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Izquierda Unida-Mérida pide al equipo de gobierno que lleve a cabo la readmisión de los conserjes  tras la declaración de su improcedencia por sentencia judicial.

El sentido de la sentencia emitida por el juzgado correspondiente declarando la improcedencia de los despidos de los conserjes que desempeñaban sus tareas en diferentes colegios públicos de nuestra ciudad pone en entredicho la decisión del gobierno municipal y lesiona los intereses de la hacienda municipal.

Tras el dictado de esta sentencia, el Ayuntamiento sólo tiene dos opciónes, o bien la readmisión de los trabajadores despedidos, o la liquidación de la correspondiente indemnización de 45 días por año trabajados, junto con el importe de todas las mensualidades que los despedidos hayan dejado de cobrar desde la rescisión del contrato hasta la fecha en la que se haya notificado la sentencia, tal y como establece el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

El despido de los trabajadores, no sólo es ilegal, según muestra la decisión judicial, sino que perjudica gravemente el correcto funcionamiento de los centros educativos afectados, entre los que se encuentran centros como el Colegio Público Antonio Machado o Trajano, que por su características o saturación de alumnos han sufrido especialmente las consecuencias de estos despidos.



La readmisión de los trabajadores supondrá la mejora de las condiciones en las que los centros públicos podrán desarrollar sus funciones, así como el ahorro de las indemnizaciones y salarios de tramitación debería asumir el Consistorio para llevar a efecto los despidos, cuyo importe supondría un perjuicio para las arcas municipales.

No obstante, debemos recordar que el artículo 25.2.m de la ley 7/1985, establece la obligación de las entidades locales de participar en el sostenimiento de los centros educativos.

En sentido entendemos que la decisión adoptada por el delegado de educación de llevar a cabo la rescisión de los contratos afectados ha supuesto un perjuicio en  términos de deterioro del servicio  que prestan los centros educativos de nuestra ciudad, así como una carga para la hacienda municipal.

Por todo ello, tanto por razones de legalidad, servicio público, y economía, instamos al equipo de gobierno a que readmita a los trabajadores injustamente despedidos    

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