Izquierda Unida-Mérida pide al equipo de gobierno que asegure el empleo de los trabajadores que actualmente desarrollan sus funciones en los servicios que sometidos a procesos de privatización.
La situación de destrucción constante de empleo que vive nuestra ciudad supone colocar a las personas que pierden su empleo ante un escenario de desahucio laboral, y precariedad que afecta directamente a la estabilidad económica y social de las familias emeritenses.
La imposibilidad de creación de empleo por parte del sector privado sitúa al mantenimiento del empleo público como un imperativo para el sostenimiento de la demanda y de contención de las cifras del paro en nuestra ciudad.
Los procesos abiertos por el gobierno local para la privatización de algunos servicios públicos, como son la Ciudad Deportiva y la EMT, sugieren un futuro laboral para los trabajadores replete de incertidumbres e inseguridad laboral, que debe ser resuelto por el equipo de gobierno municipal garantizando el mantenimiento de los empleos.
El mecanismo más habitual para reducir el coste de los servicios privatizados es la disminución del número de trabajadores que desempeñan sus funciones en estos servicios, lo que en nuestra opinión desmiente la idea según la cual la gestión privada resulta más eficiente que la realizada directamente desde el Ayuntamiento.
Por ello, exigimos que el equipo de gobierno incluya cláusulas para la protección de los puestos de trabajo en los pliegos que sirven de fundamento para la adjudicación de la gestión de los servicios y empresas públicas que en la actualidad están incursos en procesos de privatización.
El principio de eficiencia en la mejora de la gestión de los servicios públicos presupone la adopción de medidas que permitan mejorar el servicio al mismo coste, o reducir el volumen de gasto prestando los mismos servicios, algo que de ninguna manera podrá conseguirse a través de la privatización de los servicios públicos.
Así, desde IU-Mérida reiteramos nuestro rechazo a la privatización de los servicios públicos, ya que sacrifican el derecho al trabajo a favor de una disminución de los costes que no es producto de la mejora de la gestión, sino del aumento del paro y de la disminución de las condiciones de vida de las familias.
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