IU-Mérida propone la revisión del contrato del agua para vincular su precio al incremento de los salarios e introducir criterios de proporcionalidad.

Izquierda Unida-Mérida considera que la políticas de precios que debe establecer el pliego de condiciones del contrato para la concesión del servicio públicos de agua debe establecer una revisión de precios en virtud de criterios objetivos que vinculen el incremento del coste del servicio con la evolución de los salarios.

Desde IU-Mérida queremos recordar que las administraciones públicas disponen de la prerrogativas para modificar los contratos de adjudicación por motivos de interés público, contemplada en la ley para la revisión de los contratos de adjudicación para la gestión de servicios públicos, por lo que existen herramientas legales para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Esto significa que si la corporación local no modifica las condiciones de adjudicación en el sentido que hemos señalado es simplemente porque carece de voluntad para ello.

Si bien es cierto que esta medida disminuiría los beneficios de la empresa, por otra parte, entendemos que la provisión  de un bien de primera necesidad -como es el agua- debe supeditarse a los criterios de interés general y no los del beneficio empresarial.

En este sentido, es igualmente razonable que la modificación de las condiciones de adjudicación por motivos de interés público para la introducción de bloques de facturación que vinculen de modo proporcional el volumen de cantidad consumida por usuarios y empresas y el precio por unidad a pagar.

El sistema de tarifas actual incentiva el aumento del consumo de agua, que es un bien necesario, a la vez que escaso, ya que cuanto mayor es el consumo, menor es el precio por unidad. Esta filosofía equipara la provisión de un bien esencial con la mercantilización de cualquier otro producto en régimen de oferta y demanda, lo que en nuestra opinión pone de manifiesto cual la filosofía de administración de los servicios públicos por parte de los distintos gobiernos del PP y del PSOE.

Por todo ello, consideramos que   la introducción de estas dos medidas equipararíamos la evolución de los precios con la capacidad adquisitiva del consumidor, a la vez que introduciríamos elementos de proporcionalidad en las tarifas, de tal modo que pagaría más el que más consumiera.