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Izquierda Unida-Mérida califica de “cacicada” el proceso de selección vinculado a la implantación del Plan Experiencia en el ayuntamiento de Mérida, debido a la falta de transparencia sobre la aplicación de los criterios de clasificación de los aspirantes.

La publicación de las listas provisionales y definitivas por parte de la delegación de personal, por las que se determina las seleccionados en el Plan de Experiencia, no especifican el resultado de la aplicación concreta de los criterios de selección del mismo.

Así, según el contenido de las listas definitivas de seleccionados por cada una de los puestos de trabajo, resulta imposible averiguar cual es el criterio que determina el orden de prelación de los seleccionados, o incluso los motivos por los que unos aspirantes han resultados seleccionados y otros no.

Frente a la práctica, habitual y necesaria, de concretar la calificación obtenida por cada aspirante, (de 1 a 10, por ejemplo), las listas publicadas por la delegación personal se limitan a especificar el orden de prelación, sin criterio aparente de clasificación, y sin mencionar la calificación obtenida por cada uno de ellos.

De este modo, los aspirantes no seleccionados no disponen de elementos de juicio suficiente que les permita determinar cuales son los motivos por los que no han sido seleccionados, frente a aquellos que sí han superado el proceso.

A estos efectos, la falta de transparencia del equipo de gobierno supone un insulto a principios básicos –y de sentido común- que deben estar presentes en cualquier proceso de selección, como son la transparencia, la igualdad en el acceso al empleo, la objetividad, o la motivación de los resultados del proceso de selectivo, lo que supone el escenario perfecto para la seleccionar a los candidatos con total arbitrariedad por parte de la delegación de personal, con la consiguiente indefensión que esta situación provoca en las personas que han dedicado su tiempo y su interés a la participación en este proceso de selección.

En estos términos, el equipo de gobierno únicamente enumera una serie de requisitos en sus bases que son los de no disponer de experiencia laboral y el tiempo en situación de desempleo, sin que en ningún momento se pueda disponer de los elementos que permiten conocer su aplicación.

La arbitrariedad del equipo de gobierno llega hasta el punto en el que las normas que regulan el proceso permiten organizar pruebas selectivas para llevar a cabo el proceso, sin que el gobierno municipal se haya molestado en llevarlas a cabo.

Para IU-Mérida, el hecho de que un proceso selectivo se realice en estas condiciones, a puerta cerrada y sin explicar la aplicación concreta de criterios de selección establecidos supone una cacicada, y un desprecio absoluto hacia las personas que participan en estos procesos.

Desde aquí, queremos recodar a la delegada de personal que el ayuntamiento es una administración pública sujeta a las normas vigentes y no un cortijo del que pueda disponer a su antojo.

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