La realización de un proceso de pre-selección por parte del SEXPE vulnera el principio de igualdad en el acceso al empleo público, así como los principios de publicidad y de convocatoria pública, que marca el ordenamiento jurídico vigente en materia de selección de personal en el ámbito de las administraciones públicas.
Si bien este método de preselección se ha empleado en ocasiones anteriores, su utilización venía determinada por las normas dictadas por la Junta de Extremadura para el desarrollo de los procesos selectivos financiados desde la administración autonómica para la contratación de personal a favor de los Ayuntamientos de nuestra comunidad. Pero no en el caso de jubilaciones.
Por otra parte, el hecho de que el periodo transcurrido entre la publicación de las bases, el nombramiento de los miembros de los órganos de selección y el calendario de celebración de las pruebas no haya superado ni siquiera las 24 horas, así como la ausencia de difusión que se le ha dado a este proceso, pone de manifiesto la intención del equipo de gobierno de eludir los requisitos mínimos que impone el respeto de principios básicos como la transparencia -y la decencia- claro está.
En este sentido, las fechas en las que se ha desarrollado el proceso entre el 29 y el 30 de diciembre, viene a confirmar el deseo de los responsables del gobierno del PSOE de eludir cualquier tipo de consideración democrática, y acrecienta la sospecha de que el proceso de selección no es más que una farsa para regalar un puesto de trabajo a personas afines al equipo de gobierno, si no en todos, si en la mayoría de los casos.
La falta de relación entre la formación de los miembros de los tribunales y los conocimientos que debían valorar en cada uno de los procesos; o la utilización exclusiva de sistemas selectivos como la entrevista personal que favorecen la práctica del amiguismo y el enchufe, suponen indicios más que suficientes para sospechar de las intenciones de la delegación de personal a la hora de convocar este proceso.
Así debemos señalar que, al contrario que en otras ocasiones, el calendario y la normativa para la realización de este proceso de selección dependen únicamente de la voluntad de los responsables municipales, sin que en ningún caso sea obligatoria la participación de otras administraciones, por lo que no existen razones que permitan al gobierno de Osuna eludir su responsabilidad al respecto.
De nuevo el PSOE ha venido a adoptar las actuaciones y pautas que criticaba cuando el PP ostentaba el gobierno municipal, de modo que ahora se practica lo que en el pasado se criticaba.
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