Para IU-Mérida hechos como este viene a confirmar el posicionamiento del PSOE y del alcalde de Mérida como uno de los principales valedores del modelo de gestión privatizador que siempre ha defendido la derecha.
Debemos señalar que la progresiva privatización de los servicios públicos tiene como consecuencia la apropiación en manos privadas de los beneficios que genera la gestión de los servicios públicos, de los que debería disfrutar el Ayuntamiento, y que en momentos como estos serían de gran utilidad para mejorar la situación de la deuda que sufren las arcas municipales.
En nuestra opinión, la prórroga de la concesión sobre el servicio público de aguas durante otros cinco años más supone otra merma en la capacidad del Ayuntamiento para poder incidir en la evolución de la economía local, que con medidas como ésta, queda abandonada a los intereses particulares de las empresas privadas que tan sólo persiguen su propio beneficio.
La reducción de la presencia pública en la economía local ata de pies y manos al Ayuntamiento para poder tomar las medidas necesarias que vinculen la mejora de la situación economía local con la protección de los intereses generales.
La acuciante falta de recursos que sufre el Ayuntamiento tiene su origen en la privatación de los recursos públicos y la adopción de una política de reducción de impuestos que tan sólo persigue beneficios electorales, sin ninguna consideración hacia las necesidades de financiación que requiere la prestación de servicios públicos de calidad.
Por todo ello, entendemos que medidas como ésta suponen “pan para hoy y hambre para mañana”, puesto que implican la merma a medio plazo de los recursos de la administración local para hacer frente a sus necesidades, y la de los ciudadanos.
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