Izquierda Unida reclama un sustancial incremento del personal docente de cara al próximo curso para garantizar una vuelta segura a los centros educativos.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiv-q1PP2SnDDj7pLtP-rhXppb1lJJJ-tyooRhglRvevntNTXIzwb-j7kDT4JNriV0T7_hzOkb9i8Zyjuz-ATeHeFLtosNVx2QmiXJCuRUgHfvuPsKUCdUO40N6U9jdiZpXezI2NTLt-qt/s1600/IU+educaci%25C3%25B3n.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="217" data-original-width="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiv-q1PP2SnDDj7pLtP-rhXppb1lJJJ-tyooRhglRvevntNTXIzwb-j7kDT4JNriV0T7_hzOkb9i8Zyjuz-ATeHeFLtosNVx2QmiXJCuRUgHfvuPsKUCdUO40N6U9jdiZpXezI2NTLt-qt/s1600/IU+educaci%25C3%25B3n.jpg" /></a></div> Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, reclama a los responsables de Educación de las distintas administraciones competentes un “sustancial incremento del personal docente en el próximo curso escolar”, para que pueda haber una “vuelta segura a los centros educativos” ante los riesgos derivados de la pandemia del coronavirus.<br /> <br /> Enrique Díez, responsable federal del Área, detalla que “consideramos que las administraciones educativas de las comunidades autónomas deben tomar de forma urgente una decisión realista, que pasa por aumentar un 30% el profesorado, además del personal no docente, es decir el personal sanitario, asistentes técnicos educativos y profesionales de educación social, tan necesarios para el control de las medidas sanitarias en las circunstancias actuales y el apoyo a una educación inclusiva”.<br /> <br /> Esta exigencia que lanza IU va en línea con la que hacen los sindicatos y las asociaciones de directores y directoras de Educación. CC.OO presentó recientemente un estudio donde evidenciaba que se necesitan cerca de 165.000 profesores y profesoras más para una vuelta al colegio con garantías.<br /> <br /> “Este aumento -analiza Díez-, supone alrededor del 15% del gasto total educativo, es razonable y perfectamente asumible por las administraciones educativas si colaboran y trabajan conjuntamente con la Administración Central, elevando la inversión en Educación del actual mínimo histórico al 4,84% del PIB”.<br /> <br /> El Área Federal de Educación de IU plantea que los recursos económicos necesarios para acometer esta actuación deben provenir de tres fuentes, “del ‘fondo covid’ de 1.600 millones de euros del Gobierno de coalición que se entregará en septiembre, de los fondos europeos específicos para Educación provenientes del acuerdo alcanzado esta misma semana para seis años y de los propios presupuestos de las consejerías de Educación de las comunidades, que deben hacer un esfuerzo específico para abordar esta crisis sanitaria-educativa”.<br /> <br /> Enrique Díez expone que el aumento de cupos debería destinarse a “conseguir desdobles y reducción de ratios, para alcanzar las medidas de distancia social necesarias para un curso escolar seguro. También para implementar medidas de educación inclusiva y de atención a la diversidad que permitan que ningún niño o niña se quede atrás”.<br /> <br /> “Es necesario prever -indica- que los centros escolares tengan capacidad para resistir los rebrotes de contagio que pudieran producirse, sin necesidad de tener que enviar a todo el alumnado a sus casas, lo que sería un grave problema escolar, social y familiar. Si no conseguimos reducir las ratios de alumnado, no podemos tener seguridad sanitaria”.<br /> <br /> De manera más detallada, el Área Federal de Educación de IU señala que el aumento excepcional del 30% del profesorado debe dedicarse a fortalecer la enseñanza pública en cuatro direcciones:<br /> <br /> a.- Un incremento mínimo general de dos docentes por cada línea del centro. A partir de ahí, deberían tenerse en cuenta las características propias del centro.<br /> <br /> b.- Un apoyo decidido a los centros en desventaja social, a los que se añadirían, además de esos dos docentes por cada línea de centro, otros dos de apoyo también por cada línea.<br /> <br /> c.- Apoyo a la escuela rural, a la que se aumentaría al menos un docente más en cada centro incompleto y en cada CRA, de acuerdo con las características de cada centro.<br /> <br /> d.- Aumento significativo de orientadores y PTSC, hasta conseguir la ratio de un orientador por cada 250 alumnos, tal como señalan los organismos internacionales.<br /> <br /> El responsable federal del Área de Educación de IU advierte de que “el curso escolar 2020-21 será un curso excepcional, con trabajo educativo fuera de lo normal. Hay que recuperar el tercer trimestre del curso pasado, sacar completo el que está por empezar, desarrollar un plan de refuerzo para el alumnado con dificultades, realizar un esfuerzo especial para el alumnado perjudicado por la brecha digital, una educación para la salud diaria y medidas de prevención sanitaria, disponer de un plan de contingencia por si aparecen rebrotes…”<br /> <br /> “Está claro que todo ello no se puede hacer con el mismo personal y medios que el curso anterior, ni siquiera con unos pocos recursos más”, indica. Sin embargo, denuncia que “sorprendentemente en las fechas en que nos encontramos la mayoría de comunidades siguen sin anunciar de manera clara que vayan a aumentar sustancialmente el personal docente y no docente en los centros públicos”.<br /> <br /> Enrique Díez critica que las decisiones se están tomando “sin contar con el profesorado y sus sindicatos representativos, ni con la comunidad educativa. Es un error muy grave, ya que no será posible desarrollar un curso ‘normalizado’ si no se cuenta con el profesorado, pieza clave en los centros educativos y, muy especialmente, en esta época de crisis sanitaria”.

