El proceso iniciado por el gobierno municipal para la privatización del Mercado de Calatrava ha obviado en su tramitación uno de los requisitos fundamentales en cualquier proceso de licitación, como es la disponibilidad del bien que sirve de objeto para la licitación.
La vigencia de las concesiones administrativas que permiten en la actualidad mantener su actividad a dos empresarios dentro del recinto del Mercado de Abastos pone manifiesto que el Ayuntamiento de Mérida no disfruta de la libertad necesaria de poder iniciar el proceso de licitación de este mercado, puesto que los derechos de concesión de estos dos empresarios niegan esa disponibilidad.
Según establece la normativa vigente, la licitación del mercado requiere como requisito inicial que se solvente la situación de estos dos empresarios que en su momento se negaron a pactar con el ayuntamiento la finalización de sus derechos concedidos por la administración municipal para disfrutar de la titularidad de un puesto en el mercado de abastos.
Tal y como ocurriera con los Kioscos de la Plaza España, el ayuntamiento ha vuelto a iniciar la licitación de un bien sobre el que recaen derechos de un tercero, y por lo tanto sobre los que no puede disponer, hasta que resuelva esa situación.
El hecho de que el equipo de gobierno vuelva a incurrir en la misma ilegalidad, y prácticamente en las mismas circunstancias, pone de manifiesto el desprecio del equipo de gobierno por la legislación vigente y los derechos de los comerciantes afectados.
De un modo u otro, el inicio de la licitación mientras se mantienen vigentes dos de las concesiones que desarrollan su actividad en el Mercado supone una vulneración flagrante de los derechos de concesión de estos y principios básicos de la contratación administrativa que el gobierno del PSOE ha decidido obviar conscientemente.
Foto del Mercado; Ayuntamiento de Mérida.
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