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Izquierda Unida-Mérida ha presentado alegaciones a la modificación de la ordenanza reguladora del precio público para el transporte público de pasajeros con la intención de introducir la gratuidad del transporte urbano para todas aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo.

La terrible situación económica de gran parte de los desempleados tiene entre otras consecuencias que muchos de ellos no puedan costearse el transporte, ya sea público o privado, debido al bajísimo nivel de protección que procura el sistema público de prestaciones y subsidios para desempleados, que  durante la mayor del tiempo en el que se extiende, se limita a proporcionar  un importe del 50% del salario que percibía el trabajador antes de ser despedido.

Los beneficiarios de esta medida comprendería a los desempleados –con y sin prestación- y  los hijos menores de 16 años, no emancipados.

Esta medida tiene como finalidad el libre acceso a este servicio garantizando el derecho a la movilidad, e incrementaría el salario social que deben percibir aquellas personas con menor renta, de acuerdo con el papel de redistribuidor de la renta, bienes y servicios que da sentido a la existencia del sector público.

Por otro lado, la implantación de esta medida, no sólo aumentaría el acceso a los servicios públicos a favor de los parados, sino que además supondría un gasto muy escaso para las arcas municipales ya que la inmensa mayoría de los parados y sobre todos los que no tienen acceso a ningún tipo de prestación no acceden al transporte público debido al bajísimo nivel de los ingresos que perciben,

Por todo ello, instamos a las fuerzas políticas con representación en el pleno a que hagan suya nuestra propuesta y procuren su aprobación.

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