Las distintas actuaciones llevada a cabo por el Ayuntamiento y de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida suponen una acumulación sucesiva de incumplimientos de la normativa vigente que tienen como propósito eludir en la medida de lo posible las obligaciones que le impone la normativa en materia de estudio, investigación y conservación de nuestro patrimonio arqueológico.
La negativa del Ayuntamiento y del Consorcio de la Ciudad Monumental a revisar y corregir los incumplimientos y carencias del Proyecto licitado suponen un agresión al sentido común y al interés general de nuestra ciudad, ya que en lugar de aprovechar la única oportunidad posible para excavar una zona tan sensible desde el punto arqueológico, pretenden pasar de puntillas ante la posibilidad de sacar a la luz nuevos restos, que en cualquier otra localidad se convertirían en una prioridad para cualquier cargo público.
El hecho de que el promotor sea una administración pública y que la obra esté ubicada en plena zona de protección especial, es una buena muestra de la falta de escrúpulos que están demostrando el alcalde de la ciudad y los responsables del Consorcio, cuya actitud además de repugnante e irresponsable podría llegar a considerarse delictiva, si finalmente la obra se ejecuta en los términos contemplados en el proyecto.
Entre otras muchas consideraciones, el proyecto aprobado por el ayuntamiento no contempla la obligación de realizar intervenciones más allá de las propias de las comprobaciones que pudieran hacerse en cualquier otro punto de la ciudad, sin que se haya impuesto, ni al redactor del proyecto, ni a la empresa que tenga que ejecutarlo, la obligación de ejecutar excavaciones arqueológicas, en el sentido estricto.
A efectos de lo anterior, resulta especialmente significativo el silencio del ayuntamiento sobre la polémica que ha tenido lugar en las últimas semanas sobre el régimen de excavaciones aplicable a la obra, teniendo en cuenta que el promotor de la obra es el propio ayuntamiento, y que la obra se llevará cabo sobre un proyecto licitado, adjudicado y aprobado por la propia administración municipal.
El hecho por el cual las administraciones que deben tutelar el cumplimiento de la normativa sean precisamente las que protagonicen las actuaciones dirigidas a eludir la obligación de llevar a cabo las excavaciones necesarias para desvelar la entidad de los restos arqueológicos que pueden estar situadas bajo el convento, podría llevar a esta grupo municipal a considerar la posibilidad de elevar este asunto a otras instancias, más allá de las propiamente administrativas, con el propósito de vislumbrar las posibles responsabilidades de toda índole que pudieran deducirse este procedimiento.
Por todo ello, Unidas por Mérida ha decidido impugnar el procedimiento de adjudicación con el propósito de hacer valer la defensa de nuestro patrimonio arqueológico y el cumplimiento de la normativa vigente, así como intentar evitar la consecuencias de las actuaciones que se han producido en nuestra ciudad debido a la incapacidad de gestión del gobierno municipal, tal y como demuestran los episodios relativos al Mercado de Calatrava, convertido en uno de los iconos de la incompetencia de los distintos gobiernos que han dirigido la política de nuestra ciudad.
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