El hallazgo de restos arqueológicos pone encima de la mesa la pésima gestión de un gobierno que parece sorprendido por la existencia de restos romanos a poco más de treinta metros del Arco de Trajano.
Esta situación es producto del empeño del gobierno municipal y del Consorcio de la Ciudad Monumental en vulnerar las disposiciones establecidas en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida y de su clara intención de no llevar a cabo la evaluación y protección del patrimonio emeritense que le son propias.
Tal y como venimos señalando desde antes hace meses, el proyecto de la obra no incluye las intervenciones arqueológicas necesarias en caso de que se produjese un hallazgo arqueológico, como tampoco se contemplan en el expediente las partidas presupuestarias necesarias para acometer su coste, motivo por el cual se han tenido de suspender las obras.
El gobierno municipal debe explicar cuáles son los motivos que le empujaron a no contemplar en el proyecto inicial ni las excavaciones necesarias ni su presupuesto, para la realización de una obra situada en una zona que descansa sobre uno de los patrimonios arqueológicos más importantes y extensos del mundo, ya que lo lógico es que un gobierno con intención de realizar las excavaciones, las contemple en el proyecto.
Al igual que ha expresado el alcalde, desde Unidas por Mérida no entendemos el hallazgo como un problema; más bien al contrario, desde hace meses todas críticas y consideraciones que hemos realizado sobre esta obra han tenido como propósito la protección de los restos que –ineludiblemente- se sitúan en solar en el que se está realizando la obra, y que constituyen una oportunidad única para poder excavar y conocer una parcela de casi 3.000 metros el centro de una ciudad que alberga un patrimonio arqueológico que muchos querrían para sí.
Para Unidas por Mérida, el problema no son los restos arqueológicos, sino las decisiones de un gobierno que no sabe o -peor aún- no quiere hacer su trabajo. De un modo u otro, la situación actual de la obra se debe, o bien a la incompetencia del gobierno municipal, o bien a una intención eludir la obligación de realizar las excavaciones a las que les obliga la normativa vigente.
Las declaraciones de Osuna suponen una manipulación mayúscula ya que pretenden convertir la suspensión provocada por la mala gestión municipal en una evidencia de todo lo contrario. Todas las medidas necesarias para que no ocurriera se podrían haber contemplado en el proyecto inicial, y así plantear un proyecto que incluyese las excavaciones y su coste.
En estos términos, nos gustaría recordarle al gobierno municipal que el convento de las hermanas concepcionistas no es suyo, sino de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y que al igual que el resto de las personas que viven en Mérida, está obligado a cumplir con las disposiciones que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
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