Los abogados aseguran tener acreditados "malos tratos a los detenidos".
El equipo jurídico de las marchas por la Dignidad aseguró ayer que la violencia experimentada al finalizar la manifestación del 22 de marzo fue fruto de "un montaje de las cloacas del Estado que no podían abrir los telediarios con las marchas y de ahí las cargas policiales".
Rafael Escudero, miembro de la comisión coordinadora de las marchas,
manifestó "en nombre de la organización" que "el Gobierno utilizó un
montaje para que se hablase de la violencia. Ese circo nos lo montaron y
lo sufrimos", dijo al evaluar los episodios de enfrentamiento entre
grupos de personas y policías el 22M por la noche.
"Condenamos el lanzamiento de adoquines. Condenamos cualquier violencia.
También la policial", expresó Escudero. Y luego ha relatado lo que ha
calificado como "la cerilla que se prendió en un campo de cereal seco":
tres encapuchados que bajaron por la calle del Marqués de la Ensenada y
pusieron unos petardos frente al cordón policial.
La organización asegura que este "montaje" viene probado por "las
cargas policiales que hubo en la plaza de Colón a las 20:40, antes de
que acabara el acto". La comisión jurídica de este movimiento ha
recomendado a los organizadores que tomen medidas legales contra las
detenciones y el tratamiento posterior de los manifestantes. Escudero se
ha limitado a decir: "lo estamos estudiando".
Los abogados repiten: "¿Quién inicia esta violencia cuando la policía
podría haber contenido a los violentos de otra manera?" Estos letrados
dicen tener acreditado malos tratos a los 22 detenidos del 22M
mediante "trasladados en transporte público esposados, carreras con las
esposas puestas, cambios de temperatura de los calabozos, impedir ir al
baño en 24 horas, retraso en el acceso a medicación e incluso insultos
de policías de paisano a los familiares de los arrestados que acudieron a
la comisaría".
Así, los gestores de la marcha defienden que hay un "plan
preconcebido para desprestigiar el movimiento", crear una sensación de
peligro social y justificar la Ley de Seguridad Ciudadana.
Al lado de la coordinadora del 22M estaba Alba González, miembro del grupo de apoyo a Miguel, el detenido que permanece privado de libertad acusado de lesiones,
del que ha dicho: "No es violento, no tiene antecedentes penales, tiene
una pareja, un proyecto de futuro y hasta colabora con una ONG como es
la Cruz Roja".
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