratos, menos el de la compañía CureVac, se mantienen en secreto. Esta última dio el visto bueno a que la Comisión Europea hiciera público el contrato, ante la presión social y la protesta de un buen grupo de eurodiputados. Sin embargo, el contrato publicado no deja de ser un brindis al sol, puesto que toda la información clave queda oculta y tachada con recuadros negros.</div><div><br /></div><div>Sira Rego insiste en que “la transparencia es clave en un momento como este. Por eso desde el grupo parlamentario de La Izquierda en el Parlamento Europeo, en colaboración con multitud de agentes sociales y organizaciones, apoyamos la Iniciativa Ciudadana Europea para el acceso gratuito y universal a la vacuna contra el coronavirus”.</div><div><br /></div><div>Esta iniciativa, que se puede consultar en la página web noprofitonpandemic.eu/es defiende, entre otras razones, el acceso a los contratos para poder fiscalizar la acción de las farmacéuticas. Como todas las iniciativas europeas, requiere la firma de un millón de ciudadanos y ciudadanas de la UE para que la Comisión Europea se vea obligada a estudiar sus demandas e implementar políticas para satisfacerlas.</div>

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Unidas por Mérida pide al Consorcio de la Ciudad Monumental que aclare como afecta el cierre de los monumentos al personal que presta el servicio.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXhr_xh8_ZtQnmHD_t-TwVkYLMPOAkbOk3md-O7E32we-wPsct9s8F6b9sFhT05ojtKDd97a7341d6zwdQtlxWD0Bx3qd7tcOpJZsvQNWSDjwjDdp6gBFFBZoHd9m_uC-C7s3Gv4IgiyZS/s453/964758_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="453" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXhr_xh8_ZtQnmHD_t-TwVkYLMPOAkbOk3md-O7E32we-wPsct9s8F6b9sFhT05ojtKDd97a7341d6zwdQtlxWD0Bx3qd7tcOpJZsvQNWSDjwjDdp6gBFFBZoHd9m_uC-C7s3Gv4IgiyZS/w400-h300/964758_1.jpg" width="400" /></a></div>Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) pide a los responsables del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida que aclaren cuál será la repercusión del cierre los monumentos sobre los trabajadores y trabajadores vinculados con los servicios privatizados.<p></p><p>El anuncio del cierre al público de los monumentos que forman parte del Conjunto monumental gestionado por el consorcio abre algunos interrogantes sobre el modo en el que esta decisión afectará a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus funciones en algunos servicios, cómo por ejemplo, el servicio de taquilla, que fue objeto de privatización por los responsables del consorcio.</p><p>La privatización de servicios por parte del consorcio se tradujo en un empeoramiento inmediato de las condiciones de laborales y salariales del personal, entre los que se encuentran algunas personas discapacidad. A los bajísimos salarios que percibe este personal, se suma en estos momentos la incertidumbre por el cese de actividad de los servicios que se han visto interrumpidos.</p><p>Por este motivo, y sin entrar a considerar la decisión de cierre de los monumentos, pedimos al consorcio de la ciudad monumental, y al conjunto de las administraciones que forman parte del mismo, como son, el ayuntamiento de Mérida, la diputación, o la Junta de Extremadura, que tomen en consideración las medidas necesarias para que el cierre de los monumentos no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras.</p><p>La situación de precariedad laboral y salarial que sufren el personal que realiza estas funciones, se agrava aún más en situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad, y pone de manifiesto la incertidumbre que sufren las personas contratadas por empresas privadas que gestionan y ejecutan servicios que son competencia de las diferentes administraciones públicas.</p><p>Por todo ello, instamos al director y los responsables de la gestión del consorcio a que garanticen los derechos laborales de las personas que puedan verse afectadas por esta medida, dentro de las previsiones dispuestas por la normativa vigente.</p>

Notas de Prensa Unidas por Mérida pide al Consorcio de la Ciudad Monumental que aclare como afecta el cierre de los monumentos al personal que presta el servicio.

