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Izquierda Unida-Mérida ha solicitado a los servicios municipales información sobre los pagos y los contratos que ha celebrado en Ayuntamiento con la empresa Atrium Abogados, puesto que creemos que hay indicios de posibles irregularidades en la tramitación de los diferentes procedimientos de adjudicación de servicios en los que ha participado durante los últimos años.

Desde inicios del mes de julio, el grupo municipal de IU-Mérida ha pedido información a la delegación de hacienda sobre este extremo, sin que hasta ahora hayamos obtenido respuesta por parte del equipo de gobierno, pese a que la documentación ya está preparada desde hace semanas.

La naturaleza e importe de los distintos contratos menores adjudicados a esta empresa nos lleva a pensar que se ha producido una fragmentación de los contratos para eludir la convocatoria de un concurso público (o de cualquier otro procedimiento) que hubiera permitido presentarse a otras empresas para optar a los servicios que demandaba el Ayuntamiento.

Fragmentar los contratos permite la adjudicación “a dedo” de servicios, debido a que no se supera la cifra límite de 18.000€ marcada por la legislación. Esta práctica está prohibida por la ley, ya que los suministros, obras o servicios de naturaleza similar deben contratarse mediante concurso público de un modo conjunto para evitar favoritismos en la adjudicación de los contratos.

El artículo 86.2 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público señala: “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.”.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, desde IU-Mérida exigimos al equipo de gobierno que haga efectivo el derecho a la información que nos concede la legislación y nos facilite la relación de pagos efectuados a favor de esta empresa, con la finalidad de aclarar las dudas existentes sobre las irregularidades que pudieran haberse cometido.

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