Mientras el pliego de condiciones establece que el número de trabajadores que la empresa debe mantener para el desempeño de estas funciones se cifra en 119 puestos, en la actualidad FCC tan sólo cuenta con 95 trabajadores en plantilla para la realización de estos trabajos, tal y como se deduce de los datos que obran en manos de IU-Mérida.
Esta situación se traduce en que el Ayuntamiento está abonando a la empresa mensualmente el importe de 24 nóminas de trabajadores que en la actualidad no están en plantilla, lo que evidentemente constituye un incumplimiento gravísimo del contrato, que además puede llegar a traducirse en responsabilidades penales tanto hacia los gestores de la empresa que están cobrando indebidamente los importes de las nóminas pertenecientes a los trabajadores que no existen en plantilla, así como para los responsables municipales competentes en el control y seguimiento de la correcta ejecución del contrato.
Para IU-Mérida, este es otro ejemplo de connivencia que existe entre el Partido Popular y las diferentes empresas concesionarias que actúan en nuestra ciudad, en la práctica de actuaciones absolutamente corruptas en las que los fondos públicos y el patrimonio municipal es utilizado por ambas partes en beneficio propio, sin que hasta ahora tengamos constancia de cual es el destino de los importes pagados en exceso por el Ayuntamiento.
Las dimensiones de la trama son de tal calibre que en ningún caso consideramos que los responsables del Partido Popular, con el Alcalde a la cabeza, puedan aducir desconocimiento, más aún cuando las autoridades municipales tienen la obligación de llevar a cabo el control y seguimiento de la correcta ejecución del contrato, hasta el punto en el que existe un empleado municipal designado expresamente como responsable para el cumplimiento de estas funciones recogidas en la legislación vigente.
Este hecho adquiere aún mayor gravedad desde el momento en el que el alcalde y candidato a la alcaldía por el PP ha sido informado por los trabajadores de esta circunstancia, sin que hasta la fecha se hayan adoptado ningún tipo de medidas al respecto para depurar las responsabilidades de diversa índole que pudieran deducirse de esta situación.
La diferencia entre el número de empleados que supuestamente desempeñan sus funciones en la prestación de estos servicios y el número real de trabajadores contratados, surge a partir de la sucesiva disminución de personal que se han producido debido a la jubilación de parte de la plantilla y a la extinción de diversos contratos de relevo vinculados a estos puestos.
Estos hechos sólo pueden explicarse a partir de la existencia de una trama corrupta al respecto en la que se encuentran involucrados tanto el Ayuntamiento como la empresa concesionaria del servicio.
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