Izquierda Unida-Mérida ha solicitado al Ayuntamiento la documentación acreditativa del coste que ha supuesto para las arcas municipales la instalación y retirada de las cámaras de vigilancia que se situaron en la calle Marquesa de Pinares y en la Avd. Juan Carlos I para controlar el estacionamiento de vehículos en segunda fila.
La rectificación por parte del consejero municipal de tráfico deja entrever un cierto grado de improvisación en la adopción de una medida que finalmente no se ha llevado a cabo, y que por otra parte, habrá supuesto un desembolso inútil para el Ayuntamiento.
Resulta sorprendente que un equipo de gobierno tan preocupado, inicialmente, por el ahorro y la restricción del gasto adopte una aptitud de un modo tan superficial.
Por otra parte, nos gustaría recordarle que dentro del conjunto de órganos de para el gobierno y administración de nuestro Ayuntamiento se incluye una comisión con competencias en tráfico que, a nuestro juicio, resulta uno de los espacios más idóneos para confrontar y poner en común las decisiones en materia de tráfico entre el equipo de gobierno y el resto de las fuerzas políticas con representación en la corporación municipal.
En estos términos, animamos al señor Balastegui a que considere la consulta a los diferentes colectivos y asociaciones que de algún modo pueden verse afectados como un mecanismo previo a la adopción de las distintas decisiones, y no con carácter posterior a su puesta en marcha.
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