Lo que ahora toca es atender al proceso gestionado por el ayuntamiento para que sean otros los que gestionen este espacio. Y lo cierto es que apenas hemos comenzado, y el asunto no pinta bien.
El primer cometido del Ayuntamiento para llevar a cabo este proceso es la elaboración de un plan de viabilidad. La utilidad que le reserva la ley a esta figura es la de determinar la viabilidad económica de la iniciativa. Pues bien, según la documentación facilitada por el propio equipo de gobierno, la cifra que presumiblemente arrojará la diferencia entre los ingresos y gastos que obtendrá la empresa que se decida a gestionar el entuerto sería de unos 91.000€ al año. No parece mucho, sobre todo cuando para ganarlos primero debes realizar una obra valorada en 3.000.000€.
Pero por supuesto, cuando el Ayuntamiento de Mérida anda por medio , el asunto siempre puede ser peor. Y lo es, puesto que a esta cifra habría que restarle los 89.000€ que la empresa deberá abonar al Ayuntamiento todos los años en concepto de canon.
Es decir, según el documento que debe valorar la viabilidad del proyecto, el bienintencionado empresario que se anime a pujar por el mercado deben tener bien claro que sus beneficios anuales rondarán los ¡¡¡2.000 euros!!! 91.000 de ingresos netos, menos 89.000 que debe pagar todos los años al Ayuntamiento (salvo los tres primeros, ojo) ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco.
Con este panorama, se nos presentan tres opciones: o bien santificamos directamente a aquel que se atreva a quitarnos de en medio semejante desatino; o bien, no nos queda más remedio que poner en tela de juicio la solvencia del documento que ha de garantizar la solvencia del negocio. Lo que ustedes prefieran. Finalmente, tenemos una tercera opción que, a pesar de la luz que arrojan los datos nadie dentro del equipo de gobierno se ha molestado en valorar, que la siguiente: si el objeto de estudio de viabilidad es vislumbrar la solvencia económica del proyecto, y según parece 2.000 euros al año no garantiza esa solvencia, la única conclusión posible es que el proyecto no parece realizable, y por tanto no debe llevarse a cabo. Pues no, según parece ni siquiera el Ayuntamiento le da importancia a sus propios datos, y por tanto, seguimos adelante, con estudio de viabilidad o a pesar de él, que para el caso parece ser lo mismo. Pues eso, que empezamos mal. Pero no desesperen, pues todavía hay más.
Todos tenemos un talón de Aquíles, ya saben, esa pequeña debilidad que a todos nos convierte en vulnerables por más aguerridos que nos mostremos, y por supuesto, el Ayuntamiento de Mérida no es una excepción a esta regla universal. En su caso, la debilidad inconfesable se llama ordenamiento jurídico. Un término con el que lamentablemente nuestro equipo de gobierno no se encuentra demasiado familiarizado. Y es que a veces, la tozudez se muestra como una forma de vehemencia, y otras -como la que nos ocupa- se nos antoja como una expresión de torpeza. Seguro que a todos se nos ha pasado por la cabeza vender, o comprar algo, ceder, arrendar, alquilar, en fin disponer de lo que es nuestro; pero para eso únicamente es preciso un requisito: disfrutar de la plena disponibilidad de nuestra propiedad. Al Ayuntamietno de Mérida, y sobremanera a nuestro equipo de gobierno, se le antoja necesario disponer para el buen uso del mercado sacarlo a licitación para que otros lo gestionen, pero en el trasunto de como llevar a cabo la idea se le ha pasado por alto un pequeño detalle, que no dispone de aquello que quiere que gestione otro, y -o bien me equivoco-, o resulta que en estos momentos en los que el Ayuntamiento quiere adjudicar el mercado, resulta que dos empresarios emeritenses siguen teniendo en vigor su concesión para explotar un puesto en el mercado; y héteme aquí, que es cuando el ordenamiento jurídico hace acto de presencia en forma de un cosa que se llama Reglamento Bienes de las Entidades Locales, y héteme aquí, que de nuevo, otra vez, una vez más, el Ayuntamiento hace gala de su talón de Aquíles, y aunque el mencionado reglamento establezca expresamente que no se puede licitar algo sobre lo que no tengas plena disponibilidad, el Ayuntamiento, y el equipo de gobierno -que a lo mejor no sabe leer- actúa indiferente y continúa con su idea, aunque sea pisando los derechos de aquellos que todavía disfrutan de una concesión de un puesto en el mercado de Calatrava.
En una frase: no se puede licitar la rehabilitación y explotación del mercado, salvo que antes sacaran por los pelos a los comerciantes de allí. El PSOE lo sabe, pero le importa un carajo la ley, el reglamento y los comerciantes.
Pero como el Ayuntamiento es poco menos que una caja de sorpresas, ha decidido seguir poniendo a prueba nuestra capacidad de sorpresa -y lo ha conseguido- porque efectivamente hay más.
Según consta en los informes redactados por los técnicos municipales, la rehabilitación y explotación del mercado supone una operación que ronda los 22.000.0000 de euros, no está mal. Sí lo está. En primer lugar porque en principio lo que ahora son 22.000.000€ antes eran solo 3.000.000€, pero aún es peor, ya que en los mismos informes se señala que de los 22.000.0000€, una parte sustancial -unos 18.000.000€- corresponden al volumen de negocio que representa la privatización para aquel que se la meta en el bolsillo. Presumiblemente. Dicho esto, la pregunta que nos asalta inevitablemente es la siguiente: ¿cuál es el motivo por el que el Ayuntamiento reniega a gestionar un negocio de 18.000.000€? Yo no lo sé. Pregúntenle a su alcalde, que para eso está. No obstante yo insisto: no vamos bien.
Álvaro Vázquez Pinheiro
Portavoz Municipal IU Mérida
Articulo publicado en el periódico "Mérida y Comarca".
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