El recorte ha dejado fuera a 2.126 alumnos y alumnas de la región, que deberán abonar un importe de 4,82 euros diarios para poder disfrutar de este servicio. Esta medida supondrá la asunción por parte de las familias de un gasto aproximado de 110 euros mensuales por hijo o hija, y, además, supone una limitación para el ejercicio efectivo del derecho a la conciliación laboral y familiar.
Esta medida pone de manifiesto la voluntad del gobierno de la Junta de Extremadura de imponer un modelo restrictivo de ciudadanía, que castiga a las familias. La coincidencia de esta medida con la aprobación por parte del ejecutivo regional de aplicar reducciones fiscales a los contribuyentes con mayores niveles de renta, pone de manifiesto las orientaciones ideológicas de un gobierno que lesiona los intereses de la clase trabajadora y de las clases medias en nuestra región.
En estos términos, debemos precisar que la eliminación de la gratuidad del servicio del comedor escolar supone un retroceso frente a lo dispuesto en los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, recogidos en la Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023, a través del apartado segundo de la disposición adicional primera. Tasas y Precios Públicos, en la que se establece la bonificación del 100% del Precio público por la prestación de servicios de comedor escolar (n.º código: 131144).
Por todo ello, y de acuerdo con lo expuesto, desde Unidas por Mérida hemos registrado una PROPOSICIÓN, para que el Pleno de la corporación del Ayuntamiento de Mérida, acuerde aprobar la creación de una beca por parte del Ayuntamiento de Mérida, que garantice la universalidad de los gastos de comedor en beneficio de los niños y niñas matriculados en los colegios públicos de la ciudad de Mérida para el curso 2023-24.
Así, además de paliar el atropello de la medida de recorte regional y aliviar la presión económica de las familias emeritenses, entendemos que, con esta medida de carácter urgente, el gobierno municipal podrá responder a las necesidades de conciliación laboral y familiar, solucionando una cuestión de derecho y atendiendo a la mejora de la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas.
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