Los responsables de la gestión del Hospital de Mérida tuvieron conocimiento de posibles incidencias en el sistema de climatización del hospital durante el pasado mes de febrero, en el que los técnicos avisaron de la posibilidad de futuras averías en el sistema eléctrico, que no fueron atendidas por los gestores hasta que tuvieron lugar las incidencias advertidas por los técnicos.
La gerencia del Hospital rehusó adoptar las medidas necesarias para evitar las averías debido a alto coste de las reparaciones sugeridas por el personal técnico, por lo que los perjuicios que en estos días sufren los pacientes, sus familiares y los profesionales que desarrollan su función en el hospital podrían haberse evitado sin los responsables de la gestión de este centro hospitalario hubieran adoptado las medidas necesarias para ello.
Así, el origen de la avería que ha provocado la interrupción en el funcionamiento del sistema de climatización se encuentran en un fallo en el sistema eléctrico del hospital, tal y como advirtieron los técnicos que ocurriría hace ya casi cuatro meses.
Por todo ello, las razones esbozadas por la gerencia del hospital que atribuye el retraso en el arreglo de las instalaciones a la necesidad de cumplir los requisitos del procedimiento legal carecen de credibilidad ya a que los plazos necesarios para su tramitación en ningún caso abarcarían el periodo comprendido entre febrero y la fecha en la que finalmente falló el sistema de climatización..
No obstante, la gerencia del hospital podrían haber recurrido a otros procedimientos todavía más flexibles como la adjudicación mediante procedimiento negociado con publicidad, concebido para “una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato.”, tal y como señala el artículo 170. e) de la Ley de Contratos del Sector Público.
Las razones expuestas por la gerencia que atribuye el retraso en el arreglo de las averías a las exigencias legales del procedimiento no tienen cabida, y suponen una manipulación flagrante, ya que la ley pone a disposición del gestor los elementos necesarios para afrontar diligentemente esta situación.
Por todo ello, desde IU-Mérida exigimos la apertura de un expediente informativo con el objeto de depurar las responsabilidades que se deriven de esta situación , cuyas consecuencias se traducen en un deterioro sensible de las condiciones de un servicio esencial como el que presta el hospital de Mérida, y que finalmente recae sobre los pacientes, sus familiares y los profesionales.
Finalmente, queremos resaltar que esta situación es fruto de la política de recortes que asola al conjunto de los servicios públicos, y que lejos de suponer cualquier atisbo de solución, suponen el principal problema para acometer servicios públicos de calidad, así como garantizar de un modo efectivo los derechos de las personas de nuestra ciudad, y de nuestra comunidad autónoma.
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