Algunos de los baremos utilizados hasta ahora, como son, la asignación de hasta 10 puntos “por situaciones excepcionales apreciadas objetivamente por la Comisión de Valoración” suponen una puerta abierta a la discrecionalidad en el proceso de selección, ya que dichas “situaciones excepcionales”, y su cuantificación, no se encuentran reguladas
Esta situación se convierte en decisiva desde el momento en el que en la inmensa mayoría de las ocasiones la aplicación de esta variable se convierte en el factor que determina el hecho de ser elegido o no dentro de este proceso de selección, lo que por otra parte viene a desvirtuar su carácter de aplicación “excepcional”
La modificación de las bases de la convocatoria en estos términos tiene como propósito garantizar que los mecanismos por los que se desarrolla en proceso no den lugar a la posibilidad de que se produzcan situaciones contrarias a la legislación vigente o a los derechos del conjunto de los aspirantes.
Así, desde IU-Merida proponemos la eliminación de este baremo con el objeto de eliminar los elementos que puedan dar lugar al cuestionamiento de la objetividad del proceso, y propicien una mayor transparencia objetividad en su desarrollo y resolución.
En este sentido, la eliminación del baremo al que hemos hecho mención debería sustituirse por la incorporación del tiempo en situación de desempleo que puedan acreditar los aspirantes, de modo que la situación de desempleado de larga duración no se limite a la condición de requisito para poder acceder al proceso, si no que se convierta en un baremo puntuable.
La cuantificación de las situaciones de desempleo de larga duración posibilita, en nuestra opinión, incrementar la congruencia entre la finalidad del proceso y las normas de su desarrollo, ya que entendemos que los parados de larga duración son los que en mayor medida deberían beneficiarse de este tipo de programas, siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos para poder participar en el proceso.
En definitiva, consideramos que estas modificaciones viene a mejorar la tramitación del proceso con arreglo a los principios de igualdad en el acceso al empleo público, la tiempo que incrementan la congruencia entre los fines que inspiran este tipo de planes y los resultados de su aplicación .
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