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Izquierda Unida-Mérida considera que el segundo plan de ajuste anunciado por el Alcalde de Mérida pone en evidencia las incoherencias de la política fiscal del Ayuntamiento de Mérida.

La incapacidad del equipo de gobierno  para hacer frente a los gastos que genera el Ayuntamiento de Mérida es consecuencia directa de una política fiscal cuyo fin último es el de impedir el crecimiento electoral del PP, y que se ha basado en los últimos años en una rebaja de impuestos que limita gravemente la capacidad de la administración municipal para generar los recursos necesarios para el desarrollo de sus competencias.
En sentido debemos señalar que las medidas anunciadas en principio de por el equipo de gobierno suponen el aumento de los precios públicos de servicios municipales en los que el incremento del coste no tiene en consideración el nivel de ingresos de los usuarios.

En opinión de IU-Mérida, nos encontramos en una situación en la que aquellos que han provocado la disminución de los ingresos que recaudaba el Ayuntamiento ahora se lamentan de la dificultades económicas que sufre la administración local para hacer frente a sus gastos ordinarios.

Todo esto pone de relieve la falta de seriedad y rigor de la política fiscal del señor Calle, según el cuál la satisfacción de las necesidades de obtener ingresos por parte de la administración local se ve seriamente amenazada en el momento en el que disminuye la actividad económica en nuestra ciudad..

El deterioro de los distintos servicios públicos tiene también su traducción en el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados municipales, fruto de la supeditación de las necesidades de financiación de los servicios públicos a las prioridades electorales del PSOE.

Desde IU-Mérida, consideramos que las medidas de ajuste anunciadas por el equipo de gobierno ponen de manifiesto la insolvencia del modelo fiscal del equipo de gobierno, así como la irresponsabilidad fiscal del ejecutivo local.

Por todo ello, instamos al equipo de gobierno a que reconsidere su política fiscal y adopte como propios los principios de progresividad y equidad en el diseño de las obligaciones fiscales de los emeritenses.

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