IU-Mérida pide a Daniel Serrano que explique el despido improcedente de otro trabajador de la EMT.

Izquierda Unida-Mérida exige  al Consejero Delegado del Consejo de Administración de la EMT que aclare las circunstancias que determinaron el despido en fraude de ley de un empleado de la Empresa Municipal de Transporte.

El equipo de gobierno, no sólo vulnera el trámite que establecen los Estatutos Sociales de la EMT, sino que además es condenado por despido improcedente a pagar una indemnización de 1229,63 euros por despido improcedente, así como el importe equivalente a los salarios no percibidos por el trabajador desde que fue cesado en su puesto con fecha del 1 de diciembre de 2011, hasta la actualidad, a razón de 54,65 euros el día, lo que supone una cantidad de 16.586, 28 euros..

En nuestra opinión, vuelve a  ponerse en entredicho el ejercicio de las competencias del señor Serrano, puesto que si bien tiene delegada en su persona la facultad de contratar y despedir al personal, en todo caso, la realización efectiva de la misma requiere de consulta preceptiva al Consejo de Administración de la EMT, un trámite que el señor Serrano ha obviado, tal y como ha hecho en ocasiones anteriores.


Este hecho vuelve a poner de manifiesto el desprecio del equipo de gobierno por el respeto a los derecho de los trabajadores, así como la nefasta gestión económica que se está llevado a cabo en materia de personal, hasta el punto de tener que sufrir de nuevo una sentencia que dicta los continuos incumplimientos del Ayuntamiento en materia laboral y la creciente suma de dinero a la que debe hacer frente las arcas municipales en concepto de indemnizaciones por despidos improcedentes.

Queremos recordar, que a esta sentencia debemos sumarle las recaídas sobre los casos de los siete conserjes de los colegios públicos, dos empleadas más de la misma EMT, y dos empleados que desempeñaban sus funciones como agentes de desarrollo local.

Para IU-Mérida resulta absolutamente lamentable que se practique un discurso de austeridad mientras a la par que se deben abonar cantidades sustanciales por vulnerar los derechos de los trabajadores que ponen en evidencia la solvencia del equipo de gobierno, y suponen un derroche difícilmente justificable.