La intención del gobierno municipal de contratar a empresas privadas para la realización de actividades culturales que habitualmente se gestionan desde la delegación de cultura pone de manifiesto de la falta de confianza del equipo de gobierno en su propia capacidad de gestión y en el trabajo desempeñado por los empleados municipales adscritos a la delegación de cultura.
Desde Unidas por Mérida, nos preguntamos para qué cree el gobierno municipal que sirve una delegación municipal de cultural cuando buena parte de su actividad se contrata con empresas privadas, vaciando de contenido y actividad a esta delegación.
La privatización estas actividades supondrá una la duplicación de los gastos, pues a la suma del gasto de material y personal de la delegación de cultura habrá sumarle el gasto de 221.000€ por los mismos conceptos, esta vez para financiar los servicios prestados por empresas privadas que, sin lugar a dudas, puede realizar el ayuntamiento por sus propios medios, tal y como han venido realizando hasta la fecha.
Estas circunstancias ponen en tela de juicio de la legalidad de la licitación del contrato que el gobierno pretende adjudicar, debido a que la legislación impide la contratación de servicios que puedan desempeñar las administraciones públicas con sus propios medios. O dicho de otro modo, el requisito para la licitación de un servicio es la justificación de la inexistencia de medios materiales y de personal para ejecutarlos, algo que en este caso resulta difícilmente creíble.
En estos términos, resulta difícil que el gobierno municipal pueda justificar que carece de medios para organizar y coordinar la celebración, por ejemplo, de la feria del libro, cuando esta misma actividad ha sido gestionada y planificada por la delegación municipal de cultura desde hace décadas.
La privatización de la gestión de la actividad cultural en nuestra ciudad, supone la afirmación del PSOE, según la cual, para que la cultura se difunda con éxito, el requisito fundamental es desvincular a los propios responsables de gobierno municipal de la gestión de la actividad cultural que les compete. Es decir, el gobierno municipal no solo insulta la capacidad de los funcionarios públicos, sino que desprecia su propia capacidad de gestión.
La privatización de la actividad cultural de nuestra ciudad, se suma a la iniciativa que ya en su momento protagonizó la delegación de personal, que llegó incluso a pagar a una empresa privada para diseñar la planificación de la política de personal del ayuntamiento, por lo que la contratación de empresas privadas para la realización de actividades propias de los empleados municipales se ha convertido en una pauta.
Debemos señalar que la decisión del gobierno del PSOE supone la privatización de servicios que ni siquiera llegó a privatizar el PP, lo que resulta verdaderamente elocuente a la hora vislumbrar las verdaderas orientaciones y prioridades de este gobierno.
Finalmente, queremos señalar que las decisiones del PSOE convierten su discurso de defensa de lo público en una farsa, y únicamente consiguen alimentar la aceptación social de las políticas propias de PP y VOX que dice rechazar.
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