La delegación de personal del Ayuntamiento de Mérida publicó a última hora de la jornada de ayer las bases y el nombramiento del tribunal para la realización de unas pruebas selectivas que tendrán lugar durante el día de hoy, sin que ni siquiera transcurran 24 horas tras la publicación de las mismas.
La precipitación con la que se desarrolla el proceso, el método de selección empleado (la realización de una entrevista, o de una prueba práctica), e incluso las fechas elegidas para su celebración, nos empujan a pensar que el procedimiento podría incumplir las garantías de imparcialidad y objetividad que establece la legislación vigente y los mínimos exigibles de transparencia que exige una actuación de esta naturaleza.
La convocatoria de este proceso a raíz de las vacantes a tiempo parcial generadas por la prejubilación de personal municipal, presupone el conocimiento de tales circunstancias por parte del Ayuntamiento con la suficiente anticipación para haber evitado esta circunstancia, que según todos los indicios no se ha evitado, sino que se ha propiciado de una forma premeditada, a juzgar por la forma de actuar de la delegación de personal.
El hecho de que la pre-selección del proceso se haya efectuado a través del SEXPE, podría suponer una vulneración de la obligación legal de realizar este tipo de procesos mediante convocatoria pública, tal y como establece el Estatuto del Empleado Público y el Convenio laboral del Ayuntamiento de Mérida, sobre todo cuando no se ha anunciado previamente la realización de este proceso, lo que hubiera posibilitado la inscripción previa de personas interesadas en participar en el mismo.
Asimismo, la utilización de este método de preselección implica el incumplimiento de una de las promesas electorales del PSOE en campaña, que se comprometió a no utilizar este tipo de procedimientos.
Esta circunstancia limita las posibilidades de participar en el proceso a todos aquellos que por una causa u otra no se encuentren inscritos como desempleados, o lo estén en otras categorías, lo que genera una situación de desigualdad y de indefensión para aquellos que quisieran participar en el proceso y no reúnan los requisitos anteriores, que ninguna norma establece como obligatorios.
Por otra parte, la elección de la entrevista personal como método único para determinar al candidato más idóneo para cubrir los diferentes puestos, ha sido criticada tradicionalmente por Izquierda Unida, debido a que supone el método utilizado para seleccionar no a los mejor preparados, si no a los mejor recomendados, debido al elevado grado de discrecionalidad que puede llegar a suponer como único método de selección.
En definitiva, consideramos que tanto por los métodos, los tiempos, y los sistemas selectivos empleados, este proceso supone un campo abonado para la libre realización del amiguismo o clientelismo.
Por todo ello, desde IU-Mérida nos reservamos el derecho a impugnar este proceso selectivo en los próximos días, en virtud de las exigencias establecidas por la legislación vigente.
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