Hasta entonces, se ha aprovechado ahora para incluir diversas cuestiones importantes en la tramitación como proyecto de ley del decreto-ley redactado originalmente por el actual Gobierno -aprobado luego por la mayoría del Congreso- para dar cobertura jurídica a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Esta operación se ha retrasado desde el pasado verano ante las dificultades que ha puesto la familia del dictador, con el beneplácito de grupos como PP y Ciudadanos, que trata de que los restos mortales acaben en la cripta situada en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid.
En lo que tiene que ver con las exhumaciones, Unidos Podemos plantea que los restos tanto de Franco como del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera sean exhumados de la Basílica del Valle de los Caídos y sean sean ubicados en el emplazamiento de “carácter privado” que designen sus respectivas familias.
Para ello, el texto de la Ley de Memoria Histórica deje indicar que no podrán depositarse “en ningún caso en espacios de uso público o en lugares que por su singular ubicación, construcción o interés turístico puedan convertir el emplazamiento en lugar de conmemoración, homenaje o enaltecimiento de la dictadura, sus dirigentes o el fascismo”.
Si los familiares no facilitan la elección de un lugar con estas características, debe ser el Gobierno el que elija el sitio para la reinhumación. Además, en las enmiendas se detalla que tanto la exhumación como la reinhumación deberán hacerse en la intimidad familiar, sin honores fúnebres militares o celebración de ningún tipo de acto oficial o de carácter político.
Unidos Podemos plantea también que se atiendan todas las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares de las víctimas cuyos restos mortales se encuentran en la cripta de la basílica situada en Cuelgamuros.
Una comisión de perfil científico-técnico estudiará el estado en que se encuentran los restos -correspondientes a cerca de 30.000 personas- y decidirá qué carácter se le da al futuro emplazamiento de los mismos, respetando la aconfesionalidad del Estado y al conjunto de confesiones religiosas.
Las enmiendas acabadas hasta ahora por parte del grupo confederal recogen también la ampliación de las sanciones de carácter muy grave, en las que se incluye expresamente el incumplimiento de la obligación de exhumar a Franco y a Primo de Rivera en las condiciones previstas. También alcanzarían a quienes permitieran celebrar en locales o espacios públicos o privados abiertos al público actos que justifiquen los crímenes de la dictadura franquista, a sus responsables o se incite a la violencia y hostilidad contra las víctimas o colectivos vulnerables por cuestión de género, ideología, orientación sexual, origen étnico y nacional. Estas sanciones, además de multas, pueden acarrear el cierre o clausura de esos locales.
Para la resignificación de las instalaciones del Valle de los Caídos se propone abrir un concurso público internacional que cuente con la participación de víctimas y asociaciones. En las enmiendas se insiste en acabar con “toda expresión y connotación franquista”, desmantelar o demoler la gran cruz que lo preside y prohibir los actos de homenaje a quienes promovieron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y apoyaron el franquismo.
Unidos Podemos plantea también crear en el plazo de tres meses una Fiscalía especial para las desapariciones forzosas y la sustracción forzada de menores. Del mismo modo, se quiere dejar sin efecto jurídico alguno todos los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias instruidos por causas políticas en el Estado español por el régimen franquista desde el 17 de julio de 1936.
Se apunta también a la supresión de las condecoraciones y títulos nobiliarios a personas afines al régimen.
Un tema que ha preocupado especialmente a IU en la elaboración de las enmiendas ha sido que se incluya en la nueva redacción de la Ley de Memoria una disposición adicional para declarar nula parte de la Ley de Amnistía aprobada en 1977, concretamente aquellos apartados que amnistían los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público que investigaron causas políticas en la dictadura y, en general los que cometieron contra el ejercicio de los derechos de las personas.
Se establece que esos artículos nunca debieron ser interpretados por los tribunales como una amnistía respecto a crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos por funcionarios públicos. Como el Derecho internacional señala que todos ellos son inamnistiables e imprescriptibles, se plantea declarar nulos estos artículos y que se puedan investigar estos crímenes en los tribunales españoles.
Otra de las enmiendas persigue la denuncia y derogación del Concordato y los Acuerdos con la Santa Sede y su sustitución por un acuerdo bilateral con el Vaticano basado en los principios de laicidad e igualdad entre mujeres y hombres.
“España -plantea- no puede permitirse por más tiempo tener en vigor un acuerdo cuyo origen está en aquel firmado por una sanguinaria dictadura militar con el Estado del Vaticano”. El texto denuncia la colaboración de la Iglesia católica con la sublevación y el régimen, y pide el fin de los “beneficios y privilegios” mantenidos gracias a estos acuerdos pese a que la Constitución marca la aconfesionalidad del Estado.
Unidos Podemos incluye una disposición adicional para recuperar el Pazo de Meirás como patrimonio público, declarando la ilegitimidad y nulidad de su cesión a Francisco Franco, que lo utilizó como residencia de verano y luego pasó hasta el día de hoy a manos de sus herederos. Se busca recuperarlo y, mediante un convenio con el Ayuntamiento de Sada, se destine a actividades relacionadas con la memoria histórica.
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