Izquierda Unida-Mérida muestra
su apoyo a la acción simbólica realizada por los miembros del colectivo “La Trastienda” en el
centro comercial Carrefour de Mérida con el objeto de denunciar la grave crisis
de subsistencia que sufren gran número de familias en Mérida y en Extremadura.
Para
IU-Mérida, la polémica que pueda suscitarse no debe centrarse en la posible
legalidad o ilegalidad de los hechos acontecidos, si no en las respuestas que
debe articular la sociedad y los poderes públicos frente a la situación de las
familias que padecen situaciones de pobreza extrema, e incluso desnutrición;
cuales son las cuales las soluciones que se deben adoptarse.
La iniciativa
llevada a cabo el pasado viernes por los miembros de este colectivo no supone
un fin en sí mismo, sino que tiene como finalidad la denuncia del sufrimiento que
padecen gran número de familias en
Mérida y en Extremadura como consecuencia de la crisis económica, así como de
las políticas de recortes sociales llevadas a cabo por los distintos gobiernos
del PP y el PSOE desde 2008, así como la
utilización de la crisis como excusa para desmontar los sistemas de protección
social propios del Estado del bienestar.
El
carácter de protesta que caracteriza esta acción subraya las diferencias que
pueden existir entre lo legal y lo correcto, de modo que las decisiones
adoptadas por los distintos gobiernos desde el comienzo de la crisis gozan de
legalidad, pero carecen de legitimidad social desde el preciso momento en el
que perjudican a una inmensa mayoría de la población, mientras los causantes
del desplome de la calidad de vida de los ciudadanos continúan sin responder
por su responsabilidad en todo lo ocurrido en los últimos cinco años. Una
circunstancias que se agrava en la actualidad debido a los continuos e
intencionados incumplimientos electorales del Partido Popular.
Queremos señalar que no se han producido daños personales ni materiales, ni se ha cometido ningún tipo de robo o sustracción, lo que evidencia el carácter simbólico de la iniciativa y su carácter como instrumento de denuncia por la incapacidad de las políticas llevadas a cabo por los partidos mayoritarios para garantizar satisfacción de las necesidades básicas de un segmento cada vez mayor de la población.
Finalmente,
exigimos a los responsables del ejecutivo regional que centren sus esfuerzos en
acometer las medidas necesarias para solventar el deterioro de las condiciones
básicas de vida de la población, en lugar de perder el tiempo con debates estériles
sobre la legalidad de las acciones emprendidas en los últimos días.
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