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Unidas por Mérida propone cambiar el nombre de la Avenida Juan Carlos I, por el de Avenida 8 de Marzo.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwemeQ625JW_GELII3G5Sg3WS59B2578KTbYhwf3uK6Upx5Bqn0qns8nm1uDGQJ_zV7j5o0Z0vahyphenhyphen6RnTmuhym3IKRypy1ZRCDWX_ax5vEkq9BOBYiLqe1rWXAuwajyq-hP9VNbl8ycpTv/s1600/AVENIDA-JUAN-CARLOS-I-1536x864.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1536" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwemeQ625JW_GELII3G5Sg3WS59B2578KTbYhwf3uK6Upx5Bqn0qns8nm1uDGQJ_zV7j5o0Z0vahyphenhyphen6RnTmuhym3IKRypy1ZRCDWX_ax5vEkq9BOBYiLqe1rWXAuwajyq-hP9VNbl8ycpTv/s400/AVENIDA-JUAN-CARLOS-I-1536x864.png" width="400" /></a></div> Unidas por Mérida (Izquierda Unida - Podemos) ha registrado una proposición ante el pleno para cambiar el nombre de la Avenida Juan Carlos I por el de Avenida 8 de Marzo.<br /> <br /> La decisión de nombrar una vía pública obedece al ánimo de honrar a aquellas personalidades, vecinos, fechas o acontecimientos que por los méritos que se les atribuyen o por su significación histórica, política, cultural o social, son considerados dignos de mención y reconocimiento. Esta intención, requiere que las personalidades y vecinos y vecinas o acontecimientos que se recojan en el callejero de nuestra ciudad representen valores y actitudes merecedores de imitación y respeto, conforme a un criterio de ejemplaridad y prestigio social.<br /> <br /> Los episodios de la vida pública y privada que en los últimos años han alcanzado relevancia en los medios de comunicación social con respecto a la figura de Juan Carlos I de Borbón muestran, en nuestra opinión, elementos de juicio suficientes para establecer una duda razonable sobre el cumplimiento de esos requisitos de ejemplaridad por la persona del Rey Emérito, a la vista de los comportamientos poco edificantes que ha protagonizado el Rey Emérito, por lo que la conveniencia de dar continuidad a su presencia dentro del callejero de nuestra ciudad se nos antoja, cuando menos, cuestionable.<br /> <br /> En estos términos, las reivindicaciones de toda índole que exigen la igualdad real de derechos entre hombre y mujeres, se han convertido en la expresión de una demanda que aglutina a sectores cada vez más amplios de la sociedad española, que aspiran a que la igualdad se convierta en una realidad más allá de declaraciones formales.<br /> <br /> La enorme presencia que han ocupado las políticas de igualdad en la agenda política de nuestro país, ha centrado la atención de la sociedad española sobre las cuestiones de igualdad y género, hasta un punto que resulta inaudito en la historia de España, y pone de manifiesto un fenómeno que consideramos digno de mención y celebración.<br /> <br /> Así, entendemos que la causa a la que ahora nos referimos habitualmente como el 8-M, debe obtener un reconocimiento explícito por parte de la administración municipal, al considerar que la lucha por la igualdad derechos entre el hombre y la mujer sí reúne los requisitos suficientes de ejemplaridad y relevancia social que le hacen ser considerado como un movimiento digno de reconocimiento.<br /> <br /> De este modo, consideramos que la retirada de la figura de Juan Carlos I de nuestro callejero y su sustitución en favor de la reivindicación de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, resulta más acorde con el sistema de valores y el reconocimiento social en el que puedan reconocerse la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.<br /> <br /> Por todo ello, instamos al conjunto de las fuerzas políticas con representación en el pleno a votar favorablemente para la aprobación de esta iniciativa.

