La diversas sentencias recaídas sobre las posibles ilegalidades que se cometieron en la resolución de este proceso de oposición ponen en evidencia que la actuación de los miembros del tribunal vulneraró la legislación vigente, de un modo flagrante e intencionado, de donde se deduce que los miembros del órgano de selección que tramitó y resolvió el proceso selectivo incurrieron en un delito prevaricación, ya que el órgano de selección actuaba como autoridad pública.
En este sentido, desde Izquierda Unida-Mérida mostramos nuestra sorpresa con la tibieza que ha mostrado el equipo de gobierno ante unos hechos tan graves como los que nos ocupan.
En nuestra opinión, la tarea que debe realizar los responsables municipales en este momento es la de tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos y que se depuren las responsabilidades correspondientes, de otro modo el actual equipo de gobierno se convertiría en cómplice “a posteriori” de todo lo ocurrido.
Así, la necesidad de detectar todas las responsabilidades implicadas en este proceso se ve multiplicada por el franco deterioro que sufren las instituciones públicas por hechos como los descritos, con el consiguiente descrédito de las instituciones públicas y el aumento de la desafección de los ciudadanos hacia la política y a sus representantes.
Para IU-Mérida, sucesos como los que refleja la sentencia del TSJEx, son un claro ejemplo de la falta de transpariencia y las continuas irregularidades que caracterizan los procesos de acceso al empleo público en la administración local, en los que los criterios establecidos por la ley, como son la igualdad, la capacidad y el mérito, quedan relegados a un lugar secundario en beneficio del amiguismo y la lógica del enchufe.
Por último, cabe destacar la inaudita reacción del Partido Popular en este asunto, ya que en lugar de asumir su responsabilidad y mostrar su preocupación por lo ocurrido, se limita a lanzar balones fuera, en perjuicio de su imagen y su credibilidad.
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