La
construcción de la glorieta en el Polígono Industrial “El Prado” aprobada
durante el pasado mes de marzo con un coste superior a más de 240.000 euros
tiene como único propósito beneficiar a un empresario afin al PP que tiene
situado las instalaciones de su negocio en una ubicación a la que esta glorieta
presta servicio.
La
tramitación del procedimiento administrativo es completamente ilegal debido a
que en primer lugar el Ayuntamiento no dispone de la titularidad de los
terrenos sobres los que está realizando la obra, por lo que se quieren realizar
las actuaciones sobre la propiedad de un tercero; y segundo lugar porque el
Plan General de Ordenación Urbana califica estos terrenos como zonas verdes,
sin posible uso alternativo.
Estos
elementos ponen de manifiesto la voluntad de los responsables municipales y de
los gestores del procedimiento de vulnerara la legislación vigente en la
materia, con el propósito de acelerar la ejecución de la obra antes de que
finalice la legislatura.
Las
prisas con las que el gobierno municipal y los responsables políticos y
administrativos de la delegación de urbanismo han iniciado la ejecución de la
obra y la obviedad de los incumplimientos que hemos señalado nos llevan a
pensar que nos encontramos ante un caso de amiguismo o supuesta corrupción, por
el que el PP utiliza fondos públicos para satisfacer las necesidades de
empresarios afines a pesar de suponer una vulneración de la legislación
vigente.
El
amiguismo y la realización de este tipo de prácticas se han convertido en una
constante por parte del Partido Popular a lo largo de esta legislatura, de modo
y manera que el empleo de fondos públicos y la gestión del patrimonio público
municipal se emplea con el único propósito de beneficiar al PP y los individuos
que se sitúan en el entramado político y empresarial del Partido Popular.
Asimismo,
queremos resaltar que las ilegalidades cometidas por los responsables de la
delegación de urbanismo sólo son posibles debido a la complicidad de los
funcionarios que tramitan los expedientes.
Para
IU-Mérida, este tipo de prácticas suponen un ejemplo del nivel de degradación
al que ha llegado la política y la gestión de lo público durante la presente
legislatura que ahora termina, y que sólo podemos calificar como repugnantes,
tanto las prácticas, como a aquellos que las protagonizan.
Desde
IU-Mérida valoraremos la posibilidad de remitir la relación de los hechos
descritos a la fiscalía anticorrupción con el objeto de determinar las
responsabilidades que pudieran dilucidarse por estos hechos.
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