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Unidas por Mérida señala que el gasto social por habitante en Mérida es de los más bajos de España.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-ctnlYTCY5-Dc-6h64v516hBox-7-2dhezwpBsq0LnAoXoUF593VD_pyO7KH3RtqOT2Giyhn1bLGKLzVpOZV5w68eF0EblWY53l9zyiRUWuvWH18cF_T7ApvZBdwW9R-NLohp8dXduyQA/s1291/poblacion-riesgo-pobreza-2019--620x516.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1074" data-original-width="1291" height="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-ctnlYTCY5-Dc-6h64v516hBox-7-2dhezwpBsq0LnAoXoUF593VD_pyO7KH3RtqOT2Giyhn1bLGKLzVpOZV5w68eF0EblWY53l9zyiRUWuvWH18cF_T7ApvZBdwW9R-NLohp8dXduyQA/w400-h333/poblacion-riesgo-pobreza-2019--620x516.jpg" width="400" /></a></div>Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) indica que el Ayuntamiento de Mérida es uno de los ayuntamientos con menor gasto social, en el conjunto de ciudades con una población superior a 20.000 habitantes.<p></p><p>Al contrario de lo que presume el gobierno, el estudio publicado durante el pasado mes de diciembre por la Asociación Estatal de Directores y Gestores de Servicios Sociales recoge que los municipios en España con una población superior a 20.000 habitantes gastan 71,19€ por habitante en gasto social mientras que, en Mérida, este importe apenas alcanza la cifra de 41,68€.</p><p>Este dato, sobre el nivel de gasto social en nuestra ciudad, lleva a la Asociación Estatal de Directores y Gestores de Servicios Sociales a situar al ayuntamiento de Mérida entre los ayuntamientos de poblaciones de más de 20.000 habitantes que realizan un menor gasto social de España, al situar su gasto medio por habitante por debajo de 50€. </p><p>De este modo, del conjunto de los 384 municipios con más de 20.000 habitantes, Mérida ocupa el lugar 358 con respecto a la relación entre gasto social realizado y volumen de población, es decir, el 94% de los municipios que forman parte del estudio disponen de un gasto social por habitante superior al realizado por el ayuntamiento en nuestra ciudad.</p><p>Atendiendo a criterios técnicos, además, nuestra ciudad se llega a considerar como un municipio “pobre” en gasto social. Esto se debe, por un lado, a que su media del gasto ni siquiera alcanza el 60% en comparación con municipios similares del conjunto de España y, por otro lado, a que el 90% de las poblaciones de su categoría poblacional tienen presupuestos de servicios sociales por habitante superiores al de la ciudad de Mérida.</p><p>Los bajísimos niveles de gasto social que sufre nuestra ciudad se nos antojan aún más injustificados, si se ponen en relación con los elevados niveles de desempleo que padece la ciudad de Mérida y que, conjuntamente con estos, vienen a describir algunas de las claves del continuado deterioro de las condiciones de vida que afecta a una fracción cada vez más extendida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.</p><p>El análisis de los datos ofrecido por este estudio, evidencia la falta de implicación del PSOE en el impulso del gasto social en nuestra ciudad, al tiempo que demuestra la poca atención que dedica el gobierno de Rodríguez Osuna a un escenario social en el que la nota predominante es una desigualdad creciente y en ascenso.</p><p>La lectura de los datos que se han hecho públicos debe completarse con las continuas afirmaciones de un gobierno que no ha dudado en presumir de las excelencias de una política de gasto que en su momento arrojó un superávit de hasta 9 millones de euros, y que ha llegado a presentarse así mismo como el mejor gobierno de la historia de la ciudad de Mérida. A la vista de los datos, esta afirmación se nos antoja poco menos que como un insulto para todas aquellas personas que, a día de hoy, no disponen de lo imprescindible para garantizar unos niveles mínimos de bienestar.</p><p>Las declaraciones realizadas recientemente por el alcalde ,haciendo gala del incremento del gasto social en nuestra ciudad, nos devuelven la imagen de un gobierno autocomplaciente, que manipula la realidad en beneficio de sus propios intereses, realizando afirmaciones y diagnósticos que no tienen ninguna correspondencia con la realidad y que resulta ajena a la situación que vive buena parte de las personas que viven en Mérida.</p><p>En nuestra opinión, tras más de cinco años en el gobierno de la ciudad, el gobierno del PSOE debe hacer frente a su responsabilidad ante el deterioro de las condiciones de vida que se viene produciendo con carácter previo a la pandemia.</p><p>En definitiva, si la acción de gobernar se resume en gastar, para mejorar las condiciones de vida de las personas, y legislar, para proteger los derechos de todas, podemos concluir que las situaciones de desigualdad social de Mérida se sitúan fuera de las prioridades del gobierno actual. </p>

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IU denuncia la “abusiva e injustificable” subida de la electricidad y reclama tomar medidas para que la energía sea un derecho irrenunciable en un sistema donde prevalezca el control público.

