La decisión de la Junta de Extremadura de cerrar el colegio público Juan XXIII ha coincido en el tiempo con la resolución adoptada por la Consejería de Educación y Empleo por la que se autoriza a la Cooperativa de Docentes San Juan Bosco a dotarse de una nueva línea de educación infantil, lo que pone de manifiesto la intención de la Junta de Extremadura de potenciar la educación privada sostenida con fondos públicos en detrimento de los centros educativos públicos.
Esta situación hace necesaria un posicionamiento de los representantes públicos que integran el pleno de la ciudad de Mérida sobre cuál es la situación actual del modelo educativo de nuestra región y del menosprecio realizado por parte de la consejería de educación hacia los centros que se encuentran bajo su propia dependencia.
El propósito de esta moción es el de exigir a la consejería de educación y empleo la continuidad del Colegio Público Juan XXIII, así como del resto de los centros públicos que desarrollan su actividad en nuestra ciudad, al tiempo que se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico sobre la situación de los conciertos educativos privados-concertados y la necesidad de su continuidad y justificación.
El cierre de este colegio, y la amenaza de cierre sobre otros más, tal y como apunta la propia consejería de educación, obvia la adopción de otras medidas que resultarían más adecuadas desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos, tales como pueden ser la redistribución del conjunto de los alumnos y las alumnas entre la totalidad de los centros educativos disponibles, la reducción de la ratio de alumnos por aula o la revisión del número de conciertos educativos vigentes con colegios privados en una ciudad como Mérida, que tiene en su términos municipal mayor número de colegios concertados que cualquier otra localidad de Extremadura.
En definitiva, la decisión de cierre del colegio Juan XXIII plantea la necesidad de abrir un debate sobre el papel que deben jugar los centros privados concertados en el modelo educativo de nuestra región y de nuestro país, y sobre cuál debe ser el orden de prioridades de una administración educativa más preocupada por fomentar la escuela concertada que con dotar de los medios necesarios para la consolidación de un modelo de educación pública, inclusiva y de calidad.
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