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Izquierda Unida-Mérida afirma que la decisión hecha por la Consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, de no asumir la gestión del Conservatorio de Música ubicado en Mérida supone un incumplimiento expreso de la legislación vigente.

La distribución legal de competencias que debe asumir cada una de las administraciones públicas se encuentra definida por las respectivas disposiciones legales y normas con rango de ley, lo que supone que es de obligado cumplimiento, y que en todo caso, su vulneración debe conllevar la consiguiente responsabilidad que señale la ley.

Las declaraciones de la Consejera de Educación y Cultura, negando su disposición a que la Junta de Extremadura asuma la gestión del Conservatorio “Esteban Sánchez”,  pone de manifiesto el desprecio de por parte de la Consejera a la legislación vigente, incluso en aquellos casos referidos a leyes aprobadas con el apoyo del Partido Popular.

El hecho de que la competencia esté atribuida por legalmente a la Junta de Extremadura convierte en irrelevantes la declaraciones de la Consejera, ya que no cabe ningún tipo de consideración política, sino el cumplimiento de la ley y del régimen legal de atribución de competencias.

De este modo, negativa por parte de la Consejería de Educación y Cultura a asumir las competencias que les son propias, podrías conllevar responsabilidades legales, ya que supone un incumplimiento consciente de la legislación vigente.

Así, debemos señalar que el artículo 114.3 de la Ley de educación de Extremadura atribuye expresamente la competencia sobre la gestión de los Conservatorios de Música a la administración educativa, en este caso a la Junta de Extremadura.

Del mismo modo, el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el que se señala expresamente “La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.”

Desde aquí, queremos recordar a la Consejera de Educación, que el cumplimiento de la legislación vigente se encuentra por encima de sus opiniones, por lo que las declaraciones que ha emitido le sitúan por debajo de la dignidad del cargo que ocupa.

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