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El Grupo Municipalista de IU-Podemos-Comuns en la FEMP ve “insuficiente” la propuesta de Hacienda sobre el superávit ya que supone un frenazo a las expectativas de los ayuntamientos.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Ty1mZ3TPYqCMtHGuQUB6pUHLcwSV6LYHSkMw0DCMrmJbTr-WQXMFe-07D2L0HOmYAHarMAqA4bnIVzzPJi3545IfpeSfSBFtpk3oTuYs7ZsxqLErRKTn2xpxpq-v4l3QEGV6KwbiiUtM/s1600/logo-grupo-FEMP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Ty1mZ3TPYqCMtHGuQUB6pUHLcwSV6LYHSkMw0DCMrmJbTr-WQXMFe-07D2L0HOmYAHarMAqA4bnIVzzPJi3545IfpeSfSBFtpk3oTuYs7ZsxqLErRKTn2xpxpq-v4l3QEGV6KwbiiUtM/s400/logo-grupo-FEMP.jpg" width="400" /></a></div> El Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias ha elaborado el siguiente comunicado para valorar las informaciones aparecidas en los medios sobre la propuesta concreta que el Ministerio de Hacienda habría trasladado a determinados responsables de la FEMP para que los ayuntamientos puedan gastar una parte de su superávit en cuestiones relacionadas con la Agenda Urbana, la movilidad sostenible, la cultura y los cuidados.<br /> <br /> En esta misma línea, el portavoz del grupo y alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, adelanta “nuestra intención de actualizar una solicitud de reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su día se comprometió a mantener reuniones periódicas con la FEMP para abordar cuestiones como ésta”.<br /> <br /> 1.- El Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns no tiene conocimiento directo por escrito de la propuesta de acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP. En todo caso, de las informaciones aparecidas se desprende que va en una dirección distinta a los datos que habíamos ido recibiendo sobre el desarrollo de las negociaciones.<br /> <br /> 2.- Valoramos que este acuerdo no soluciona los problemas de financiación que arrastran los ayuntamientos desde hace ya demasiado tiempo.<br /> <br /> 3.- Los ayuntamientos han estado desde el primer momento y lo siguen ahora a la vanguardia para hacer frente a la emergencia sanitaria. Desean que también sea así de cara a la reactivación económica y social de sus municipios, para lo que deben disponer de recursos suficientes que den respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Es necesario, por tanto, que los ayuntamientos dispongamos de todo el superávit, al tiempo que se aporten soluciones para aquellos municipios que no cuentan con él. De lo conocido hasta ahora, sí vemos de forma positiva que se prevea un fondo extraordinario para compensar el déficit del transporte municipal y que haya un mecanismo que permita gastar a los ayuntamientos con problemas de liquidez.<br /> <br /> 4.- Consideramos que la propuesta en la cuestión fundamental del uso del superávit supone una ‘nueva recentralización’ y es un enorme retroceso para el municipalismo y la defensa de la autonomía local.<br /> <br /> 5.- No podemos compartir el acuerdo en los términos conocidos porque, además, no va en la misma dirección que el acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos cuando señala que ‘Ampliaremos las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado’.<br /> <br /> 6.- Supone también un claro retroceso con respecto a los acuerdos alcanzados en la propia FEMP con un amplio consenso, en relación a ‘Que el Gobierno de España, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, flexibilice la regla de gasto para todas las Entidades Locales con superávit, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la referida Ley Orgánica’.<br /> <br /> 7.- Nuestra posición, a la espera de poder confirmar de manera directa todo el contenido de esta propuesta, es que se trata de un acuerdo claramente insuficiente y supone un frenazo para las expectativas y reivindicaciones munipalistas para esta legislatura.<br /> <br /> 8.- Es imprescindible mantener nuestra exigencia para la derogación de la denominada ‘ley Montoro’ y todas las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y, en concreto, de la regla de gasto. Solo así se podrán abordar con garantías las políticas necesarias para responder a la grave situación que estamos viviendo. Los Ayuntamiento no solo deben disponer de todos sus ahorros, sino que deben hacerlo sin limitaciones a cuestiones relacionadas con la agenda urbana. Es fundamental que se elimine la limitación de gasto para la contratación de empleados públicos, lo que permitiría reforzar las plantillas municipales para hacer frente a nuevos retos sin abrir la puerta a la privatización de servicios.

