“Todos
los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”
Artículo 128. Constitución Española.
“Toda la riqueza del
país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada
al interés general.”
“Se reconoce la
iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al
sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de
monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere
el interés general.”
Las entidades locales
carencen de competencias legales en materia de empleo. A pesar de ello, la superación del marco actual que mantiene a
más de 8.000 emeritenses sin trabajo la convierte en la principal preocupación
de cualquier equipo de gobierno dispuesto a asumir las riendas de nuestras
ciudad. En Izquierda Unida-Mérda, entendemos la economía como un instrumento que tiene como
único fin la administración racional de
recursos limitados para la consecución de un nivel óptimo de bienestar para los trabajadores y
trabajadoras. Para ello, la gestión pública de los servicios esenciales, la
protección del pequeño comercio y los autónomos, así como la potenciación de
las tareas vinculadas a la conservación medioambiental, la protección de
nuestro patrimonio histórico o el impulso de los servicios vinculados a la ley
de la dependencia, son los fundamentos prácticos sobre los que se articulan las
medidas que plantea IU como los ejes esenciales de su política económica para
la ciudad de Mérida, y entre las que
destaca la presentacion de un Plan de Trabajo Garantizado, como propuesta provisional para la situación de
emergencia social que sufre el panorama laboral de nuestra ciudad.
Una economía dirigida a la cohesión
social.
Desarrollaremos un Programa de Trabajo Social
Garantizado.
Realizaremos programas de empleo público
destinados a parados de larga duración y miembros de familias sin ingresos, o
en riesgo de exclusión social.
Crearemos “bolsas de empleo local” con
cláusulas sociales sensibles a las especiales dificultades y necesidades de
determinados colectivos, haciendo especial hincapié en las medidas destinadas a
las personas que más lo necesitan.
Apostaremos por la gestión municipal del servicio de recogida de basura,
tratamiento de residuos, limpieza viaria y conservación y mantenimiento de
zonas verdes.
Recuperaremos la gestión municipal de la limpieza
de los centros públicos del Ayuntamiento, una vez concluido el contrato
vigente.
Impulsaremos la gestión directa de los servicios
públicos desde el Ayuntamiento, con personal propio.
Evitaremos
las concesiones administrativas por períodos largos, que imposibilitan
controles municipales eficaces y se convierten en privatizaciones definitivas
encubiertas.
Prestaremos
avales a los proyectos cooperativos que se consideren social y económicamente
viables, como instrumento de fomento de la economía social.
Impulsaremos
el pequeño comercio como instrumento para la cohesión social y la creación de
empleo en nuestra ciudad.
Facilitaremos
apoyo técnico para la constitución de empresas de economía social. Promoveremos
el conocimiento de las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, y su
consolidación.
Promoveremos
el empleo dedicado a tareas medioambientales y el destinado a la conservación,
mantenimiento, restauración y catalogación de nuestro patrimonio histórico,
arqueológico y cultural.
Reordenaremos
el suelo del Polígono “El Prado” para la instalación de cooperativas, así como
un plan de mejora de las infraestructuras y mobiliario urbano del Polígono
Industrial.
Aseguraremos
la consecución del equilibrio territorial en las inversiones efectuadas en las
distintas barriadas, con el propósito de alcanzar niveles de bienestar y
equipamientos homogéneos en todas las zonas de nuestra ciudad.
La mejor política económica es la creación de
empleo.
Promoveremos
el empleo público vinculado a labores medioambientales, y de conservación de
nuestro patrimonio histórico y monumental.
Impulsaremos el empleo
directo con la extensión de los servicios relacionados con el desarrollo de la
ley de dependencia.
Crearemos talleres de inserción social y
formación profesional, especialmente dirigidos a las minorías, vecinos y vecinas residentes en las barriadas
más deterioradas de la ciudad.
Implantaremos Planes de Empleo Local que obvien criterios
de competitividad y adopten criterios objetivos de inserción social, como son:
bajos niveles de renta, falta de cualificación o experiencia profesional,
pertenencia a minorías étnicas o colectivos que sufran situaciones de exclusión
social.
Organizaremos
cursos de formación gratuitos destinados a empresarios que impulsen prácticas y
estrategias socialmente integradoras.