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY4LObMSjdUK52KNmP9I-lBbFJhtk2sra_cS5NfLnwTSRd7XCaHvxqvr6U0IX7j5lylNsmUeImlDi3cI_ccaJfO-N85N1sXBT1GL_omlIpECmtkCgpQWoKKk41aCRhyphenhyphenfZxnmn3gXAQZ_lO/s800/C226pLvXgAASdiY.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="800" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY4LObMSjdUK52KNmP9I-lBbFJhtk2sra_cS5NfLnwTSRd7XCaHvxqvr6U0IX7j5lylNsmUeImlDi3cI_ccaJfO-N85N1sXBT1GL_omlIpECmtkCgpQWoKKk41aCRhyphenhyphenfZxnmn3gXAQZ_lO/s320/C226pLvXgAASdiY.jpg" /></a></div>Izquierda Unida denuncia la “abusiva e injustificable” subida del precio de la electricidad por parte de las grandes compañías de la energía que operan en España “hasta alcanzar niveles récord y convertirnos en uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea. Lo llevan a la práctica precisamente en plena ola de frío y nieve, y cuando buena parte de la ciudadanía debe sumar esta escandalosa subida a la vulnerabilidad que arrastra por las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, entre otros problemas”.<p></p><p>Para Sira Rego, responsable federal de Acción Política de IU y portavoz de esta formación en el Parlamento Europeo, “hemos llegado a una situación insoportable, que es consecuencia de los intereses económicos particulares del oligopolio eléctrico”.</p><p>La dirigente de Izquierda Unida considera “imprescindible” que “las distintas administraciones e instituciones competentes, entre ellas el Gobierno, analicen con detalle este grave problema y actúen de inmediato para que la energía sea un derecho básico irrenunciable, en su sistema de distribución y uso donde prevalezca el control público de la mayoría”.</p><p>Recuerda que IU siempre ha defendido “romper este dañino oligopolio” y apuesta por crear “una empresa pública y unas nuevas normas que contribuyan a adecuar el mercado para garantizar precios máximos a determinadas unidades familiares más vulnerables y garantizar cupos mínimos vitales de energía para, desde luego, alcanzar otro tipo de composición y usos energéticos”.</p><p>Para Rego, “aunque esta ola de frío aumente, como es lógico, la demanda eléctrica y la meteorología no esté siendo muy propicia para la generación de las renovables, incluso con un mercado del gas con precios en aumento por coyunturas externas, no se pueden justificar unos precios mayoristas que sobrepasan cualquier límite, como ocurrió ayer viernes, algo que no tiene un equivalente así en los países de nuestro entorno”.</p><p>Ante la magnitud del problema, Izquierda Unida plantea un conjunto de medidas, entre las que destaca:</p><p>1.    Cumplir con el punto 3.2 del Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para acometer una profunda reforma del mercado eléctrico que evite estas situaciones de precios extremadamente elevados.</p><p>2.    Que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra de forma efectiva y hasta las últimas consecuencias como organismo regulador y supervisor del sector energético una investigación para dilucidar con transparencia cómo han operado los productores en estos últimos días, para aclarar cualquier sospecha sobre posibles actuaciones anticompetitivas de algunos agentes del mercado, como se ha demostrado que ha ocurrido en otras ocasiones por parte de algunas compañías.</p><p>3.    Que en virtud de la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, el Ministerio para la Transición Ecológica intervenga de forma temporal, al menos hasta el final del estado de alarma, los precios de acuerdo a las excepciones que prevé el artículo 5 de dicha directiva.</p><p>4.    Que se diseñe una tarifa regulada real que sustituya a la actual (PVPC), y no desregulada y bajo los exclusivos criterios del mercado como ocurre en la actualidad.</p><p>Izquierda Unida considera que “de forma racional, serena y tras un adecuado análisis de los múltiples estudios profesionales existentes, debe modificarse un sistema de fijación de tarifas mayoristas del mercado eléctrico que en estos momentos está basado en una subasta que fomenta la especulación”.</p><p>La responsable federal de Acción Política de IU apunta que “lo que se pone de manifiesto de forma recurrente es que la configuración actual del mercado eléctrico y su excesiva concentración lo hacen ineficiente. Una vez más queda demostrado que se debe actuar para evitarlo”.</p><p>Izquierda Unida respaldó de forma clara en el Acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE un compromiso para reformar el actual mercado eléctrico, tal y como se plasmó en el punto 3.2.</p><p>“Desde IU entendemos -señala Sira Rego- que es el momento para que el PSOE cumpla con sus compromisos y se pueda abrir una mesa de trabajo para abordar el diseño del nuevo modelo de mercado eléctrico. Las actuales distorsiones solo benefician a las empresas productoras de electricidad y al oligopolio que lo controla de forma mayoritaria, en claro perjuicio de los consumidores, especialmente los más vulnerables”.</p><p>Rego recuerda también que más de 10 millones de consumidores domésticos están acogidos a la tarifa regulada (PVPC) y que para solicitar el bono social, además de acreditar la condición de vulnerabilidad, “se debe estar incluido en esa tarifa, que consiste básicamente en una indexación de la evolución del mercado eléctrico, es decir, está sometida a la volatilidad del mercado, por lo que el riesgo del precio no lo asumen las compañías comercializadoras, sino los propios consumidores”.</p>

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