IU-Mérida afirma que la privatización de la ciudad deportiva no garantiza el mantenimiento de los empleos existentes.

Izquierda Unida-Mérida afirma que las condiciones incluidas para la privatización de la Ciudad Deportiva no asegura el mantenimiento de los puestos de trabajo que en la actualidad se incluyen en la prestación de este servicio.

Según consta en el apartado, 11.C del pliego de condiciones administrativas particulares que determinan las condiciones para la adjudicación de la gestión de Ciudad Deportiva, el mantenimiento de los puestos de trabajo de los interinos que actualmente desempeñan sus funciones en dichas instalaciones no tendrá en ningún momento un carácter obligatorio, sino que simplemente se valorará dentro del conjunto de la oferta presentada por las respectivas empresas.

Así, la conservación de los empleos no se contempla como un requisito, sino como una posibilidad a valorar por las empresas que quieran optar a la privatización de este servicio, por lo que según los pliegos publicados, el mantenimiento del empleo no es una prioridad en la privatización de este servicio.


Tal y como hemos señalado en anteriores ocasiones, este situación supone que la disminución del personal, y por tanto el despido de parte de la plantilla, se plantea por parte del equipo de gobierno como una de las estrategias fundamentales para disminuir el coste del servicio de cara a la empresas que se presenten para participar en el proceso de privatización.

Esto supone que, en contra del mensaje mantenido por el Partido Popular en Mérida, la disminución del coste no se obtendrá como resultado de la mejora de la gestión por parte de las empresas que se presenten al proceso de privatización, sino que tendrá lugar a costa de los derechos de los trabajadores, hasta el punto de incluir el despido de una parte de la plantilla.

Así, el escenario en el que son sitúa el equipo de gobierno como órgano competente para la adjudicación del contrato supone que el PP antepone la disminución del coste de los servicios frente al mantenimiento del empleo en una ciudad en el que el número de desempleados supera la cifra de los 8.000 personas.

Desde IU-Mérida queremos señalar que, si bien los Ayuntamientos no gozan de las competencias y los recursos necesarios para hacer frente de un modo efectivo al problema del desempleo, una cosa es mostrar su incapacidad legal y presupuestaria para luchar contra el desempleo, y otra bien distinta es que sea la propia iniciativa municipal la que genere el aumento del paro en nuestra ciudad.

Por todo ello, afirmamos que el proceso de privatización planteado por el Partido Popular es contrario a los intereses de esta ciudad y de los trabajadores que desempeñan sus funciones en las instalaciones afectadas.