La interrupción de esta ayuda desde el mes de noviembre, y que inicialmente no se recuperará hasta el mes de febrero, coincide precisamente con el periodo del año en el que resulta más necesario, al coincidir con la bajada de las temperaturas propio del invierno, y que viene a agravar las situaciones de pobreza energética, agravada aún más -si cabe- debido al desmesurado incremento que ha sufrido el precio de la luz.
Esta situación se presenta más preocupante si se tiene en cuenta que el perfil de las personas que siguen utilizando el gas butano coincide en muchos casos con grupos de población con menores ingresos, de mayor edad -y por tanto, con menores ingresos, y que tiene como residencia viviendas más antiguas y peor equipadas frente a la baja de temperaturas.
Desde Unidas por Mérida, no alcanzamos a entender la interrupción de estos pagos en coincidencia con el periodo más frío del año, en un momento en el que el propio equipo de gobierno anunció un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a los mínimos vitales.
Así, resulta especialmente llamativo que el recorte introducido en una ayuda de tan escasa cuantía coincida con un periodo en el que el ayuntamiento ha hecho gala de la aplicación de partidas presupuestarias destinadas al incremento de la actividad comercial y de la programación de actividades navideña, mientras por otra parte se minora las ayudas a las familias en una situación económica más precaria.
A la espera de la explicación que deberá asumir el propio equipo de gobierno, la adopción de este tipo de decisiones pone de manifiesto un orden de prioridades que difícilmente puede ser compartido por la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y que carece de todo sentido de la responsabilidad y la empatía necesarias para ejercer las funciones propias de cualquier gobierno local.
Finalmente, pedimos al ayuntamiento que modifique los elementos que definen esta ayuda, puesto durante el periodo que ha estado vigente, el pago de las bombonas se realiza una vez que las personas beneficiarias justifican la adquisición de las mismas mediante factura, un requisito que dificulta su disfrute para las familias en situación de exclusión social.
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