La falta de voluntad de los firmantes del protocolo a la hora de llevarlo a la práctica convierte este compromiso en letra muerta, sin contenido ni una eficacia real.
La celebración de este protocolo, al margen de las dudas que genera como instrumento de garantía del derecho a la vivienda, no ha supuesto ningún tipo de cambio en la política de desahucios de la Junta de Extremadura.
Este protocolo reconoce la existencia de una mesa municipal con representación de los grupos municipales y de diferentes colectivos sociales, en ningún caso ha sido convocada desde que tuvo lugar su celebración; una circunstancias bastante llamativa, si tenemos en consideración que la funcionalidad de este protocolo es el fomento de la transparencia y la información en los procedimientos de desahucio promovidos por la Junta de Extremadura en viviendas de su propiedad.
Así, este protocolo atribuye expresamente a la mencionada mesa municipal diferentes funciones como las de: “Tener conocimiento de situaciones motivadoras de los lanzamientos que vaya a ejecutar la Junta de Extremadura en el municipio”, o incluso “Ser informada del desarrollo de los lanzamientos practicados en el municipio.”, extremos que hasta la fecha se han incumplido de forma sistemática.
La falta de implicación de los firmantes del protocolo en su cumplimiento llega al absurdo, desde el momento en el que el propio texto recoge: “Una vez resuelto el procedimiento (de desahucio), y antes de solicitar la autorización judicial para practicar el lanzamiento, la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo someterá el asunto a la (...) Mesa de Trabajo Municipal, con el fin de que pueda debatirse y valorarse las distintas causas motivadoras del lanzamiento y sus consecuencias.”.
Si bien la actividad del gobierno municipal ha recibido un mayor impulso en esta materia, lo cierto es que las soluciones adoptadas en esta materia desde el ayuntamiento carecen de elementos objetivos que garanticen su efectividad, como lo demuestra el hecho de que en multitud de ocasiones se ven reducidas al resultado de actuaciones fruto de la buena voluntad y la improvisación de empleados públicos o responsables políticos.
Finalmente, hechos como lo acontecidos durante el día de ayer, ponen de manifiesto que la solución a este problema requiere la adopción de medidas que garanticen una vivienda para todos aquellos que no puedan procurársela por sí mismos, más allá de declaraciones institucionales o iniciativas que aunque se aprueben en el pleno carecen del contenido necesario para afrontar este tipo situaciones.
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