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1) Acordar un paquete de medidas de impulso de la economía real, dirigido a crear empleo. Fijar un objetivo cuantitativo para la creación de empleo con el mismo rigor que el adoptado para la reducción del déficit.

2) No autorizar ningún ERE presentado por empresas con beneficios, tanto si la responsabilidad de su autorización recae sobre la Administración Central, como si compete a las Administraciones Autonómicas.

3) Establecer un compromiso institucional por parte de todas las Administraciones Públicas en defensa de los servicios públicos (con especificaciones evaluables al menos para la Educación y la Sanidad públicas y para la aplicación de la Ley de Dependencia). Cumplir con el traspaso de las dotaciones económicas previstas para las CC.AA. y agilizar la presentación de la nueva Ley de Financiación Local.

4) Acordar el pago inmediato por parte de todas las Administraciones Públicas de las deudas contraídas con los proveedores y garantizar que ese pago llega a las subcontratas. Financiar ese pago a través del ICO en caso necesario.
5) Acordar medidas legales urgentes para impedir el desahucio de las personas que no puedan pagar sus hipotecas como consecuencia del paro.

6) Crear un stock de vivienda pública destinada al alquiler moderado como vía para desbloquear la situación del mercado inmobiliario.

7) Acordar medidas urgentes de reforma fiscal para financiar la disminución del déficit público y su coste, basadas en los principios de justicia fiscal y progresividad.

8) Acordar un paquete de medidas a proponer a la Unión Europea para hacer frente de forma eficaz y colectivamente a las amenazas especulativas contra la deuda soberana de los países miembros.

9) Tomar las medidas necesarias, incluida la nacionalización, para evitar que la deuda externa de las instituciones financieras se convierta en una amenaza para la deuda  soberana y en una excusa para la imposición de medidas de rescate.

10) Trasladar todos estos acuerdos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 con el compromiso del respaldo legislativo de las fuerzas firmantes

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