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El Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias ha elaborado el siguiente comun...

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IU traslada a la Comisión Europea el acoso judicial de VOX al Gobierno de coalición de España.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8GjAgTIPUBNc4qSXsbUrwneZsKhzWUKEttdTiG3ExwFOxoqY7inU90g7rr_IDGiBNiUoewvcXwBpY0EmfDQkwDzCD9RCuIVTiw3f0LIt-NPpCteCLPw6-S1VfpFa-6SI1sE9Fh5S4zv8B/s1600/manu-sira.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="780" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8GjAgTIPUBNc4qSXsbUrwneZsKhzWUKEttdTiG3ExwFOxoqY7inU90g7rr_IDGiBNiUoewvcXwBpY0EmfDQkwDzCD9RCuIVTiw3f0LIt-NPpCteCLPw6-S1VfpFa-6SI1sE9Fh5S4zv8B/s400/manu-sira.jpg" width="400" /></a></div> Los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manu Pineda han trasladado a la Comisión Europea el acoso judicial al que está sometiendo el partido de extrema derecha VOX al Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La formación ultra y sus organizaciones afines han interpuesto 36 denuncias y 15 querellas contra el Ejecutivo desde que comenzó la legislatura, algo que en el artículo 54 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea podría estar contemplado como abuso de derecho.<br /> <br /> “Desde que se anunció la formación del Gobierno de coalición la extrema derecha no ha escondido en ningún momento que pretende emplear cualquier vía posible para derrocarlo y han sumado la vía judicial a los constantes ataques verbales, las mentiras y los bulos. El único objetivo de todo esto es torpedear la acción de gobierno y poner en cuestión su legitimidad”, explica Rego.<br /> <br /> “Nos interesa mucho el posicionamiento de la Comisión Europea en este tema porque la lawfare es un fenómeno utilizado por las derechas y ultraderechas en América del Sur para derrocar gobiernos legítimos salidos de las urnas. El PP utilizó esta herramienta en el pasado para cuestionar leyes como el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la virulencia con la que se están empleando VOX y sus organizaciones ultracatólicas afines debería preocupar a Bruselas”, dice Pineda.<br /> <br /> En una preguntaparlamentaria, los eurodiputados ponen como ejemplo que VOX pretenda anular la investidura con una querella contra el Gobierno por la fórmula empleada por 29 diputados durante su toma de posesión, el acoso y derribo al Gobierno por el Decreto de estado de alarma y las medidas para combatir la pandemia del COVID-19, o la criminalización del 8-M.<br /> <br /> “Estas denuncias ponen en cuestión desde el legítimo nombramiento del presidente del Gobierno hasta las medidas tomadas, como en otros Estados miembros, para proteger la salud y el bienestar de las familias trabajadoras durante el estado de alarma”, dicen en su pregunta.<br /> <br /> Para Rego, “es una estrategia de manual de la extrema derecha”. “Cuestionan los principios más básicos de nuestra democracia para generar la sensación de que existe un problema, socavan en cada declaración el estado de derecho y los derechos fundamentales, abren debates superados, riegan las redes de bulos y judicializan las acciones del Gobierno para reforzar su posición. Finalmente, apelan a la idea de que vivimos en una dictadura”.<br /> <br /> Pineda, por su parte, encuentra “muchas semejanzas” entre la actuación de VOX y el comportamiento de la oposición en países como Venezuela o Bolivia: “Es un tema que creo que merece una reflexión. Debemos analizar qué tipo de lazos tiene la extrema derecha de nuestro país con la oposición venezolana, con el gobierno golpista de Bolivia o, por ejemplo, con el neofascista Bolsonaro”.<br /> <br /> “Se parecen hasta en el discurso: hablan de dictadura, de gobierno ilegítimo y califican al presidente del Gobierno de tirano o de usurpador. Es el mismo lenguaje que emplean Juan Guaidó y Leopoldo López, o el que utilizaba la golpista Jeanine Áñez contra Evo Morales”, asegura.

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