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Izquierda Unida-Mérida propone situar a la baja el tipo del IBI, desde el 0,7296 actual hasta el 0,70%, e incrementar la carga fiscal sobre los inmuebles con un valor más elevado, en los términos establecidos por la Ley de Haciendas Locales para compensar la pérdida de ingresos tras la aprobación de una nueva ponencia.

La modificación propuesta por el equipo de gobierno de aumentar el tipo hasta un 0,745% para compensar la pérdida de ingresos que supone la aprobación de una ponencia más acorde con el valor de los inmuebles situados en nuestra ciudad, supone validar las distintas medidas que tomó el PP en esta materia durante la pasada legislatura.

Esto supone que el PSOE acepta como necesarias las medidas del PP que han procurado dichos ingresos y frente a a las que se opusieron en todo momento.

El argumento por el cual mantener el actual tipo de gravamen no es factible debido a que supone un descenso de los ingresos supone dar el visto al nivel de presión fiscal que en su momento determinó el PP con el mismo argumento de mantener los ingresos necesarios para sufragar los gastos de la hacienda municipal.

En nuestra opinión, resulta mucho más práctico mantener bajar el IBI a la gran mayoría, subírselo a la minoría que disfrute de un patrimonio más valioso, y compensar la disminución de ingresos mediante un incremento del resto de los impuestos y tasas que debería recaer sobre las rentas más elevadas.

Debemos señalar que los ingresos en concepto de IBI en nuestra ciudad han aumentado en cerca de un 40%, desde los 10.597.035,02€ en 2011, hasta los 14.107.946,02€ que se esperan recaudar en 2015, una pauta que -antes como ahora- nos resulta absolutamente desproporcionada, sobre todo si tenemos en cuenta la evolución que durante este mismo periodo han sufrido el desempleo, los salarios o las pensiones.

Desde IU-Mérida entendemos que resulta más eficiente realizar una valoración global de los impuestos que deben pagar los ciudadanos, de cuánto han de pagar, y de quienes son los que deben aportar en mayor cuantía a las arcas municipales, en aplicación de criterios objetivos que garanticen que el mayor esfuerzo debe sostenerse sobre aquellos que disfrutan de mayores ingresos, en lugar de limitar el debate de los ingresos a un impuesto en particular, como en este caso ocurre con el IBI.

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