Izquierda Unida-Mérida afirma que el Grupo Abeto, como concesionaria del servicio de limpieza de centros públicos municipales vulnera los derechos retributivos de las trabajadoras.
Las trabajadoras adscritas al servicio de limpieza de centros públicos verán reducida su masa salarial en más de 650 euros en algunos casos, tras la privatización de este servicio por parte del Ayuntamiento de Mérida, a favor del Grupo Abeto.
Esta circunstancia supone una vulneración expresa de las condiciones establecidas en el pliego general de condiciones administrativas y el pliego técnico que rige las condiciones en las que debe ejecutarse la prestación del servicio.
Así, la normativa que establece la ejecución del contrato explicita que en ningún caso el personal municipal transferido temporalmente a este empresa durante el tiempo en el que esté vigente la privatización de la gestión del servicio podrá ver disminuidos sus derechos económicos y laborales.
Así, la empresa concesionaria ha querido maquillar el recorte salarial practicado mediante el abono de un concepto extrasalarial, concretamente un plus de transporte, que no es cotizable, por lo que no tendrá repercusión ni a efecto de jubilación, ni desempleo, ni de ninguna otra prestación, lo que si bien no supone un recorte en el importe de la nómina, implica a la hora de calcular los importes a percibir en caso de despido, jubilación o baja temporal, que tendrá como base de cálculo una cifra más baja que anteriormente.
Esta situación pone de manifiesto el incumplimiento de las cláusulas legales que obligan a la empresa concesionaria a la hora de lleva a cabo la gestión de este servicio, del mismo modo que sirve de ejemplo para ilustrar la forma en la que los procesos de privatización abaratan el coste únicamente a costa de los derechos y al seguridad económica de los trabajadores y de sus familias.
En este sentido, debemos señalar que hasta la fecha la pauta que define al actitud del equipo de gobierno ante los sucesivos incumplimientos legales y contractuales de la empresa adjudicataria ha sido la pasividad y la connivencia en sintonía con los intereses de la empresa, y en perjuicio de la protección de los derechos de las trabajadoras afectadas.
Por todo ello, instamos a la Junta de Gobierno Local, como órgano competente en la materia a que cumpla las atribuciones que le asigna la legislación vigente y haga cumplir la ley y garantizar los derechos de las trabajadoras afectadas por los incumplimientos de la empresa.
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