Desincentivaremos
la contratación a través de ETT´s, sobre todo en el ámbito del empleo juvenil.
Implantaremos
cursos de capacitación laboral y lingüística para los colectivos de
inmigrantes.
Una economía en defensa de los
autónomos.
Impulsaremos el pequeño comercio como instrumento
para la cohesión económica y social de los barrios.
Crearemos
un parque municipal de locales comerciales para su cesión en régimen de
alquiler a bajo precio para jóvenes y autónomos, especialmente en las zonas de
nueva construcción y de bajo desarrollo económico, o déficit en el de oferta de
bienes y servicios.
Incluiremos
la construcción de locales comerciales en la planta baja de todas las
promociones de VPO.
Introduciremos
cláusulas sociales en los procesos de contratación pública a favor de los
autónomos y las pequeñas empresas.
Apoyaremos
la creación de Cooperativas de Comercialización que permitan la agrupación de
la oferta frente a las grandes superficies y la venta directa a los
consumidores.
La práctica de una contratación pública coherente con nuestros
principios.
Revisaremos
los procedimientos de adjudicación, prestaciones y precios de servicios públicos privatizados, tales
como el servicio de agua y alcantarillado, la zona azul, el alumbrado público,
etc.
Aumentaremos las condiciones de las penalizaciones
de los contratos celebrados con empresas privadas hasta el 10% del precio anual
del contrato, que tengan su causa en incumplimientos graves de las condiciones
de ejecución de las prestaciones acordadas.
Garantizaremos el ejercicio de las funciones de
inspección y control sobre las empresas privadas que gestionen servicios
públicos para evitar irregularidades o situaciones de fraude o corrupción.
Incluiremos
mecanismos de valoración de las ofertas en términos de huella ecológica, o
vinculación entre los niveles de contaminación y la utilización de variables
como la distancia y los medios de transporte necesarios para la prestación del
servicio.
Introduciremos cláusulas en
los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de los contratos públicos
que favorezcan a las cooperativas y las empresas de economía social y a
aquellas que dispongan de un mayor porcentaje
de contratos laborales indefinidos entre sus plantilla de trabajadores.
Rechazaremos
la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y las concesiones
administrativas de empresas que los usen.
Impediremos la
adjudicación de contratos públicos a las empresas que no promuevan la
contratación laboral estable o que manifiesten comportamientos contrarios a los
derechos de los trabajadores.
Estableceremos
un Plan de Contratación Pública Verde, y sistemas de certificación
medioambiental, para garantizar que el
gasto público se ajusta a las exigencias que requiere la conservación del medio
ambiente.
Impediremos
la participación en los procesos de contratación pública de todas aquellas
empresas en las que se produzcan situaciones de discriminación salarial por
razón del género, raza, creencia, condición sexual o por cualquier otra
circunstancia personal o social.
Introduciremos cláusulas sociales en los procesos de
licitación para la adjudicación de servicios, obras, suministros o
asesoramiento a favor de las empresas que cuente en su plantilla con una
presencia femenina de al menos el 50%.
Fomentaremos la adjudicación de contratos públicos
para aquellas empresas, sociedades o cooperativas que empleen a personas con
capacidad física o psíquica reducida.
Restringiremos en
todo lo posible la utilización de la modalidad de procedimiento negociado sin
publicidad, como modalidad de adjudicación de contratos administrativos
públicos.
Diversificaremos la
composición de las mesas de contratación para ampliar los criterios de
adjudicación de los contratos públicos, introduciendo nuevas variables de
acuerdo con el objeto de la adjudicación.
Dotaremos de
mayor pluralidad a las mesas de contratación a la hora de determinar su
composición para evitar prácticas de “amiguismo” o “favoritismos” en la contratación de bienes, obras,
suministros o servicios por parte de la administración local.
Eliminaremos la participación de responsables
políticos en las mesas de contratación.
Rechazaremos la subcontratación en la ejecución de
concesiones administrativas y la ejecución de las prestaciones vinculadas a los
servicios públicos, que tan sólo provoca el aumento de la precariedad laboral,
la disminución de los salarios, y el debilitamiento de los mecanismos
administrativos de control sobre las condiciones y resultados de ejecución de
los servicios contratados.
Daremos
prioridad absoluta a
baremos de contratación que valoren la estabilidad en el empleo.
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